Polémico desalojo en CABA deja sin trabajo a 200 recicladores urbanos y genera rechazo sindical
Cartoneros de CABA: una jueza falló en contra de Jorge Macri.
El Gobierno porteño efectuó el desalojo de un predio ubicado en Parque Avellaneda donde funcionaba una cooperativa de recuperadores urbanos y prescindió de personas que se desempeñaban en tareas de reciclado.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de agentes de Espacio Público y la Policía porteña, realizó el miércoles un operativo de desalojo en un predio de Parque Avellaneda donde funcionaba la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”. El procedimiento dejó a más de 200 trabajadores sin su fuente de ingresos y afectó al sistema de reciclado urbano porteño.
La cooperativa, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), llevaba más de una década ocupando el predio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, en la calle Ameghino 1035.
Un desalojo que se presentó como recuperación de espacio público
Los trabajadores cumplían funciones clave en la recuperación y reciclado de material urbano, con más de 100 toneladas mensuales de residuos reciclables que se procesan entre recuperadores urbanos, operarios y mecánicos.
Sin embargo, Jorge Macri, el alcalde, presentó la acción oficial como parte de una política de recuperación de espacios públicos y ordenamiento territorial.
Acusó a la organización de “usurpación” del predio. Y afirmó que la propiedad fue “liberada” tras una supuesta ocupación irregular.
De hecho, la gestión amarilla ya habló en varias ocasiones de ponerle fin a los “privilegios” de cooperativas vinculadas a organizaciones sociales -especialmente aquellas asociadas al dirigente Juan Grabois-, según lo expresó el propio Macri.
En este marco, la administración porteña ya había interrumpido el financiamiento al traslado de recuperadores urbanos, con la modificación del esquema de apoyo a las cooperativas en reclamos previos.
Lógicamente, el hecho desencadenó reacciones sindicales que repudiaron el accionar de las autoridades del PRO y argumentaron que esto lleva a la precarización de un sector cruzado por la informalidad. Y al mismo tiempo golpea a cientos de trabajadores en medio de un contexto económico y social complejo.
Voceros del MTE señalaron que el predio había sido otorgado por el propio Gobierno porteño hace más de 15 años y que el desalojo no solo elimina fuentes de trabajo. Además pone en «riesgo una parte fundamental del sistema de recuperación de residuos textiles y urbanos».
En esa línea, no descartaron medidas de fuerza concretas en los próximos días para visibilizar lo que sucede.
Los antecedentes del desalojo
Este reclamo de los empleados de cooperativas no es aislado: en noviembre pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital, cuyo jefe es Daniel Catalano, encaró movilizaciones para pedir la reapertura de paritarias.
El pedido incluyó marchas al ministerio de Hacienda porteño pero que no tuvieron efecto: la administración de Macri no hizo concesiones.
«Mientras la crisis económica avanza, el propio gobierno empobrece y precariza a sus trabajadores. Miles de laburantes siguen sin llegar a fin de mes, endeudándose y aguantando una situación insostenible de precarización. Necesitamos respuestas inmediatas», señalaron desde la organización sindical.
Entre las exigencias, aparecieron un aumento de la suma fija a $250.000 para compensar la inflación, elevación del piso salarial para trabajadores monotributistas y la eximición del Impuesto a los Ingresos Brutos. También pase a planta permanente para el personal precarizado y la apertura de vacantes e ingreso de personal para garantizar el “normal funcionamiento” de los servicios.
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