01 de Mayo
de 2024
Actualidad.

La mejor paritaria: Milei les paga 76 millones de pesos indexados por inflación a los privatizadores del Banco Nación

23. 02. 2024

Es la cifra destinada a una consultora que se encargará del plan para convertir el Banco Nacion en Sociedad Anónima. Así, abonará hasta $72.000 la hora de trabajo de un abogado.

Finalmente parece que, a diferencia de lo que siempre repite Javier Milei, sí hay plata. Y mucha. El Gobierno nacional gastará nada menos que 76 millones de pesos, que además serán indexados por inflación, para avanzar en su idea de privatizar el Banco Nación.

La cifra está destinada a una consultora encabezada por Horacio Liendo, que se encargará de diseñar y avanzar en el proyecto para convertir al Banco Nacion en una Sociedad Anónima, que es el paso previo a la privatización

Y el gasto resulta más escandaloso si se toma en cuenta que, tomando esta cifra y el plazo previsto para el plan, el Ejecutivo nacional pagará hasta $72.000 la hora de trabajo de un abogado, un número obviamente muy superior a lo que es la remuneración media del golpeado mercado laboral.

Un gasto escandaloso

Hace exactamente dos semanas se supo que Federico Sturzenegger, el asesor extraoficial de Milei que no tiene ningún cargo en el gobierno, había instruido al Directorio del Banco Nación, sobre la transformación en una Sociedad Anónima.

Para ello buscaba ampararse en el DNU 70/23, que todavía no tuvo tratamiento en el Congreso y que ha recibido numerosas objeciones de distintos sectores ante la Justicia.

Ahora, el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, ya avanzó en la contratación de la multimillonaria consultoría al estudio jurídico Liendo y Asociados. 

El equipo de abogados al mando de la auditoría y puesta en marcha del plan estará encabezado por Horacio Liendo, considerado el padre de la convertibilidad de Domingo Cavallo en los años 90, quien será acompañado por Gustavo Liendo y otros tres profesionales.

Banco Nación, Sergio Palazzo
Sergio Palazzo presentará un proyecto para excluir al Banco Nación de los bienes estatales privatizables.

El objetivo es el de «brindar asistencia jurídica integral en la preparación de la documentación legal correspondiente y necesaria para llevar adelante el proceso de reestructuración del Banco Nación Argentina en Sociedad Anónima, ordenada en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23».

Números impactantes

La propuesta de Tillard es pagarle por el plazo de 150 días al estudio jurídico un total de $62.880.000 + IVA. Es decir, $76.084.800. El plazo, adicionalmente, puede ser prorrogable a disposición del Banco.

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En los números finos, el Nación le transferirá a Liendo y Asociados $120.000 la hora de trabajo de cada socio del Estudio, $72.000 la hora de trabajo de abogado senior, $24.000 la hora de trabajo de abogado junior y $20.000 la hora de trabajo del personal administrativo. 

Además, se especifica que los montos de referencia se actualizarán por CER, y deja abierta la chance de reembolsar gastos adicionales de viáticos que puedan surgir en el cumplimiento de la labor encomendada.

Un proyecto en defensa del Banco Nación

Entre las tareas de la consultoría se encuentran el análisis del marco normativo «Bases para la reconstrucción de la economía argentina», cuya ley finalmente no resultó aprobada por el Congreso de la Nación.

También el análisis del proceso de reforma del Estado de los 90; análisis de los procesos de transformación en Sociedad Anónima de otras instituciones; el análisis de una nueva estructura de capital y de Gobierno del Banco; el análisis de la posibilidad de tener mayorías accionarias especiales; y la chance de un programa de propiedad participada.

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La noticia se conoce luego de que La Bancaria haya encabezado una multitudinaria asamblea en la sede central del banco, que contó con el respaldo en pleno del triunvirato de la CGT y de las dos vertientes de la CTA.

Durante esa jornada Sergio Palazzo y Carlos Cisneros, ambos también diputados nacionales, informaron que presentarán un proyecto parlamentario para excluir al Banco Nación de los bienes estatales privatizables.

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