Reacción sindical ante el proyecto de ley por el cual el Estado ya no garantizaría la educación pública
Una ley que busca “privatizar la educación”: el nuevo foco de conflicto entre los gremios y el Gobierno
El Gobierno quiere derogar y reemplazar la actual ley por una norma que «desregularía» la educación en todos sus niveles.
Un nuevo foco de conflicto surgió entre los gremios y el Gobierno nacional. En plena resistencia contra la reforma laboral, ahora se conoció un borrador de una polémica Ley de Libertad Educativa, que ya provocó la reacción de los sindicatos, que consideran que lo que busca es “privatizar la educación”, y terminará desmantelandola.
“El proyecto serrucha el sistema educativo. Lo derriba para reemplazarlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total de financiamiento, entre otros temas sensibles”, dijo, Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA).
Tras declarar el estado de alerta de su organización, expresó su “rechazo absoluto” al proyecto que circula en los medios, y señaló: “Lo primero que vamos a presentar es nuestra disidencia en el Consejo de Mayo a través de nuestro representante de la CGT”.
El proyecto que el Gobierno tituló «Ley de Libertad Educativa» fue llevado al Consejo de Mayo con el objetivo oficial de derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006.
Qué pretende hacer el Gobierno con la Educación
La iniciativa habilita la educación en el hogar (el “home schooling”) como una de las “formas alternativas de enseñanza”, junto con la educación híbrida (que combina instancias presenciales y virtuales) y a distancia, sin establecer una edad mínima. Para la educación en casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”.
También autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Y permite, junto con los planes de estudio “comunes” -que se elaboran en los ministerios- la posibilidad de planes de estudio “propios”, diseñados por cada escuela.
En medio del polémico articulado, el Gobierno cuela además una de sus obsesiones: la «esencialidad» de la educación básica, que impediría los paros docentes, algo que ya quiso llevar adelante a través de otras normativas -y en muchas más actividades además de la docente- que fueron frenadas por la Justicia. En este caso, una vez más, el proyecto indica que toda protesta deberá garantizar la “continuidad mínima del servicio educativo”.
Romero anticipó que le planteará sus quejas por esta “reforma inconsulta” a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Soy un hombre de diálogo y voy a intentar hablar con las autoridades para ver el grado de veracidad de esto. Pero en el caso de que ese diálogo no sea fructífero, a través del representante que tenemos en el Consejo de Mayo vamos a presentar nuestra disconformidad con respecto a este proyecto”, insistió.
El dirigente de la UDA, secretario de Políticas Educativas de la CGT, aseveró que si el Gobierno insiste con esta iniciativa, la idea de los sindicatos es decidir medidas de fuerza. “Por eso es que ya nos ponemos en alerta”, dijo.
Un proyecto que privilegia la gestión privada
“Lo alarmante del proyecto es que deroga en su totalidad la Ley 26.206 de Educación Nacional, como también buena parte de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, entre otras», detalló Romero.
A la vez, destacó que “en este borrador desaparece la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, siendo que la inversión educativa hoy es un menester principal para cualquier Nación que pretenda su desarrollo”.
Para Romero, “lo antedicho se pretende dar en un marco que en gran medida desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica del sistema educativo, cuando en realidad hay que hacer todo lo contrario para garantizar una educación pública de calidad e inclusiva”.
«En el aspecto laboral -apuntó- avanza sobre derechos al punto que elimina la estabilidad laboral del trabajador docente y ni siquiera habla de paritarias, desconociendo derechos básicos sobre la negociación colectiva que poseen los trabajadores de cualquier actividad”.
Periodistas denunciaron al Gobierno de Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Por último, hizo hincapié en que “otro aspecto preocupante de este borrador es que se financia la educación de gestión privada en detrimento de la educación de gestión pública, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población”.
CTERA: «Arremete contra la garantía de la educación pública»
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también rechazó “enérgicamente el documento que circula bajo el nombre de ‘ley de Libertad Educativa'» por considerarlo “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular”.
El gremio que conduce Sonia Alesso dijo observar “con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la ‘libertad’, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad».
Hacé tu comentario