26 de Abril
de 2024
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Empresa pesquera denunció que por presiones sindicales debió cerrar: Camioneros no es el gremio apuntado

14. 07. 2022

La firma ubicada en Chubut acusó al Sindicato de la Industria de la Alimentación de bloquear el acceso e impedir la llegada de materia prima.

Una empresa pesquera ubicada en la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut, denunció que debió cerrar sus puertas a causa de presiones sindicales, motivo por el cual tuvo que despedir a 300 trabajadores.

Sin dudarlo, la firma FyR SA responsabilizó directamente al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) por bloquear el acceso a las instalaciones, lo que le produjo una falta de abastecimiento de materia prima.

A través de un comunicado de prensa que se difundió en los medios locales, la compañía confirmó el cese de sus actividades y el inicio del proceso de desvinculación de sus empleados. Y aseguro que «hemos llegado a una situación límite en que nos es imposible continuar».

Actualmente la PyME pesquera contaba con un solo cliente. Pero, además, y de acuerdo a lo señalado por sus dueños, se produjo un hecho particular que complicó aún más su continuidad.

Las consecuencias de las presiones sindicales

FyR SA está preparada para funcionar con 35 empleados. Pero también por las presiones sindicales se vio obligada a sumar 300 trabajadores. Eso, sumado a la crisis económica en la que se encuentra el país y al bloqueo que sufrió, generó un combo imposible de superar.

«La empresa puede funcionar con 35 empleados, pero por presiones del sindicato actualmente cuenta con 300 empleados fijos con contrato por tiempo indeterminado, con una antigüedad que va de 1 a 12 años», precisó Tamara Heintz, la apoderada de la empresa.

La compañía estaba preparada para funcionar con 35 empleados, pero había sumado 300, dijeron, por presión del STIA.
La compañía estaba preparada para funcionar con 35 empleados, pero había sumado 300, dijeron, por presión del STIA.

Y agregó: «No hemos podido tener continuidad en el abastecimiento. Es imposible sostener la planta sin materia prima garantizada».

También lamentó que «ha sido un año complicado para todos, pero las empresas grandes tienen materia prima en forma constante. En cambio, en las pesqueras chicas, con este esquema de retroceso y con los costos de producción elevados y la caída del precio de los productos, sumado a la falta de permisos de pesca, la situación no es sustentable».

Además, explicó que «sumado a los constantes bloqueos de la planta, incluido el último que hizo que se echara a perder toda la mercadería, se fueron acumulando deudas y llegamos a esta instancia de tener que decidir cerrar».

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Por último, Heintz advirtió que «lamentablemente no somos los únicos en esta situación. Hay otras plantas chicas que también están al límite de la subsistencia».

En el comunicado de prensa, la firma también explicó que buscó «alternativas de hacer otros productos. Intentamos ir a la merluza, inclusive trayéndola de Santa Cruz, con los costos que eso implica. Pero sin mercadería garantizada para procesar, a las plantas chicas nos es inviable».

La empresa elevó el comunicado a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Pesca, al Sindicato y al intendente de Rawson, anunciando el cese de actividades y la desvinculación de sus empleados.

El cruce entre las partes por una deuda salarial

Respecto justamente a la situación de los trabajadores, la firma mantiene una demora en el pago de la última quincena que está «intentando por todos los medios abonarla».

Por este motivo, el lunes de esta semana 280 empleados se manifestaron en las puertas de las instalaciones.

Sobre este punto se expresó un delegado del STIA en declaraciones al portal Mil Patagonias, asegurando que «nosotros para alivianar fuimos tratando bajo acuerdos este conflicto de liquidación. Pidieron tiempo, se lo dimos y nunca cumplieron».

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Y señaló que «buscamos el diálogo y lastimosamente no hubo respuestas. La gente trabajó y necesita que le paguen».

Por su parte, desde FyR SA, para explicar la situación límite que atraviesan, indicaron que «enviaremos los telegramas de despido, y tal vez debamos vender algunos activos para hacer frente a las indemnizaciones de los empleados».

Como la planta de procesamiento cuenta con las habilitaciones y certificados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), ahora volverá a ser ofrecida en alquiler a empresarios que tengan barcos con permisos de pesca, que es la condición que les permitirá tener asegurada la materia prima para trabajar.

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