miércoles 2 de diciembre de 2020
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La Argentina “en negro”: la informalidad laboral no disminuye y afecta a la mitad de los trabajadores

En las últimas décadas, más allá de los vaivenes económicos, el sector de empleados informales se mantiene alto, y según algunas mediciones llega al 50 por ciento de la masa laboral. Los datos hablan de una “gran deuda” del mercado laboral. Luego de años de fortalecer sus organizaciones, la economía tiene su primer sindicato, y busca darle a los informales los derechos de todo trabajador. Los monotributistas, la otra cara de esta dramática situación.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Desde el regreso a la Democracia, el mercado laboral argentino sufrió diversas transformaciones. El desempleo creció hasta llegar a niveles insólitos para el país durante los 90 –con el proceso de desindustrialización como emblema –se recuperó luego de la crisis del 2001 y luego fluctuó de acuerdo a los avatares económicos. Pero un indicador se mantuvo casi siempre estable, como un núcleo duro que las distintas medidas no pudieron cambiar. Se trata de la informalidad. El popularmente conocido “trabajo en negro” es un flagelo que se mantiene estable desde hace un par de décadas, y en estos días alcanza a casi la mitad de los trabajadores. Los alcances de este drama son varios, ya que uno de cada dos empleados en el país no goza de los beneficios sociales ni los que establecen las leyes laborales, como vacaciones pagas o aguinaldo. Durante el macrimso la informalidad tuvo como aliado el cuentapropismo, es decir, aquellos trabajadores contratados de forma irregular que tampoco están protegidos por las normas. Desde hace años, el país no tiene un plan exhaustivo para terminar con el trabajo en negro, algo que en tiempo de crisis suelo empeorar.

Esta deuda que mantienen los gobiernos forjó un sector muy dinámico, que en los últimos años se organizó bajo el paraguas de la economía popular. Lo que comenzó organizando los movimientos sociales y piqueteros, en aquellos años turbulentos previos –y posteriores –a la crisis del 2001, hoy tiene una estructura bien organizada, e incluso el primer sindicato que los reúne. Además, muchos dirigentes se sumaron al poder Ejecutivo, para llevar de primera mano las necesidades de sus representados. Además, la dinámica de la informalidad le dio lugar a otro espacio, con características sociales muy distintas pero con los mismos problemas en materia de derechos laborales incumplidos. Se trata de los monotrobutistas, que en la era Macri crecieron casi un 10 por ciento, y hoy están movilizados para poner en evidencia el problema de estos millones de empleados, y lo que llaman “el fraude laboral”.

La informalidad en números

La masa de trabajadores que están bajo la informalidad se mantiene estable en los últimos años, aunque crece en momentos de crisis. Los datos son difíciles de contrastar, ya que en muchos casos son indicios y proyecciones, por el carácter informal del sector. En 2019, el INDEC reveló que en un marco de destrucción de puestos laborales (101 mil en los primeros seis meses del año), los puestos de trabajo asalariados no registrado -los considerados en negro- pasaron de 4.941.000 a finales de 2017 a 4.981.000 a finales del 2018. Por su parte, la cantidad de puestos de trabajo no asalariados pasó de 5.263.000 en el cuarto trimestre de 2017 a 5.227.000 en el mismo período de 2018. “El panorama laboral es complejo: año tras año un país necesita crear puestos de trabajo para las personas que están en edad de ingresar al mercado laboral, pero la Argentina perdió en 2018 más de 101 mil empleados en blanco, provocó 40 mil trabajadores más en negro y terminó con 36 mil personas que trabajan sin recibir una remuneración que ahora ni siquiera lo hacen”, destacó el informe del INDEC, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

Más específica, la Universidad Católica Argentina (UCA) determinó en un estudio difundido el año pasado que casi la mitad de los trabajadores argentinos está en la informalidad. El trabajo de su Observatorio de la Deuda Social reveló que en los últimos años “siguió aumentando la proporción de ocupados en el sector microinformal de la estructura productiva”, que son “actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal”. En ese segmento, “el 81,7 por ciento de los trabajadores del sector microinformal tenían un empleo precario o un subempleo inestable”. A finales de 2018, determinó la UCA, los ocupados en el sector público “representaban el 14,9 por ciento (se incluye tanto a los empleados que cubren las necesidades operativas del Estado como a los trabajadores que contraprestan en los programas de empleo directo), y solamente el 35,8 por ciento de los ocupados realizaban actividades en el sector privado formal”.

La evolución en estos años del sector informal muestra que más allá de los vaivenes económicos, el crecimiento e mantuvo estable en las últimas décadas. Según un trabajo del sitio Chequeado.com, cuando Raúl Alfonsín asumió la informalidad pisaba el 25 por ciento del total, y llegó al 32 por ciento al salir de la presidencia. Los 90 además de desindustrialización dejaron la desocupación en dos dígitos, y un mercado informal estable. Fernando De la Rúa dejó el gobierno en diciembre de 2001 con una tasa de trabajo informal superior al 38 por ciento. El tercer trimestre de 2003, con la presidencia de Néstor Kirchner, se llegó al 49,5 por ciento de los trabajadores en negro, el pico histórico. Pese a los panes y los muchos intentos de reducir la informalidad, en 2009 la tasa estuvo cercana al 35 por ciento, una constante hasta el gobierno macrista.

El auge de la economía popular

En los últimos años, la informalidad fue adoptando un nuevo nombre, que buscó aglutinar a todos los sectores que todos los días se ganan la vida en los márgenes del mercado laboral: la economía popular. Los movimientos sociales vienen organizando a este verdadero ejército de excluidos para que puedan sostenerse en contextos de crisis. Durante el macrismo, este espacio –representado simbólicamente por el llamado triunvirato San Cayetano –ganó la calle de la mano del descontento general, y tuvieron ya en 2016 su debut dentro del movimiento obrero. El Día del Trabajo, marcharon junto a la dirigencia cegetista, y pusieron sus reclamos en el centro de la escena. De ese proceso nació el primer sindicato de los trabajadores en negro: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). “Nuestro gran objetivo es que los trabajadores de la economía popular tengan derechos, porque si vos trabajas tenés que tener vacaciones, aguinaldo, cobertura de salud, jubilación”, sostuvo Esteban “gringo” Castro, secretario general de la UTEP.

Para lograr estos derechos de los informales, Castro reclama “que se tenga una presión impositiva sobre los sectores que más ganan en la Argentina, sino, de dónde sale la plata”, le dijo el dirigente a Gestión Sindical. “Lo que tiene que quedar claro es que los compañeros de la economía popular trabajan, y a quien no le queda muy claro que vayan a nuestras organizaciones y vea lo que hacemos en nuestras unidades productivas”, agregó Castro. La UTEP tuvo su “debut” en la calle la semana pasada en la marcha que repudió la visita del FMI, y que mostró el enorme entramado de espacios y fuerzas que forman este 40 por ciento o más de la economía Argentina. “A mi me gusta ver la historia como un proceso, la UTEP nace cuando la gente se comienza a quedar por fuera de la formalidad del trabajo, después hay un proceso de construcción político y social que bajo un mismo sello estemos todos los movimientos, ese es un salto de calidad. Pero nosotros tuvimos que salir a la calle porque nos mataban a nuestros pibes de hambre”, graficó el dirigente.

Informales 2.0: monotributistas

La otra cara de la informalidad en la Argentina tiene un perfil muy distinto a la economía popular, está vinculada a sectores profesionales y durante el macrismo tuvieron un auge en materia de crecimiento: los monotrobutistas. Trabajadores sin estabilidad, que cumplen igual tarea que sus compañeros pero no reciben sus beneficios, se volvieron otra cara de la informalidad en la Argentina. Según los datos, sólo durante el gobierno de Mauricio Macri, casi 140 mil personas se hicieron monotrobutistas en la Argentina, una de las formas de trabajo autónomo que rigen en el país. La suba del 9,6 por ciento experimentada en los últimos cuatro años de esta forma trabajo cuentapropista hizo que sean la casi la mitad del empleo registrado en la Argentina, según los datos de la AFIP. El incremento del 51 por ciento de la cuota anual los organizó y movilizó, y puso en el centro de la escena a la nueva forma de informalidad que se expande en el país.

Luego de dos marchas y una serie de audiencias, esta semana el grupo Monotributistas Organizados, que reúne a varios espacios de estos trabajadores, tuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo nacional. Además del rechazo a la suba de la cuota, decidieron ir más allá, y llevar hasta el máximo organismo laboral argentino su denuncia de “fraude laboral” que sufren todos los días. Allí insistieron con su rechazo a la suba, que significa “una baja en los salarios”. “La mayor parte de los monotributistas somos estatales, trabajamos igual que un empleado de planta pero no tenemos ningún derecho. Tenemos que pagar un impuesto para trabajar, no tenemos vacaciones pagas, no tenemos aguinaldo, no podemos sindicalizarnos”, recordaron desde esta organización. Según le confirmaron a Gestión Sindical, este grupo acordó acompañar el proyecto de ley propuesto por la diputada nacional de Romina del Pla para lograr la anulación del aumento para las categorías más bajas, que podría tratarse en marzo.

 

 

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