Conflicto en Sancor: ATILRA insiste en que el Gobierno puede evitar un inminente paro total de la actividad lechera
El largo conflicto entre ATILRA y SanCor podría desembocar en la quiebra de la cooperativa.
El gremio continúa responsabilizando al Ejecutivo por el fallido rescate de la cooperativa y reclama que garantice el funcionamiento del fideicomiso.
La advertencia la lanzó este miércoles la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), que ante las dificultades que enfrenta el intento de rescate de la Cooperativa Sancor amenazó con provocar una «paralización total de la actividad».
Ahora, lejos de retroceder en su postura, desde el gremio lechero remarcaron que es el Gobierno nacional quien «tiene la respuesta» sobre si finalmente se llegará a la extrema medida de fuerza.
Lo que reclama ATILRA es que el Ejecutivo garantice el funcionamiento del fideicomiso que busca recuperar la empresa. De esta manera, lo consideró el total responsable del conflicto y, también, remarcó que es quien debe solucionar el tema.
Fuentes sindicales no dudaron en señalar que «ante la insistente pregunta de si ATILRA hará un paro en todo la industria para que se concrete el rescate a Sancor, la respuesta la tiene el Gobierno nacional».
Sancor, en problemas desde 2017
Y apuntaron: «Estamos esperando que reaccione el Gobierno y cumpla con lo que se acordó en noviembre pasado frente a dos ministros y el presidente del Banco Nación». Eso es, «la creación de un fideicomiso con aportes estatales y privados por 60 millones de dólares».
También recordaron que «ATILRA tenía el compromiso de mantener contenidos a los trabajadores, asegurando la paz social, como lo vino haciendo». E insistieron: «Si el Gobierno empieza a cumplir con lo acordado, no habrá ningún tipo de medidas de fuerza en la industria».
Desde 2017, Sancor atraviesa un complejo momento económico y financiero, a partir de la pérdida de producción y posicionamiento en el mercado.
En ese contexto es que en octubre del año pasado, en medio de un proceso de reestructuración, una Asamblea aprobó el desembarco de un grupo empresario y la puesta en marcha de un fideicomiso por 60 millones de dólares.
Entre los empresarios comprometidos en el rescate se encuentran José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond), Gustavo Scaglione (La Capital de Rosario), el abogado Leandro Salvatierra y Jorge Estevez.
Lo que reclamó ATILRA por medio del comunicado de prensa difundido el miércoles fue conocer «el proyecto y compromiso del Gobierno nacional para reorganizar y recuperar la capacidad productiva de Sancor, que incluyó el armado de un Fideicomiso aprobado por la Asamblea de socios más la promesa de aporte Estatal».
Además, remarcó que el rescate «se encuentra estancado por falta de respuesta de las autoridades gubernamentales, situación que, ante esta problemática de tan vasta magnitud cuya crisis terminal viene siendo soportada por las y los trabajadores, nos obliga a retomar medidas de acción sindical».
ATILRA y «una batería de medidas»
En esa línea fue que el gremio aseguró que en los próximos días comunicaría «una batería de medidas que iremos realizando en conjunto», que podría incluir el paro total. Y, en ese sentido, remarcó que las mismas se llevarán a cabo hasta «la solución del tema».
Ahora, lo que hizo fue pasarle la pelota de manera contundente al Gobierno nacional, responsabilizándolo absolutamente del futuro del conflicto.
Mientras tanto, el accionar de ATILRA continúa en la empresa Lácteos Vidal, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde la titular de la empresa, Alejandra Vázquez, rechazó un fallo que obliga a incorporar a empleados despedidos.
PESE A LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO, CASI LA MITAD DE LOS PUESTOS LABORALES SON PRECARIOS
Esta misma semana, y en declaraciones periodísticas, Vázquez profundizó sobre los inicios de la disputa, lo que motiva al sindicato a actuar «de la manera que actúa y algunos episodios vivenciados este año». También apuntó contra la Justicia por impedirle despedir a quienes paralizan la producción.
«Los ataques comenzaron en 2014. Ellos argumentan algunas diferencias de categoría, como que había 14 personas a las que les correspondería una categoría mayor, que serán 5 mil pesos más por mes nada más», sostuvo.
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