21 de Junio
de 2024
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Trabajadores del subte piden un resarcimiento por el cambio de empresa concesionaria

11. 03. 2022

Los metrodelegados reclaman que la empresa Emova pague un bono, como se hace en el sector camionero, ya que implicaría «un cambio de la razón social».

A través de un reclamo formal ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subte exigieron un resarcimiento económico por el cambio de empresa concesionaria del servicio. El reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) apunta a la flamante firma Emova, vinculada a la saliente Metrovías.

El gremio pide que se haga cargo de esta situación, como está establecido en otros rubros como el camionero. Para la AGTSyP, lo que hubo en realidad en el subte fue «un cambio de razón social», y corresponde un pago a los empleados como se hizo el año pasado en firmas como Walmart, a partir de esta norma no formalizada hasta ahora.

Emova se hizo cargo del subte el 1° de diciembre del año pasado de las operaciones de todas las líneas de subte y el premetro, con los mismos 5 mil empleados. La firma perteneciente al grupo local Benito Roggio Transporte, asociado con Metrovías, por lo cual los metrodelegados consideran este cambio como «un cambio de razón social».

«Hay una ley no escrita que hace que cuando una empresa hace esta maniobra, especialmente pensada para evadir impuestos, le debe pagar un bono compensatorio a los empleados», le dijo a Gestión Sindical una fuente del gremio.

El pedido de la AGTSyP, formalizado ante la subsecretaría de Trabajo porteña, apunta además a sostener «todos los derechos y la antigüedad».

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«Subterráneos de Buenos Aires reprivatizó luego de 28 años de que operara Metrovías el servicio de subtes y se lo otorgó a Emova con los mismos 5 mil trabajadores», ratificaron desde el gremio.

Bono compensatorio

El pago de un bono a los trabajadores que pasan de una empresa a otra, respetando antigüedad y derechos laborales, es en el sector camioneros que se aplica de manera constante, más allá que no existe como tal en el marco normativo legal.

Desde hace 20 años que se aplica de manera informal en el sector, y el año pasado tuvo otro capítulo de importancia cuando el supermercado Walmart fue comprado por una empresa bajo el control del empresario y ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Francisco de Narváez.

Luego de varios reclamos, la empresa pagará por única vez una «gratificación extraordinaria no remunerativa», una suma «no acumulable ni compensable» en hasta 5 cuotas.

El pago será de entre 115 mil y un millón según la antigüedad y se pagará a 477 trabajadores. En total, la cadena desembolsará 227.576.922 millones de pesos.

Al poco tiempo, la «ley Moyano» se aplicó en la empresa Puerto Argentino GLD, con operatividad en la Terminal 4 del puerto. En el acuerdo, según informó el gremio en un comunicado, se pactó una suerte de indemnización en un pago para 80 camioneros, que serán ahora contratados nuevamente bajo convenio 40/89 y arrastrarán la antigüedad laboral.

Antecedente y presiones

La primera vez que se aplicó la «ley Moyano» fue hace casi dos décadas, en un conflicto bastante similar al que se da en estos días en la ciudad de Buenos Aires, y fue uno de los primeros enfrentamientos entre los Moyano y el actual ex presidente Mauricio Macri.

Es que en su época de jefe de Gobierno, dejó de pagar estas indemnizaciones encubiertas a los empleados de la recolectora de residuos Manliba. Ahora, la disputa se traslada al subte, con una diferencia: en el Ministerio de Trabajo no son de alentar esta ley no escrita.

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El nuevo contrato entre Emova, prevé inversiones en materia de infraestructura y la incorporación de nuevas tecnologías de vanguardia orientadas a brindar un mejor servicio y una relación más cercana entre los pasajeros y la empresa.

Entre las modificaciones de contratación, también se destaca que la concesión será por el término de 12 años, con posibilidad de prórroga por otros 3, en lugar de los 20 años de la concesión anterior.

Se trata del plazo mínimo establecido para que la explotación resulte rentable, según informó en su momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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