21 de Julio
de 2026
El Lado "G".

Godoy les auguró poca vida a los decretos que limitan los aportes sindicales: «Son inconstitucionales»

21. 07. 2026

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, se refirió al decreto 612/26 que el Gobierno publicó el viernes y restringe los ingresos de las organizaciones gremiales.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional tras la publicación del Decreto 612/26 que restringe los aportes que los trabajadores pueden hacer a los sindicatos y afirmó que tanto este decreto como el anterior 407/26 -que los limitaba aún más- «son inconstitucionales».

Para el jefe de la central, la medida -que originalmente surgió del despacho de Federico Sturzenegger– no es un hecho aislado sino que se inscribe dentro de un plan sistemático de la Casa Rosada para minar la estructura de financiamiento de las organizaciones sindicales, una obsesión del ministro de Desregulación.

“El Decreto 612/26 forma parte del ataque del Gobierno a la capacidad de acción colectiva de los trabajadores”, disparó Godoy.

El dirigente sostuvo que la única finalidad del decreto es desfinanciar a los gremios. “Dificulta de manera directa la obtención de los recursos indispensables para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos, especialmente aquellos (recursos) que provienen de las denominadas cuotas de solidaridad pactadas de manera legítima en las negociaciones colectivas”, dijo.

Los topes a las contribuciones sindicales

La secuencia de medidas oficiales orientadas a restringir los ingresos de los sindicatos se inició con la reforma laboral, que impuso un tope del 2% sobre las remuneraciones para lo que se conoce como «contribuciones solidarias» y que son aportes que hacen los trabajadores a las asociaciones que los representan.

Godoy, Hugo Godoy
Godoy cuestionó que el Gobierno limite los aportes de los trabajadores y no los de las empresas.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo endureció ese cepo mediante el Decreto 407/26, que definió que el tope, además, debía calcularse únicamente sobre el salario básico de convenio, dejando de lado cualquier ingreso -ya fuera parte del salario, mensual y habitual o extraordinario- que superara esa suma.

El viernes último se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 612/26 que modifica el anterior y amplía la base de cálculo pero sigue sosteniendo el tope del 2% y dejando afuera numerosos rubros que suelen conformar las remuneraciones mensuales.

El Gobierno se ocupó de dejar trascender que este nuevo decreto había surgido de conversaciones con la CGT y por mérito del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los Menem -Martín y Eduardo-. A diferencia de lo que impone para los trabajadores, la normativa no establece topes para los aportes extraordinarios que hagan las empresas, pero impide que sean derivados a la actividad puramente sindical.

«Ahora el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio con más los adicionales de periodicidad mensual y de base convencional, como antigüedad, presentismo o bonificación por título, pero continúan quedando afuera otros rubros esenciales que forman parte de la remuneración real y total de un trabajador, tales como las horas extras, el aguinaldo o los premios por producción», desmenuzó Godoy.

Godoy y las contradicciones del Gobierno

El conductor de la CTA Autónoma confió en que la ofensiva oficial no se sostendrá por mucho tiempo. “Ambos decretos son inconstitucionales”, aseveró Godoy, marcando que la única diferencia radica en que la inconstitucionalidad era todavía más flagrante en el Decreto 407/26 que en esta nueva disposición.

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Para el líder sindical, el trasfondo sigue siendo el mismo: asfixiar económicamente a las estructuras gremiales, una avanzada que comenzó formalmente con el DNU 70/23 y cuya impugnación en los tribunales se encuentra actualmente a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otro lado, Godoy expuso una supuesta contradicción política del gobierno libertario al señalar que las autoridades parecen ensañarse con los recursos que aportan los propios trabajadores.

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«Queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales», sentenció Godoy.

«Cuando el financiamiento proviene del aporte genuino de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales», concluyó.

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