Reforma laboral: los argumentos de la CGT para recusar a los jueces que voltearon la cautelar
Reforma laboral: los argumentos de la CGT para recusar a los jueces que voltearon la cautelar.
La central obrera busca anular el fallo que reactivó la reforma laboral. Entre otras cosas, denunció un «intercambio de favores» entre el Gobierno y uno de los jueces que, incluso, quedó plasmado en el Boletín Oficial.
La CGT presentó un ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un pedido de recusación de los dos integrantes de la Sala VIII que dejaron sin efecto la medida cautelar contra la reforma laboral idel Gobierno nacional. Desde la calle Azopardo denunciaron un presunto “cambio de favores” entre el Poder Ejecutivo y, fundamentalmente, Víctor Pesino, uno de los dos jueces de la sala VII.
El planteo fundamental apunta a que, con menos de 24 horas de diferencia, el juez Pesino -junto con la jueza María Dora González– resolvió a favor del Gobierno en la cautelar contra la reforma laboral (hecho que ocurrió el 23 de abril) y el Gobierno publicó en el Boletín Oficial (el 24 de abril) el pedido de Pesino para continuar por cinco años más en su cargo después del 27 de julio, cuando cumplirá 75 años.
El abogado de la CGT, Pablo Topet, puso en evidencia que Pesino podría ser beneficiado por el Poder Ejecutivo -si se le da curso a su pedido- y, a la vez, el Estado Nacional «podría ser beneficiado por la actividad» de Pesino al hacer caer el efecto de la cautelar contra la reforma laboral.
Este es el argumento central por el cual la CGT recusa a Pesino señalándolo su presunta falta de imparcialidad.
Reforma laboral: el Boletín Oficial como prueba
La CGT remarcó la celeridad con la que que el Gobierno avanzó con el pedido para extender el mandato de Pesino, menos de 24 horas después de que el juez decidió a favor del Gobierno en la causa.
En el planteo de la CGT se destaca que la publicación en el Boletín Oficial del 24 de abril evidencia tanto la solicitud del juez como la voluntad del Ejecutivo de darle curso, lo que -según sostienen- constituye un “beneficio de importancia” que compromete la imparcialidad.
La recusación también alcanza a la jueza María Dora González, en este caso, porque habría incurrido -lo mismo que Pesino. en prejuzgamiento al adelantar su criterio sobre el fondo del asunto.
Pesino y González resolvieron dejar sin efecto la cautelar hasta que se resuelva si la reforma laboral es inconstitucional o no -es decir, que hasta entonces la reforma estará vigente- y para eso afirmaron que la ley de flexibilización «no afecta a sectores socialmente vulnerables» y que «no compromete la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos«.
Topet sostiene que con esa argumentación prejuzgaron acerca de la reforma, en lugar de limitarse a decidir si la ley podría causar o no efectos irreversibles durante la vigencia de la cautelar.
Según el planteo, con las referencias a los sectores vulnerables y a los derechos de naturaleza alimentaria, Pesino y González además desconocieron principios básicos del derecho laboral y contradijeron precedentes de la propia Sala VIII.
Contradicciones y fallas procesales
El escrito de la central obrera pide la nulidad absoluta de la resolución, basado también en la supuesta falta de competencia de la Sala VIII.
La CGT argumenta que la causa debía ser tratada por la Sala I, que ya había actuado en expedientes relacionados, y que la Sala VIII no repetó las reglas procesales ni permitió la intervención de la parte actora.
Además, adelantó la intención de recurrir a la Corte Suprema y a organismos internacionales, al considerar que están en juego derechos constitucionales vinculados al trabajo, la libertad sindical y el debido proceso.
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