27 de Abril
de 2024
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Los Moyano apuntaron a la AFI, denunciaron «un nuevo lawfare» y presentaron chats como prueba

10. 05. 2022

Los camioneros acusaron a agentes de inteligencia de armar la causa que mantiene en prisión a dos dirigentes de la filial de San Nicolás del gremio.

Hugo y Pablo Moyano brindaron una conferencia de prensa en la cual denunciaron «una nueva operación de lawfare», esta vez en la causa que mantiene detenidos a dos dirigentes de Camioneros en San Nicolás por un bloqueo.

Los sindicalistas, acompañados por el abogado Javier Moral, enumeraron una serie de irregularidades en el proceso judicial y la detención de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por bloqueos a una distribuidora en San Pedro.

Hay que recordar que ambos están presos desde el 8 de abril, acusados de «extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico», luego de ser denunciados por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos que lidera Florencia Arietto, integrante de Juntos por el Cambio.

Durante la conferencia fue Moral, el abogado que representa al sindicato de Camioneros, quien se ocupó de detallar el proceso judicial y los alcances de la investigación que llevaron adelante.

Las maniobras denunciadas por Camioneros

En su exposición aseguró que la causa es una «nueva operación de lawfare» y aseguró que la fiscalía que pidió la prisión preventiva para los acusados ocultó parte del expediente a la defensa.

Una parte de los chats que Javier Moral, el abogado de Camioneros, presentó como prueba.
Una parte de los chats que Javier Moral, el abogado de Camioneros, presentó como prueba.

El letrado dijo que se descubrieron «tareas de inteligencia para producir una causa contra el gremio» y afirmó que la información ocultada involucraría al denunciante Gustavo Javier Rey, propietario de la Distribuidora Rey, por coimas.

En concreto, habló de un informante, identificado como Francisco Sturm, que cobró dinero por aportar datos contra la filial de San Nicolás del gremio.

También señaló que las pruebas que el denunciante recibió de manera confidencial y aportó a la causa «jamás fueron informadas a la defensa, ni anexadas a los expedientes como corresponde a todo proceso».

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Y precisó que en la charla también se menciona la presencia de un periodista del periodista Luis Majul, de La Nación+, como pata mediática de la maniobra.

Además, durante la conferencia de prensa realizada en el gremio porteño de los Moyano, el abogado mostró los chats entre el informante y el empresario que desnudarían la estrategia utilizada para el armado de la causa contra Cabaleyro y Espíndola.

«Hay pruebas de tareas de inteligencia que le vende información al denunciante», aseguró Moral, quien sostuvo que también «se violó la garantía de la defensa del juicio».

Para Hugo Moyano, todo es «una maniobra judicial»

Por su parte, Hugo Moyano también afirmó de manera contundente que «este procedimiento es una clara causa de lawfare», y acusó a la Justicia de trabajar en connivencia con «intereses políticos» para «perseguir» al gremio.

Y, sin titubeos, señaló: «Hubo coima, el tipo pagaba para que le pasen informes y metan preso a estos dos compañeros».

Para el gremialista, «todo lo que nos viene pasando, y le pasa a la dirigencia gremial en general y a los trabajadores en particular, es una maniobra judicial».

Pero, en una declaración con la que buscó demostrarse firme, aseguró que «con operaciones de Gestapo no nos van a doblegar por más que inventen lo que inventen». Y dijo que «estos antecedentes los ponen en evidencia».

Mientras tanto, ayer también se conoció que la situación de Cabaleyro y Espíndola se volvió más compleja, ya que la fiscalía pidió la prisión preventiva para ambos.

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El planteo de María del Valle Viviani, sobre el cual deberá decidir la jueza María Eugenia Maiztegui, está basado en que considera que los detenidos podrían entorpecer la investigación.

Además, los allanamientos que se realizaron la semana pasada en la sede del sindicato de Camioneros, en el barrio de Constitución, agravaron la situación de los dos gremialistas nicoleños.

A partir de la documentación encontrada la acusación se amplió de «turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción» a «extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico».

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