Reforma laboral: el Gobierno apuesta a una ayuda de la Corte Suprema.
Pidió que el máximo tribunal se expida sobre la constitucionalidad de la reforma laboral y anule la cautelar que obtuvo la CGT.
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum para que la Corte Suprema de Jsuticia de la Nación resuelva directamente acerca de la medida cautelar que hizo lugar a un planteo de la CGT y suspendió 82 artículos de la Ley 27.802 de la reforma laboral.
El texto firmado por la Procuración del Tesoro apunta directamente contra el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63.
Más allá de las cuestiones judiciales, la administración de Javier Milei apuesta a una decisión política de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti: primero, que actúen rápido -la Corte no tiene plazos para decidir- y, fundamentalmente, que respalden la reforma y le pongan un cierre no solo a la presentación de la CGT sino también a la catarata de sentencias que vienen declarando inconstitucionales artículos de la ley de flexibilización, en causas individuales.
El recurso extraordinario por salto de instancia -«per saltum»- es una herramienta legal procesal que permite saltar instancias judiciales intermedias para llevar una causa directamente ante el tribunal de máxima jerarquía, sin tener que esperar a que se agoten las presentaciones en las cámaras de apelaciones.
Los argumentos formales
En el escrito, el Ejecutivo nacional no sólo pide que se revoque la cautelar, sino que además solicita que la Corte intervenga de manera urgente y suspenda los efectos de la decisión judicial.
El Gobierno sostiene que el fallo implica, en los hechos, paralizar una ley votada por el Congreso y considera que ningún juez tiene facultades para suspender normas con alcance general.
Desde esa perspectiva, acusa al Juzgado 63 de haber avanzado sobre atribuciones propias del Poder Legislativo, al dictar una medida con impacto sobre todos los trabajadores y empleadores del país.
Uno de los puntos centrales del recurso es el rechazo a la intervención del fuero laboral. La Procuración opina que la causa debería tramitar en el fuero contencioso administrativo federal, ya que se trata de una demanda contra el Estado nacional y se discute la validez de una ley.
En esa línea, se apoya en un planteo de inhibitoria aceptado por un juzgado federal que reclamó el expediente.
Reforma laboral: qué busca el Gobierno
La presentación también cuestiona la validez de la CGT como representante del conjunto de los trabajadores, sostiene que se trata «de una organización de tercer grado que no ejerce representación directa» y, por otro lado, afirma que la central obrera impulsó una acción “en abstracto”, sin identificar casos concretos ni perjuicios específicos derivados de la aplicación de la ley.
Para darle fuerza a su presentación, el Estado afirma que la cautelar genera “notoria gravedad institucional” y sostiene que la decisión judicial pone en riesgo la división de poderes, el sistema federal y la seguridad jurídica.
Con esta decisión, lo que busca La Libertad Avanza es acelerar los tiempos judiciales: la cautelar ya está vigente y generando efectos, mientras que la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que no frena el amparo de la CGT.
Cuestionamientos al juez Ojeda
La expectativa libertaria pasa por encontrar un salvavidas en la Corte Suprema, con la confianza, además -expresada por las voces que provienen de Casa Rosada- de que no tendrán un fallo en contra: creen que la Corte respaldará la reforma laboral o, en el peor de los casos, dejará pasar el tiempo sin resolver.
La Procuración también realizó fuertes críticas al trámite del expediente. El Estado denuncia dificultades para acceder a la causa, notificaciones incompletas, plazos insuficientes y la falta de tratamiento de planteos clave como la competencia y la legitimación.
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Incluso cuestiona que el propio juez laboral Raúl Ojeda haya revocado parcialmente la cautelar pocos días después de dictarla, lo que desde su óptica evidencia la premura con la que se tomó la decisión.
Se trata de una referencia al artículo acerca del pago de juicios por indemnizaciones, que en principio Ojeda había incluido entre porque genera diferencias entre trabajadores según cuándo hayan iniciado el juicio, pero luego habilito al advertírsele que la suspensión podía causar perjuicios mayores a trabajadores de algunas provincias en particular.
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