07 de Diciembre
de 2022
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A un mes de vencer la prórroga de la nueva ley, hay incertidumbre por las paritarias municipales

02. 06. 2016

En los primeros días de julio deberá entrar en plena vigencia la normativa que obliga a los intendentes a sentarse con los gremios comunales y acordar un convenio colectivo de trabajo. Poco más de 30 comunas firmaron esos acuerdos. Desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) advierten que denunciarán penalmente a los jefes comunales que no cumplan.

En los primeros días de julio, se vencerán los 180 días de prórroga decretados por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para la entrada en plena vigencia de la ley que crea las nuevas condiciones laborales para los trabajadores municipales. Resistida por los intendentes, fue pro presión suya que la mandataria decidió darle seis meses de gracia, y así permitirle a los gobiernos –en especial aquellos que asumieron el 10 de diciembre pasado –acomodar sus números. Ante la amenaza de una suspensión mayor, desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) aceptaron este plazo, pero ahora advierten que una vez cumplido todas las comunas se deberán adaptar a la nueva normativa, que incluye la necesidad de crear un convenio colectivo por municipio y crear instancias de discusión salarial. Un mes parece poco tiempo para que se complete esta premisa, ya que hasta el momento apenas unas 30 comunas firmaron los acuerdos. Por eso hay incertidumbre en los gremios, que denunciarán por “incumplimiento de deberes de funcionario público” a los intendentes que no den este paso una vez finalizada la prórroga legal.

En los cinco meses que pasaron desde que Vidal dio la prórroga –el 8 de enero de este año –apenas una treintena de comunas se sentaron con sus sindicatos y acordaron un convenio colectivo de trabajo, que regulará las actividades laborales a partir de ese momento. El resto, unos 110, sigue dilatando este avance, lo que preocupa a los municipales, que tienen un convenio marco creado por la FeSiMuBo y que luego en la mesa de discusión se adapta a las necesidades y particularidades de cada distrito. “La ley obliga a los intendentes a sentarse a negociar, y firmar un convenio colectivo. Pueden negarse, pero nosotros ahí vamos a proceder a realizar una denuncia penal por incumplimiento de funcionario púbico”, le adelantó a Gestión Sindical Adrián Gouín, secretario de Actas de la FeSiMuBo. Esta medida se resolvió en una asamblea de la federación, y fue ratificada por plenarios en los distritos. “Si no quieren aplicar la ley 14.656, los vamos a denunciar”, ratificó el dirigente, que encabeza el sindicato en el distrito de esteban Echeverría.

Según Gouín, hasta el momento “casi 40 comunas ya firmaron, en su gran mayoría del interior de la provincia de Buenos Aires. En el conurbano, se sumaron san Isidro y Quilmes en los últimos días”. La falta de acuerdo con los grandes distritos del primer y segundo cordón urbano es materia de preocupación por parte de los gremios, que acumulan la mayoría de los municipales bonaerenses. “Es una cuestión de poder, de no querer mostrar debilidad. Lo que nos llama la atención es que la mayoría son del Frente para la Victoria, lo que nos extraña porque sus diputados fueron los que nos acompañaron para aprobar la ley en 2014”, agregó el dirigente municipal.

La ley 14.656 deberá entrar en plena vigencia el 8 de julio de este año, una vez vencida la prórroga firmada por Vidal a pedido de intendentes, en especial quienes llegaron el 10 de diciembre pasado a sus comunas, luego de ganar las elecciones. Una vez que esto ocurra, los municipales podrán tener un ámbito de discusión salarial por primera vez en su historia, que incluirá todo lo referido a la vida laboral del sector además de salarios, como discusión del convenio colectivo, carrera administrativa, ascensos y otras cuestiones. La iniciativa, presentada por el diputado Hernán Doval (que pertenece al gremio municipal de Avellaneda), permitirá que los 120 mil municipales tengan estabilidad laboral, ya que se establece que el período de prueba no podrá ser superior a los 12 meses. En cuanto a las paritarias, se crea una mesa negociadora, entre el Ejecutivo y los gremios con presencia en la comuna. Para participar, las organizaciones sindicales deberán tener una representación del 10 por ciento del total de trabajadores.

A comienzos de año, Vidal amagó con buscar algún tipo de suspensión de la ley, lo que movilizó a los municipales. Por pedido de los jefes comunales, se firmó una tregua de 180 días, pero hasta el momento no se avanzó demasiado en la materia. Ahora, desde FeSiMuBo aseguran que no permitirán nuevas dilaciones. “Los intendentes tiene que mostrar los números, y eso es lo que más les cuesta, justificar cómo gastan la plata de los vecinos”, concluyó Gouín.

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