Contra lo que dice la OIT, el PRO desempolvó un proyecto de ley para que la educación sea servicio esencial
Luego de que la iniciativa se caiga en el DNU de Javier Milei, el PRO insiste en que la educación se declare como servicio esencial para evitar paros.
Para limitar la acción sindical de los gremios docentes, llevaron al Congreso un proyecto sobre la esencialidad de la educación que ya había ingresado en 2022 sin éxito.
Una de las obsesiones de la gestión de Javier Milei es convertir a la educación en servicio esencial. Y tiene aliados: tras el rechazo original de la Ley Omníbus en la que se incluía el proyecto, y ahora con la ley puesta nuevamente sen debate, el PRO, a través de Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, aprovechó para instalar otra vez el asunto que busca minimizar los efectos de cualquier paro docente.
En ese sentido, los diputados nacionales Ritondo y Finocchiaro presentaron un nuevo proyecto de ley que pide declarar esencial la educación.
El artículo 1 del proyecto habla de «Declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo».
El texto choca con el punto de vista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ya en ocasiones anteriores consideró que la educación no cumple con las condiciones para ser tomada como un servicio esencial.
También, en cierto modo, con el plan económico del Gobierno que, lejos de sostener con un mayor financiamiento al sistema educativo, desde el día uno le retacea fondos.
La obsesión de Finocchiaro
En rigor, el proyecto no es nuevo. Finocchiaro ya lo presentó bajo el nombre de «Ley de Continuidad del Aprendizaje y Derechos que Protege la Escuela» en mayo de 2022, sin éxito.
Este proyecto del ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri tiene 16 artículos que, entre otras cosas, establecen «un sistema de guardias mínimas que comprenda al 50% de la dotación del equipo docente, auxiliar y directivo» en caso de huelga.
El proyecto también indica que cada institución educativa deberá armar la nómina del personal docente y no docente afectado al servicio de guardias, y que quienes estén afectados no tendrán derecho a huelga ni podrán justificar una eventual inasistencia.
El articulado no se mete, más allá de consideraciones generales, con el financiamiento educativo ni establece pautas mínimas en ese sentido.
«Es importante volver a insistir con esta iniciativa» porque procura garantizar el derecho a la educación frente a la prolongación de medidas de fuerza, sobre todo en algunas provincias que han tenido conflictos docentes muy largos en los últimos años» , destacó Cristian Ritondo al respecto.
Y agregó: «El sistema de educación obligatoria nacional -desde nivel inicial hasta la secundaria- debe pasar a ser considerado un servicio esencial como son los hospitales y la seguridad, por ejemplo».
Qué dice la OIT sobre la educación
La OIT determina que existen «servicios esenciales para la comunidad y que en esos caso «el derecho de huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de prohibiciones».
En efecto, en 1983 determinó que esos servicios se tratan de aquellos que, a través de su interrupción, puedan «poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población».
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Para el Comité los servicios esenciales en sentido estricto son: el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo, entre otros.
Aunque esos servicios no conformen una enumeración exhaustiva, la OIT sí determinó cuáles son los servicios que en general no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del derecho de huelga. Y la educación está incluída en esa lista.
Otro proyecto, sin esencialidad
Previo a la propuesta de los legisladores del PRO, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Maximiliano Ferraro había presentado el proyecto de ley «Acciones prioritarias para la equidad y calidad educativa».
Este nuevo proyecto estaba dividido en siete puntos y declaraba «la emergencia educativa y establecer acciones prioritarias para alcanzar en 2024/30».
Entre otros puntos, Ferraro propone «legislar la obligatoriedad de impartir 190 días de clases en todas las instituciones educativas del país y en todos los niveles» y prevenir la deserción escolar con un «Sistema de Alerta Temprana».
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