27 de Febrero
de 2024
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Tras recuperar el control de su obra social, los Vigiladores van contra la Superintendencia de Servicios de Salud

07. 10. 2023

El sindicato de Vigiladores que conduce Ángel García intimó a la Superintendencia para que reconozca a sus autoridades. La intervención llevaba siete años.

La Obra Social del Personal de Seguridad Privada (OSPSIP) que atiende mayormente a los miles de afiliados al gremio de vigiladores, está intervenida hace 7 años. En ese plazo se han sucedido gestiones signadas por escándalos en el manejo de los fondos de los afiliados y por la escasez de prestaciones.

Ahora, tras años de intervención, la justicia dio lugar a una cautelar y le devolvió el control de la obra social sindical al gremio de vigiladores (UPSRA) que conduce Ángel García. Pero se viene otro duelo contra el Gobierno, precisamente contra la Superintendencia de Servicios de Salud.

Dos intervenciones

Cabe recordar que el gremio perdió el control de la obra social en septiembre de 2020 tras denuncias efectuadas por agrupaciones gremiales por deficiencias prestacionales. En 2016 también había sido intervenida la UPSRA y desplazado del máximo cargo a Angel García, quien finalmente retornó a su puesto por decisión de la Justicia.

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La decisión del Juzgado Federal de Santa Fe N° 1 da vuelta una decisión presidencial. El pasado 23 de agosto se dispuso la suspensión del Decreto que había intervenido la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (Ospsip).

De esa forma, el fallo ordenó reconocer y garantizar el derecho de la Unión del Personal de Seguridad República Argentina a designar su conducción.

Vigiladores, UPSRA
UPSRA recuperó el control de la obra social de los vigiladores después de siete años de intervención.

El decreto, que ahora queda sin efecto, data del 20 de abril de 2021 y definía la intervención a la obra social en cuestión por el plazo de 180 días. Después se fue prorrogando una y otra vez. En ese proceso pasaron varios interventores.

Tras el fallo que concluyó con la devolución de la obra social, García le reclamó a la Superintendencia de Servicios de Salud que reconozca a las autoridades designadas. Realizó este pedido mediante una carta documento al superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, para que cumpla con la manda judicial. De hecho, ya se habla de la aplicación de sanciones en caso de que incumpla con lo demandado.

Según constató la UPSRA, el propio juzgado notificó a López de la resolución por lo que el funcionario, en caso de demorar la determinación, se expone a una denuncia ante el fuero Federal por incumplimiento judicial, entre otros posibles delitos.

El último informe

Desde marzo de este año, la intervención de la obra social estaba a cargo de Jorge Carlos Alonso, quien antes había sido interventor de SOMU.

En un informe elevado por Alonso a la Superintendencia dos meses después de asumir, Alonso denunció una serie de irregularidades en la administración de la obra social.

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En referencia a los recursos humanos, detalló un “alto número de personal contratado con una antigüedad no superior a los tres meses, superposición de tareas y abultados gastos de mantenimiento de vehículos, siendo que la institución no cuenta con ningún elemento de movilidad”.

También habló de «pagos duplicados a algunos prestadores de salud” y detalló la salida de transferencias por más de 330 millones de pesos durante el primer trimestre de 2023, “sin respaldo alguno más que la firma de la Orden de Pago por el interventor cesado”, en referencia a Sigifredo Benegas, quien había ocupado el cargo antes que él.

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