28 de Noviembre
de 2022
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Salario Básico Universal: los gremios analizan la medida en medio de la interna del Gobierno

09. 07. 2022

Sectores de la CGT estudian la propuesta, que motoriza el kirchnerismo y ya está en el Congreso. Las dos fracciones de la CTA, a favor de la propuesta.

La dirigencia gremial analiza el proyecto de Salario Básico Universal, una propuesta que gana terreno entre sectores del kirchnerismo pero que no es del todo bienvenida cerca del presidente Alberto Fernández, y que ya está en el Congreso para ser debatida.

La iniciativa presentada por legisladores del frente Patria Grande tiene el respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y aparece como una de las prioridades de estos sectores en la agenda inmediata, pero es resistida por el jefe de Estado ante de la dificultad para poder financiarla sin generar más inflación de la existente.

Si bien la idea no es nueva, ya que es parte de viejos pedidos de espacios como la CTA Autónoma, ahora se potencia por la crisis económica y social. En el mundo gremial hay cautela sobre la puesta en marcha, y esperan detalles concretos de la forma de implementarla, para dar su apoyo.

Algunos sindicatos, en especial los que forman parte de la CTA de los Trabajadores, ya adelantaron su respaldo, lo que le da volumen legislativo, ya que tiene varios diputados con mandato vigente.

La propuesta de Patria Grande pretende crear el llamado Salario Básico Universal, que se define como «una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto», y que alcanzará para establecer «una base de ingresos» para que los trabajadores puedan formarse o buscar nuevos empleos.

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El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A.

En el Congreso, la iniciativa fue formalmente presentada por Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del frente Patria Grande.

Los gremios están trabajando en su análisis. Hasta el momento, la CGT no se pronunció al respecto, y se nombró de forma lateral en la última cumbre de la mesa chica de la central obrera, luego del cambio de ministro de Economía.

Lo mismo pasa con otros espacios, como el de los sindicatos industriales. «La verdad que no tuvimos tiempo de conversarlo a fondo, la salida de (Martín) Guzmán generó un nuevo escenario que todavía estamos analizando», le dijo a Gestión Sindical un dirigente que forma parte de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA).

Este espacio, que lidera el titular de SMATA Ricardo Pignanelli. Cercanos al moyanismo, estos gremios ven con buenos ojos medidas como ésta, o la universalización de las asignaciones familiares, un reclamo de Pablo Moyano.

Respaldo

En tanto, entre los gremios que forman parte de las dos fracciones de la CTA la cuestión está más clara, y muestra su respaldo a la iniciativa. «Tanto de la CTA de los Trabajadores como de ATE Capital estamos a favor del proyecto para garantizar un piso de ingresos y todo aquel que sea parte de una política redistributiva que tenga que ver con el salario», sostuvo Juan Manuel Sueiro.

En diálogo con Gestión Sindical, el referente recalcó que en ambas entidades están «a favor de todo lo que tenga que ver con darle contención y capilaridad a la gran mayoría de la población porque ese entendemos debe ser el rol del Estado».

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«Nosotros estamos a favor de todo tipo de medida que tengan un anclaje en políticas estatales proactivas, así como fue la Asignación Universal por Hijo o las medidas que fueron surgiendo, tanto de asistencia como formación», insistió Sueiro.

En tanto, la CTA Autónoma planteó varias veces esta posibilidad, en especial cuando se reunió con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Incluso la central tiene desde años un proyecto propio, ideado por el economista Claudio Lozano y su Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Costos

Uno de los temas que más discusión genera es el costo fiscal que implicaría la medida. Desde Patria Grande difundieron algunas de las proyecciones que hacen respecto a esta cuestión. Según informaron, el costo fiscal bruto podría ascender a 1,8 por ciento del PBI.

Sin embargo, descontados los actuales programas sociales, que quedarían absorbidos por el salario universal, y en conjunto con el retorno fiscal de la política, podría descender a 0,7 por ciento del PBI, es decir, por encima de los 300 mil millones de pesos anuales.

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Los números que presentó el IPyPP son similares, aunque elaborados el año pasado. El informe presentado a las autoridades asegura que poniendo en marcha un salario universal se puede generar 4 millones de puestos de trabajo, con una inversión entre el 1,6 y 2,9 del PBI.

Según los cálculos que hace el equipo de Patria Grande, la población objetivo sería de 7.500.000 de personas, un número en línea con la cantidad de beneficiarios de Refuerzo de Ingresos otorgado este año.

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