Un importante sindicalista llamó a "desobedecer" la reforma laboral.
Tras el polémico fallo que volvió a poner en vigencia la reforma laboral, pidió un paro general y dijo: «No la tenemos que cumplir».
Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender los efectos de la medida cautelar que frenaba provisoriamente la reforma laboral, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, dijo que el único camino «es pelear en la calle» y activar una “huelga general” contra la ley que flexibiliza el mercado del trabajo.
Para el dirigente sindical, “los trabajadores tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Nuestra suerte no puede quedar en manos de jueces y fiscales que tienen doble apellido y son hijos de la última dictadura militar”.
En ese sentido, sentenció que “siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”. Y agregó: “No se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real”.
Para Aguiar, “en la Argentina no hay justicia para los más débiles, la justicia es solo para los poderosos. La única manera que tenemos de frenar la reforma laboral es estando en la calle y con huelga general”.
Mostrar «la ineficacia» de la reforma laboral
Profundizando en cuál debería ser el plan a seguir, el secretario general de ATE consideró que “no la tenemos que cumplir en los sectores de trabajo. Tenemos que desobedecer, tenemos que lograr derogarla de hecho. Mostrar toda su ineficacia”.

“Estamos frente a la más grande ofensiva patronal que se recuerde en democracia. La Justicia se va a poner del lado de ellos, nunca estuvo ni va a estar a favor de los trabajadores. Lo único que depende de nosotros es el control de la calle, y esa es la estrategia que tenemos que profundizar”, advirtió Aguiar.
Este jueves, la Cámara del Trabajo suspendió los efectos de la medida cautelar que había frenado más de 80 artículos de la reforma laboral de Javier Milei.
En una polémica resolución, mantuvo la vigencia del cuestionamiento judicial presentado por la CGT pero determinó que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la ley no esté suspendida sino plenamente vigente.
En los hechos, esto hace que la medida cautelar pierda sentido ya que su objetivo es, precisamente, evitar posibles perjuicios relacionados con una ley cuestionada mientras se define si es válido o no ese cuestionamiento.
La reacción de la CGT
El 30 de marzo pasado, el juez Raúl Ojeda, a partir de una presentación de la CGT había suspendido 83 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral (27.802), que consiguió aprobar La Libertad Avanza en el Congreso con votos propios y ajenos durante las sesiones extraordinarias.
Al conocerse la noticia, la central obrera difundió un comunicado donde sentenció que la resolución «habilita la vigencia inmediata de normas que afectan gravemente las condiciones laborales, exponen al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y atentan, al mismo tiempo, contra la organización sindical».
También dijo que «resulta impropio de un Tribunal de Trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”.
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En la misma línea dejó en claro que «los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional. Nuestros derechos deben ser garantizados de manera efectiva, tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional y supra legal».
Por último, aseguró que «la Confederación General del Trabajo continuará su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras con la Constitución en la mano y la justicia social como bandera».




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