Adorni y Cía.: ATE escrachará a otro funcionario denunciado judicialmente por no poder justificar sus gastos
Adorni no es el único caso: protesta de ATE contra otro funcionario .no puede justificar sus gastos
El que sigue los pasos de Manuel Adorni es Mario Gutiérrez, gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud. Movilización de los estatales.
Luego del escándalo que se desató con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus problemas para justificar viajes de lujo, propiedades y gastos exorbitantes, otro funcionario del Gobierno fue denunciado judicialmente por motivos similares.
Se trata del gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Mario Gutiérrez quien, además, tendrá que soportar este viernes una movilización en su contra organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que combinará «escrache» con un pedido público de explicaciones.
“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. Según la presentación judicial, Gutiérrez no puede explicar gastos con su tarjeta de crédito por 60 millones de pesos.
La denuncia anónima contra el superintendente de Servicios de Salud fue radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 (secretaría 22), bajo el número CFP 1086/26, y también en la Oficina Anticorrupción. Es por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica en sus declaraciones juradas que muestran un aumento de casi el 3.000% en su patrimonio, en un período de dos años.
La marcha contra el «nuevo Adorni»
ATE resolvió manifestarse este viernes a las 12 en la puerta de la Superintendencia, donde también habrá una conferencia de prensa. “Exigimos una explicación detallada, ya que las graves irregularidades y los delitos que se están cometiendo comprometen la transparencia de la institución y deterioran la confianza pública”, apuntó Aguiar.
El nuevo caso de corrupción surge en medio de un plan de despidos en el organismo, que el sindicato de los estatales considera parte central de un intento de vaciamiento. En ese sentido desde ATE denuncian que las autoridades ordenaron una paralización intencional de la SSS y un cajoneo de los reclamos de usuarios y beneficiarios.
“El intento de llevar adelante un vaciamiento del organismo es un ataque directo a la capacidad que tiene el Estado de garantizar servicios esenciales. Es notoria la incapacidad de gestión que tienen en esta institución y afectan el acceso a la salud de los sectores sociales más vulnerables”, remarcó el dirigente sindical.
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Y se preguntó: “¿Cómo se explica que digiten controles a las obras sociales más chicas mientras miran para otro lado frente a los incumplimientos groseros de las empresas de medicina prepaga? ¿O que a algunas obras sociales les están permitiendo el cobro de coseguros, aranceles o plus diferenciados que son ilegales?”.
Una de estas obras sociales referidas por Aguiar sin mencionarla es Unión Personal, perteneciente a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) el sindicato que tiene la personería gremial representativa de los trabajadores del Estado, mantiene relaciones cordiales con el Gobierno -firmó todas las paritarias por debajo de la inflación- y está enfrentado radicalmente con ATE.
Todo a favor de las prepagas
Más allá de los perdigones hacia el sindicato de Andrés Rodríguez, Aguiar se centró en las empresas comerciales de salud. “Los funcionarios actúan de manera dolosa porque les quieren favorecer los multimillonarios negocios a las empresas de medicina privada. Vinieron a saquear y destruir el sistema nacional de obras sociales y no vamos a permitir que lo hagan”, dijo.
Según reveló Aguiar, ATE pudo verificar que la Superintendencia maneja con discrecionalidad la aplicación de sanciones, evitando multar a las grandes empresas de medicina prepaga y actuando con dureza contra las obras sociales más chicas.
El gremio manifestó que la gestión actual del organismo promueve un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado Promesa, que trasladaría los costos al beneficiario y fomentaría la judicialización de los conflictos.
Si este mecanismo se hiciera efectivo, redundaría en un beneficio invaluable para prepagas y obras sociales que con frecuencia se ven obligadas por la Justicia a cumplir con tratamientos que evitan cubrir mediante argucias formales.
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