Denunciaron a Milei en Washington por no cumplir con la entrega de alimentos
En la exposición de organizaciones sociales ante la CIDH se planteó la “destrucción de las políticas sociales” del Gobierno de Milei.
Un grupo de organizaciones sociales denunció a Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la “destrucción de las políticas sociales”, advirtiendo que lo que está llevando a cabo el Gobierno nacional es “un plan de miseria planificada”. Las denuncias tuvieron lugar en tres audiencias llevadas a cabo en la sede de la Comisión en Washington.
Las denuncias fueron realizadas por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a través de su secretario general, Alejandro Gramajo, y otras organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando.
“Para nosotros, el Gobierno de La Libertad Avanza representa un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria”, expresó en la audiencia Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita que lidera Emilio Pérsico.
Más denuncias contra Milei en la CIDH
Hay que señalar que en la sede de la CIDH en Washington se realizaron tres audiencias, en las que no sólo se denunció a Milei por “el desfinanciamiento y abandono de las políticas sociales”: también se discutieron “las políticas de memoria, verdad y justicia”, y el abandono de los programas “para erradicar la violencia de género y promover la salud reproductiva en el país”.
Fue en la primera de ellas en la que se analizó el impacto de las políticas sociales en los trabajadores de la economía popular. Allí los representantes de la UTEP, el CELS y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO), presentaron un informe “sobre la situación de los sectores más vulnerables”.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, indicó que la pobreza aumentó un 11% en el primer semestre de 2024, mientras que la indigencia aumentó más de seis puntos. También sostuvo que “el presupuesto para políticas alimentarias sufrió una caída real del 29% respecto al año anterior, afectando gravemente a comedores y merenderos comunitarios”.
Los dirigentes también expusieron “la desfinanciación de la política de urbanización en asentamientos precarios, impactando a más de cinco millones de personas, casi la mitad de ellas niños y adolescentes”.
Y Tania Espinoza Sánchez, de WIEGO, subrayó la necesidad de que los Estados garanticen condiciones laborales dignas para todos, advirtiendo que reducir la protección social de los sectores más bajos “constituye un acto de discriminación”.
El reclamo sobre los alimentos no entregados
Por su parte, Nicolás Rechanik, abogado de Unión Trabajadores de la Economía Popular, denunció “la existencia de alimentos sin entrega en galpones, incluyendo mil toneladas de leche en polvo, en un contexto donde siete de cada diez niños enfrentan problemas alimentarios”.
Gramajo, en tanto, cerró su exposición solicitando a los miembros de la CIDH “que puedan visitar nuestro país para hacer algún informe sobre la grave situación que estamos viviendo, que exhorte al Gobierno a cumplir con los fallos judiciales que lo obligan a distribuir alimentos a los comedores y merenderos comunitarios”.
La obra social de la UATRE contraataca, tras el fallido intento de intervención del Gobierno
El Gobierno, a través del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, optó por no responder las preguntas en la audiencia y prometió hacerlo por escrito, pero presentó un informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano en el cual desmintió lo expuesto por los dirigentes sociales, a los que Sandra Pettovello y Milei suelen criticar, clasificándolos como los “gerentes de la pobreza”.
En el documento se afirmó que la administración de La Libertad Avanza, al llegar al poder, el 10 de diciembre de 2023 “se encontró con una macroeconomía devastada, con índices de inflación muy elevados y salarios golpeados por la inestabilidad”.
El Gobierno mantiene su discurso
Por eso se explicó que “las primeras medidas de esta gestión se orientaron a bajar la inflación y dar inicio a un proceso de recuperación económica, que hoy comienza a mostrar sus efectos, incluso respecto de los altos índices de pobreza, que desde el segundo trimestre de 2024, han comenzado a bajar y continúan en esa tendencia”.
También se planteó que “se priorizó la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad, y desde el Ministerio de Capital Humano se tomó la decisión de desintermediar la asistencia social, ponderando, por sobre todo, las transferencias directas y restituyendo la libertad de quienes estaban cautivos de los viejos modelos asistencialistas”.
Por último, el Ministerio de Capital Humano aseguró que lleva ejecutado “un 82.43% del presupuesto destinado al Programa 26 de Políticas Alimentarias, lo que equivale a un total de un billón seiscientos dos mil novecientos treinta y cinco millones ochocientos veinticinco mil trescientos sesenta y ocho pesos argentinos ($1.602.935.825.368)”.
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