No sorprende: la respuesta del Banco Nación a los que piden créditos similares a los de los funcionarios de Milei

Sobre 714 solicitudes, el Banco Nación rechazó 623 en minutos. Los montos a los que pudieron acceder quienes recibieron el OK.

Tras el escándalo por los multimillonarios créditos hipotecarios que el Banco Nación les otorgó a funcionarios de Javier Milei, 714 trabajadores estatales presentaron solicitudes en condiciones similares a las aprobadas para los libertarios. Los resultados, en este caso, no se vieron tan auspiciosos como con los integrantes del Gobierno: el banco habilitó menos del 15% de los pedidos y, en esos casos, asignó sumas muchísimo más bajas que las de nueve cifras que consiguieron los funcionarios.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que impulsó y coordinó la presentación masiva de solicitudes, denunciaron que el 87% de las solicitudes -que deben presentarse a través de un formulario online- resultaron rechazadas en apenas unos minutos.

Además, indicaron que los montos ofrecidos resultaron «ínfimos» frente a los otorgados a la planta política.

Aguiar: «Los créditos no están disponibles»

“Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas”, informó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Desde el gremio resaltaron que el monto máximo asignado fue de 55 millones de pesos para un trabajador en relación de dependencia, de PAMI, con ingresos superiores a los 2 millones de pesos. Y lo contrastaron con los más de 400 millones que llegaron a darle a funcionarios del entorno presidencial que tienen salarios similares.

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“En algunos casos les negaron los préstamos directamente por la modalidad bajo la cual están contratados en el sector público, por carecer de estabilidad», indicó Aguiar.

Lo comparó con el caso de Leandro Massaccesi, quien recibió 420 millones de crédito cuando ocupaba el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, un puesto político, es decir, sin estabilidad laboral, a tal punto que poco después lo desvincularon del ministerio.

«En el resto, se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios, cuestiones que no fueron exigidas a alguna diputada oficialista que incluso se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia”, continuó el líder de ATE.

La referencia fue a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, quien recibió $279.000.000 estando embargada por la venta irregular de terrenos.

Los números de la desigualdad

Para los libertarios no solo resultaron más laxos los controles y más altos los montos otorgados, sino que además obtuvieron tasas de interés más ventajosas: del 4% nominal anual, cuando para las solicitudes en general el Banco Nación estipula una tasa del 6% anual si el que pide el crédito acredita haberes en el banco y del 12% anual si no lo hace.

Además, se permitió que los funcionarios beneficiados financien hasta el 90% del valor de la propiedad, mientras que al resto de la ciudadanía se le permite un financiamiento de hasta el 75%.

Algunos de los casos que enumeró ATE, que ya tomaron conocimiento público, confirmados por varios de los propios funcionarios beneficiados -con sus correspondientes justificaciones- son los de Massacessi ($420.000.000), «a quién no se le solicitó el requisito de estabilidad laboral como sí al resto de los solicitantes», Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo ($373.000.000), Federico Furiase, secretario de Finanzas ($367.059.000), Federico Sharif Menem, secretario de su tío, Martín Menem ($357.000.000), y el tuitero Juan Pablo Carreira, actual director de Comunicación Digital ($112.948.000).

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“El Gobierno juega con la necesidad más sensible: la vivienda digna. Los estatales no pedimos casas lujosas en barrios privados como las que compraron los funcionarios; solo queremos lo que marca la Constitución”, concluyó Aguiar, dejando abierta la posibilidad de profundizar las denuncias por el manejo discrecional de los fondos del principal banco público del país.