La UTEP le reclama a Mario Lugones que no cierre un programa contra adicciones.
La Fesprosa responsabilizó al ministro por las, hasta ahora, 97 muertes por el fentanilo, y también por otras 60 a causa de la falta de medicamentos oncológicos.
La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) apuntó con todo contra el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien responsabilizó por los 97 fallecimientos que hasta este viernes se contaban a causa del fentanilo contaminado, y de otros 60 decesos causados por las demoras en la entrega de medicamentos oncológicos de alto costo.
A través de un comunicado de prensa, el gremio lo acusó de ser responsable de «157 muertes evitables» y exigió la renuncia inmediata del ministro.
La crisis del fentanilo contaminado, calificada como “la más grave relacionada con medicamentos en la historia argentina”, ya ha dejado casi un centenar de víctimas. Y desde el sector denuncian que el Estado no asumió responsabilidades, y que Lugones ni siquiera se ha pronunciado públicamente al respecto.
El fentanilo y la indiferencia del Gobierno nacional
En el marco de esta situación, remarcó la Fesprosa, “aparece mencionado un empresario con antecedentes penales y denuncias laborales por incumplir normas de bioseguridad y fabricación”.
La clara referencia es a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group, laboratorio responsable de la producción del fentanilo contaminado. Se trata de un empresario que estuvo dos años y siete meses presos en la Unidad 9 de La Plata por intento de homicidio. De hecho, se recibió de abogado en el presidio.
“El caso cuenta con 24 personas imputadas, pero hasta el momento no se registran detenciones. Los familiares de las víctimas exigen justicia y reparación, asegurando que no han sido escuchados por autoridades nacionales”, añadió la Federación.
El Congreso aprobó un pedido de informes
Por otro lado, la organización sindical de los médicos recordó que en 2024 acompañó judicialmente el reclamo de pacientes oncológicos por la falta de entrega de medicamentos a cargo de la Dirección de Ayudas Especiales (DADSE), organismo que fue disuelto por el Gobierno el 31 de diciembre.
Según los denunciantes, al menos 60 personas fallecieron por la demora en la provisión de los fármacos.
Las críticas hacia Lugones, y también hacia la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, incluyen recortes de personal en hospitales como el Posadas, Sommer y Bonaparte, así como medidas que, según los denunciantes, afectan al hospital pediátrico Garrahan.
Garrahan, Conicet y docentes universitarios articulan una gran movilización conjunta
El texto difundido exige una investigación parlamentaria con amplias facultades para determinar las responsabilidades en ambos episodios de Lugones, Pettovello y el ex ministro de Salud, Mario Russo.
El Congreso dio un primer paso al aprobar un pedido de informes, pero los impulsores del reclamo sostienen que se necesita una comisión especial para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades políticas y penales.
Sturzenegger y la ANMAT
En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, decidió endilgarle la responsabilidad a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), acusando al organismo de “kirchnerista”.
Como única respuesta ante la catástrofe sanitaria, a tono con el tipo de políticas que promueve en todos los ámbitos, Sturzenegger propuso de forma insólita la disolución de la ANMAT y que sean los particulares -pacientes y médicos- quienes se encarguen de controlar si los medicamentos que se aplican están o no en condiciones.
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