domingo 24 de junio de 2018
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UTA paro de colectivos

Malestar entre los choferes por el acuerdo salarial “a la baja” firmado por la conducción de la UTA

Diversos sectores criticaron la paritaria del 15 por ciento que firmó el gremio, y lo calificaron de “mentiroso”. Según su análisis, la suba es del 11 por ciento para este año, por el pago en cuotas. Se articulan acciones de protesta, pero admiten que el activismo “está disperso”. En Córdoba siguen las protestas por los despidos, en medio del enfrentamiento de la dirigencia local con la conducción nacional.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Pese a que un propio Banco Central en algunos de sus informes habla de una inflación cercana al 20 por ciento, el gobierno nacional insiste con un techo para las paritarias de este año del 15 por ciento. Las ofertas realizadas a los distintos sectores del estado marcan esta tendencia, que tiene en el sector privado varios aliados. Como ya hicieron el gremio de los trabajadores de obras sanitarias y otros, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) acordó para este año una suba en cuotas que no supera esa marca, lo que potencia la alianza de la conducción con el oficialismo, que se expresó en la no participación del sindicato en el paro posterior a la aprobación de la reforma previsional y la marcha del 21 de febrero. La conducción que encabeza Roberto Fernández le hizo un guiño al pedido oficial, pero desató una ola de quejas internas, entre dirigentes de base y choferes, que cuestionaron el acuerdo, sobre todo porque un informe alerta que es el sector del transporte de pasajeros el que más perdió en materia de salario real en dos años: más de 8 puntos. Además, desde hace meses existe un conflicto en Córdoba que no se soluciona, y enfrenta a la dirigencia nacional con la provincial. Agrupaciones clasistas calificaron la suba salarial de “mentirosa”.

Esta semana, la conducción de la UTA encabezada por Roberto Fernández firmó el acuerdo salarial de este año, que incluye un incremento salarial del 15 por ciento en tres pagos, más una cláusula de revisión a los seis meses. La paritaria también contempla el pago de un bono de 1.500 pesos no remunerativos por el “desface de la cláusula gatillo de 2017”, informaron fuentes gremiales. Las cuotas acordadas serás las siguientes: 5,5 por ciento a partir del 1º de abril, 5,5 por ciento a partir del 1º de septiembre y el 4 por ciento restante en enero 1º de enero de 2019. Según la UTA, el bono de 1.500 pesos representa un 3,6 por ciento de aumento salarial, de la cláusula gatillo del año pasado. De esta forma, el salario de un chofer de corta distancia será de de 27.800 pesos desde abril, pasará a 29.300 pesos en noviembre y terminará el año que viene en 30.300 pesos.

“Es un acuerdo salarial mentiroso”, afirmaron dirigentes de base de la UTE, que no acuerdan con la conducción de Fernández. “El 15 por ciento recién se paga en febrero del año que viene, para el 2018 el aumento es del 11 por ciento”, se quejaron ante la consulta de Gestión Sindical. Según describieron, entre los choferes “hay mucha bronca porque se firmó un acuerdo a la baja, se volvió a negociar con el gobierno y se mantiene la actitud servil con la patronal”. Desde hace un tiempo distintas agrupaciones vienen cuestionando el manejo del histórico dirigente, y reclaman más democracia dentro del gremio. Espacios como Interlíneas o la agrupación Choferes Autoconvocados fueron fuente de críticas a los acuerdos de la conducción de la UTA. El segundo espacio nació cuando delegados de varias líneas de Capital federal y gran Buenos Aires realizaron una protesta en el barrio porteño de Once por la paritaria 2017 cuando se firmó por debajo de las expectativas. “Hay bronca, pero es difícil articular acciones comunes. Si bien el año pasado se hicieron algunas protestas hoy falta coordinación entre los delegados de base. Sin el apoyo del gremio es muy difícil”, admitió la misma fuente consultada.

El acuerdo salarial se da en medio de dos situaciones que preocupan a los choferes: por un lado la pérdida del salario real, y por otro el conflicto por despidos en Córdoba, que se arrastra del año pasado y sigue enfrentando a la dirigencia nacional con la local. En el primero de los casos, la paritaria del 15 por ciento en cuotas no hace más que profundizar la tendencia. En 2016 y 2017, los choferes de colectivo de corta distancia fueron los más perjudicados por la inflación. Así lo denuncia un informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), que midió la suba del salario de unas 10 actividades, y las comparó con la inflación del 2016 y el 2017. Según este trabajo, los choferes de corta distancia perdieron en esos dos años 8,5 por ciento de su poder adquisitivo, la peor marca de los registros. “Con una postura dialoguista frente al Poder Ejecutivo, el gremio que encuadra a los transportistas de personas para corta distancia no logró conseguir buenos resultados en las dos últimas rondas paritarias”, destacó el informe de la casa de estudios. En 2016 la UTA cerró un acuerdo salarial del 21 por ciento en tres tramos, sin cláusula gatillo, mientras que en 2017 la suba fue del 29, con el pago de dos sumas no remunerativas.

En cuanto al conflicto cordobés, hoy en día se mantiene el acampa frente a la Municipalidad de la capital provincial, donde los choferes –entre ellos delegados desaforados por la conducción nacional de la UTA –mantiene el reclamo de reincorporación, luego que en junio del año pasado fueron despedidos en un conflicto que enfrentó a la conducción nacional con la provincial. La seccional cordobesa del gremio está intervenida, y los delegados elegidos por los choferes locales fueron corridos por los aliados a Fernández, lo que permitió su despido, junto con otros cientos de trabajadores. “Fernández está más preocupado en los subsidios que el estado debe darle a las empresas que por los choferes. Por eso hace todo lo que se le manda de la Casa Rosada”, insiste una fuente desde la provincia mediterránea, consultada por Gestión Sindical. Como ejemplo de esto puso la firma de la paritaria de este año, o la no participación de la marcha del 21 de febrero. Otro conflicto que se vivió en estas horas tuvo epicentro en la localidad bonaerense de Villa Gesell, donde la empresa Último Querandí dejó de prestar servicio, y la comuna local le quitó la concesión del servicio. Allí la UTA realizó una serie de manifestaciones para “intentar imponer una empresa cercana”, según la denuncia pública de funcionarios de la Municipalidad local.

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