¿Precedente? Docente porteña insta a la Justicia que la vacunen o la eximan de dar clases presenciales por convivir con una persona de riesgo

La maestra vive con su marido, que padece esclerosis múltiple. Exigió ser exenta de dar clases presenciales por el riesgo de contagio que podría afectar gravemente a su cónyuge. Una fiscalía se pronunció a favor de rechazar el caso, pero la jueza a cargo ordenó la continuación del amparo.

Un fiscal aseguró que la posibilidad de una docente, cuyo marido es de riesgo, se contagie de Covid-19 es «conjetural» y se pronunció por rechazar un amparo para que se suspenda su obligación de prestar tareas de forma presencial en colegios de enseñanza primaria.

A pesar del dictamen fiscal, la jueza a cargo del Juzgado N° 6 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Patricia López Vergara, ordenó continuar con la tramitación del amparo de la docente contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La docente pidió que la Justicia le ordene al Gobierno porteño arbitrar los medios necesarios para que pueda ser vacunada contra el coronavirus, y que hasta entonces se suspenda su obligación de trabajar en forma presencial.

En su presentación, la docente apunta a la cartera encabezada por Soledad Acuña y tilda de «arbitraria, irrazonable e ilegal la decisión del Ministerio de Educación de la CABA de no otorgar dispensa a docentes que conviven con una o más personas de alto riesgo ante contagios y aduce que ello conculca su derecho a la igualdad pues a estudiantes sí se les reconoce dicho permiso».

Sin garantía del derecho a la salud «en calidad de Estado y empleador»

La docente, que presta tareas en la Escuela Ricardo Rojas D.E. 16 y en la Escuela Congreso de Tucumán Intensivo en Nuevas Tecnologías D.E. 16, ambas de educación primaria, subrayó que el Gobierno de la Ciudad «no respetó el orden de vacunación de la población prioritaria conforme el ‘Plan estratégico para la vacunación’ por lo que incurrió en una omisión a su obligación de garante de su derecho a la salud y de su familia, en su doble calidad de Estado y empleador».

Hace cinco días, el gobierno porteño anunció que suspendió la vacunación al personal docente y le dio prioridad a las personas mayores de 70 años, a pesar de que aumentan los contagios en las escuelas desde el regreso de la presencialidad.

La jueza López Vergara consideró que debe tramitarse el amparo y corrió traslado de la demanda al gobierno porteño para que se exprese. «Se pretende resguardar los derechos a salud y a la vida de la actora y su cónyuge quien se halla en una posición desventajosa a raíz de su enfermedad de base», sostuvo la magistrada.