19 de Abril
de 2024
Actualidad.

Movimientos sociales preparan más protestas, frente a un Gobierno que busca vaciarlos de poder

04. 03. 2024

Tras la polémica por el Potenciar Trabajo, esta semana el Gobierno oficializará la eliminación de las Unidades de Gestión con las cuales los movimientos sociales controlan el funcionamiento de los planes.

Luego de la polémica generada por la eliminación del programa Potenciar Trabajo, ahora el Gobierno nacional de Javier Milei anunció que esta semana oficializará la quita de los intermediarios de los planes sociales, frente a lo cual los movimientos sociales ya preparan protestas.

La idea del Ejecutivo es concretar la disolución de las 300 Unidades de Gestión, que, según fuentes oficiales, le cuestan al Estado alrededor de 34 millones de dólares al año.

Hasta ahora, estas unidades se encargan de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplan con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.

Ante eso, las organizaciones podrían definir ya este martes una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes y, puntualmente, por esta noticia que se conoció en las últimas horas.

Movimientos sociales y «un anuncio rimbombante»

«Todavía no especifican bajo qué condiciones se dará. Por ahora es un anuncio rimbombante para volver a acusar a las organizaciones», dijo Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que forma parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). 

Para el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, los movimientos sociales son los "gerentes de la pobreza".
Para el ministerio de Sandra Pettovello, los movimientos sociales son los «gerentes de la pobreza».

Además, en declaraciones a La Nación contó que «las Unidades de Gestión lo que hacían era organizar el trabajo de los beneficiarios para que puedan cumplir con sus organizaciones. Siempre que se anunció un empalme, dijimos: nuestros compañeros trabajan, y el salario complementa. el problema es que no hay empleo para los compañeros».

Y remarcó que «el problema no está en el Potenciar Trabajo o el trabajo cooperativo. El problema está en el mercado laboral formal, que no ofrece trabajo». 

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Por eso Caropresi pidió que «si ellos (por el Gobierno) creen que esa política estaba siendo malversada, que vayan, trabajen, auditen y denuncien. A lo sumo hay que mejorar el Potenciar Trabajo. Lo que se quiere es vaciar las políticas públicas. Denuncian públicamente, pero no en la Justicia».

El Ejecutivo anunció la semana pasada la eliminación del programa Potenciar Trabajo y el lanzamiento, en su lugar, de otros dos planes sociales denominados «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social» pero sin especificar qué universo abarcarían estos nuevos planes y dando a entender que el presupuesto sería mucho menor.

El Estado contra las organizaciones sociales

En la decisión, las mayores críticas de las fuentes oficiales estuvieron orientadas hacia las Unidades de Gestión, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios. 

«Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el Plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad», explicaron desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para justificar la decisión de eliminar las Unidades.

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Y apuntaron que estas áreas «encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan ‘gerentes de la pobreza´, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática».

Este mecanismo, consideraron, «lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia».

Además, agregaron que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de 34 millones de dólares”.

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