23 de Junio
de 2024
Actualidad.

DOTA desoye a la Justicia y avanza con sanciones contra choferes de colectivo que pararon el 9 de mayo

16. 05. 2024

Amparado en el suspendido capítulo laboral del DNU 70/23, el Grupo DOTA empezó a enviar cientos de notificaciones de sumarios.

Desoyendo una advertencia de la Justicia, el Grupo DOTA decidió sancionar a los choferes de colectivo que se adhirieron al paro general que convocó la CGT el 9 de mayo pasado. Para ello se ampara en el capítulo laboral del DNU 70/2023, aun cuando el Poder Judicial aclaró que esa parte del decreto de necesidad y urgencia dictado por Javier Milei se encuentra efectivamente suspendida.

En las últimas horas, desde el grupo dedicado al transporte automotor de pasajeros -uno de los más poderosos del AMBA, con cerca de 200 líneas- empezaron a salir cientos de correos con notificaciones de sumarios a sus choferes, que es el primer paso para luego sancionarlos.

El argumento es que no garantizaron un servicio mínimo durante el paro general del 9 de mayo, al que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhirió, aunque no lo hizo el sector que responde al procesado sindicalista Miguel Bustinduy, enfrentado a la conducción de Roberto Fernández y aliado de DOTA, ya que el propio grupo empresario impulsó su proyección gremial para pelearle el predominio a Fernández.

La argumentación del «servicio mínimo» podría tener sentido si rigiera el capítulo laboral del decreto presidencial que, en uno de sus artículos, declara al transporte como un servicio de «importancia trascendental», por lo cual los choferes estarían obligados a prestar el 50% de los servicios.

DOTA, Miguel Bustinduy
En el paro de enero, el sector sindical que lidera Miguel Bustinduy también apretó a los choferes.

Pero el mismo día de la huelga la Justicia ratificó que esa parte del DNU de Javier Milei no se encuentra vigente, justamente por un amparo presentado por Fernández. No obstante, el Grupo DOTA parece querer imponer sus propias normas laborales. 

La respuesta de la Justicia a DOTA

«En el supuesto caso que nuestro personal decidiera adherir a la medida de fuerza, lo intimamos a que lo haga resguardando una reprogramación de los diagramas de servicios que nos permita cumplir con dichas prestaciones mínimas», había avisado DOTA en la previa del paro general.

Ante eso, un fallo del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N°69 advirtió, a partir de una presentación de la UTA, que «las disposiciones del capítulo laboral del DNU 70/2023 se encuentran suspendidas en su aplicación para todos los trabajadores y empleadores del país a partir del 3 de enero de 2024″.

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Además, la Justicia dejó en claro que esa situación se mantendrá «hasta tanto recaiga sentencia definitiva» sobre el asunto en cuestión.

El fallo, además, pide ser comunicado a la Secretaría de Transporte «a fin de que se abstenga de aplicar a las empresas aquí accionantes cualquier tipo de sanción que estuviera fundada en el incumplimiento de actuar como agente de retención de los aportes sindicales a los que estaba convencionalmente obligada».

Por su parte, la UTA ya había fijado su posición en el momento, remarcando lo que luego avaló la esfera judicial. «No existe ninguna actividad considerada de importancia trascendental, por lo que eso que comunican (desde el Grupo DOTA) no tiene validez alguna», dijeron desde el gremio.

La cultura del apriete

El Grupo DOTA es un verdadero gigante del sector, ya que controla, tanto directa como indirectamente, a 180 líneas de colectivos que cubren más de 700 ramales. Y desde hace tiempo hace movidas políticas y económicas para influir, también, en la conducción de la UTA.

El sector de Bustinduy tiene peso en 77 empresas de las cuales 67 son de servicios de transporte automotor de pasajeros en tanto que otras seis se dedican directa o indirectamente a actividades relacionadas al transporte, y otras tres realizan otras actividades.

Bustinduy enfrenta, por otra parte, un procesamiento judicial en una causa que ya tiene elevación a juicio oral.

Allí deberá responder por la toma de la sede del gremio que un grupo que le respondía llevó a cabo el 16 de diciembre de 2019.

En esa ocasión resultaron golpeados empleados y empleadas de la institución, así como afilados que esperaban que los atendieran, y se constató el robo de mas de 10 electrodomésticos.

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Como fue señalado, esta forma de manejarse es habitual en el Grupo DOTA. De hecho, en enero pasado, en la previa a la otra medida de fuerza lanzada por la CGT, ya había apretado a sus trabajadores, amenazándolos con labrarles sumarios y descontarles el día. 

En aquella oportunidad finalmente no lo concretó, pero en este caso parece estar decidido a hacerlo, tal como lo indicaría el envío de las notificaciones de los sumarios.

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