El plan de retiros voluntarios de Sturzenegger generó una interna entre ministros y una renuncia

Los retiros voluntarios comenzarán el 1 de noviembre. La normativa prohíbe cubrir cargos que queden vacantes.

El nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados públicos que el Gobierno lanzó oficialmente hace una semana y entrará en vigencia el 1 de noviembre desató una interna tan inesperada como fuerte entre los ministros del gabinete de Javier Milei.

Tras la confirmación del plan y su publicación en el Boletín Oficial, que se llevó a cabo el lunes 19 de octubre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ideólogo e impulsor de esta medida como de muchas otras anteriores tendientes a reducir la cantidad de puestos de trabajo en áreas y empresas estatales, se encontró con una impensada resistencia.

Los retiros voluntarios ya no se festejan como antes

El ministro de Salud, Mario Lugones, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, fueron los que con más énfasis advirtieron que si se sigue despidiendo trabajadores del estado puede haber complicaciones en la gestión, e incluso desde el ministerio de Economía de Luis Caputo -un viejo enemigo íntimo de Sturzenegger– surgieron críticas.

En ese sentido, la normativa publicada en el Boletín Oficial incluye un punto de conflicto extra, ya que obliga a los responsables de área a no cubrir ninguno de los puestos que queden vacantes a causa de los retiros voluntarios.

Durante los primeros meses de gestión de Milei, el achique ilimitado del Estado fue defendido por prácticamente todos los referentes libertarios como parte de una reorganización necesaria.

Todos, en mayor o menor medida, festejaron los casi 33 mil despidos que se llevaron adelante durante el primer año de Milei.

Pero sobre todo a partir de la segunda mitad de 2025, esa posición comenzó a variar, principalmente cuando los funcionarios de alto rango se empezaron a topar con dificultades para desarrollar tareas cotidianas debido a la falta de personal.

De hecho, trascendió desde Balcarce 50 que un importante miembro del equipo de Caputo expresó que se pueden acumular problemas en la gestión económica de los próximos meses si siguen las bajas.

Más trabajo y sueldos bajos

Lugones y Monteoliva avanzaron en esa senda. Y una funcionaria (ahora, ex) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pablo Quirno -otro hombre del flanco de Caputo– relacionó la idea de achicar personal -y su consecuente carga de trabajo sobre quienes queden- con la situación salarial.

Según contaron fuentes del Palacio San Martín, la ahora ex funcionaria sostuvo que no se puede exigir un mayor esfuerzo a trabajadores que cobran sueldos insuficientes y, después de reclamar mejoras para el personal de su área, decidió dejar su cargo y regresar al sector privado.

Mientras tanto, el principal aliado que tiene Sturzenegger en su cruzada de achique es el propio presidente Milei, quien, mientras de él dependa, no está dispuesto a retroceder en su idea de llevar el Estado lo más cerca posible de la desaparición.

Qué dice el decreto

El nuevo régimen quedó establecido mediante el Decreto 1.203/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei, Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La normativa alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a quienes tienen contratos laborales por tiempo indeterminado.

El decreto también dispone que los organismos alcanzados deberán eliminar los cargos presupuestarios de los trabajadores que se adhieran al retiro voluntario una vez que finalice su relación laboral.

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La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública es la encargada de aplicar el régimen. Además, tendrá la facultad de extender por única vez el plazo de adhesión, por un período que no podrá superar los 30 días corridos, y de establecer las disposiciones necesarias para su implementación.

Según datos del INDEC, la reducción de la planta estatal ya muestra una dimensión importante: la cantidad de trabajadores llegó a 269.025 personas en agosto de 2026. La cifra representa una caída de más de 74.000 puestos desde diciembre de 2023.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue el único sindicato que trató de visibilizar la problemática. Ni bien se conoció el decreto del programa, se movilizó a la Quinta Presidencial de Olivos en rechazo a la iniciativa que lanzó el Gobierno y el crédito de 300 millones de dólares solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiarlo.

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“No puede haber un solo estatal que se adhiera a este nefasto programa de retiros voluntarios. Este decreto es un negociado multimillonario. Si firmamos, no sólo estaremos perdiendo derechos logrados a través de los años sino que estaremos avalando que a través de sus consultoras Sturzenegger y Caputo se sigan llenando de plata”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.