Cómo es el proyecto de ley de Kicillof para los trabajadores de Rappi y Pedidos Ya en la Provincia de Buenos Aires
Cómo es el proyecto de ley de Kicillof para los trabajadores de Rappi y Pedidos Ya en la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa abarca a repartidores de apps de delivery como Rappi y Pedidos Ya y también a aplicaciones de transporte.
A través del Ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo ingresar en la legislatura bonaerense un proyecto de ley para regular la actividad de trabajadores de aplicaciones de delivery y transporte como Rappi, Pedidos Ya, Uber o Cabify.
La iniciativa oficial respeta las restricciones impuestas por la reforma laboral -que impide que estos trabajadores sean registrados obligatoriamente en relación de dependencia. No obstante, incluye regulaciones relacionadas, entre otras cosas, con las condiciones de trabajo y la protección ante accidentes.
Según la cartera de Correa, la ley impondría un “piso mínimo de derechos para los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones”.
El ministerio expuso que el proyecto busca combatir falta de transparencia y la desprotección de quienes trabajan mediante aplicaciones. De acuerdo con estimaciones recientes, solo en el AMBA hay unos 500.000 trabajadores que realizan este tipo de actividad, y la cifra supera el millón en todo el país.
Desarticular el algoritmo de Rappi
«El gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho», apuntó Correa.
En esa línea, el funcionario explicó: «La Provincia viene participando de este debate global en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto. Buscamos que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección».
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Según Correa, el texto de la normativa pone el foco en desarticular la arbitrariedad de las empresas que, mediante un algoritmo, determinan de forma unilateral la organización del trabajo y el valor de cada tarea, bajo criterios completamente opacos para quienes prestan el servicio, lo que contradice la idea de «trabajadores independientes» con poder de decisión que plantea la reforma laboral.
Para revertir esto, el proyecto bonaerense establece la obligatoriedad de seguros por accidentes de trabajo y cobertura médica integral, transparencia total en la determinación de los ingresos devengados; infraestructura digna en los centros de reparto (las llamadas «tiendas invisibles»), que deberán contar obligatoriamente con sanitarios, agua potable, espacios de descanso, puntos de carga para celulares y resguardo climático, todo bajo la estricta fiscalización de la cartera laboral provincial.
Punto por punto, qué dice el proyecto
El proyecto de Kicillof propone la creación de una app oficial que les facilite a los trabajadores el acceso a servicios de seguridad ( mediante un “botón de pánico”), emergencias (“botón de emergencia en salud”) y otras prestaciones vinculadas con la actividad.
Además, el texto establece la implementación del Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales, al que las empresas deberían inscribirse de manera obligatoria y descargar allí los datos de quienes realizan tareas mediante sus aplicaciones.
Las firmas deberán informar a las autoridades y a los sindicatos la cantidad de personas que brindan servicios a través de cada plataforma, discriminadas según su nivel de actividad y situación contractual o laboral.
También tendrán que dar detalles sobre la duración promedio de las tareas realizadas, las horas semanales trabajadas por cada persona, los ingresos medios obtenidos de forma regular y los intermediarios con los que mantienen relaciones contractuales.
Por otra parte, las plataformas tendrán que contratar a su cargo un seguro contra accidentes, para lo cual se ofrecerá al Banco Provincia como alternativa, a menos que las empresas quieran contratar otro.
La iniciativa también exige a las compañías garantizar paradores habilitados en sus centros de operación, depósitos o locales, que cumplan “con las condiciones mínimas para el descanso, alimentación, higiene y seguridad”. Además, deberán proporcionar áreas destinadas al estacionamiento de los vehículos utilizados durante la jornada laboral.
España y México como modelos
La propuesta de la gestión Kicillof no es un hecho aislado, argumentaron desde La Plata, porque se alinea «con la tendencia internacional de resistencia gremial y regulación estatal ante la dinámica que plantean las plataformas».
El proyecto incorpora los lineamientos de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que determina taxativamente que «las plataformas son organizadoras del trabajo y que los costos laborales y de protección social deben ser asumidos por las empresas». Para su confección, se tomaron como espejo las normativas vigentes en España y México.
A nivel local, el andamiaje jurídico de la ley se apoya firmemente en el denominado «fallo Rappi» de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Dicha sentencia ratificó las plenas facultades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas y reafirmó el principio de primacía de la realidad, una doctrina laboralista clave para demostrar que existe una relación de dependencia encubierta por encima del fraude contractual de la «monotributización».
Asimismo, ante la falta de capital de trabajo que sufren los repartidores, se prevé una articulación estratégica con el Banco Provincia para lanzar líneas de microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de las herramientas de trabajo (motos, bicicletas y cascos), garantizando la continuidad de la actividad sin que los costos recaigan exclusivamente sobre el bolsillo del trabajador.
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