22 de Septiembre
de 2021
Actualidad.

Polémica en Córdoba por los judiciales que no pueden volver a trabajar por no estar vacunados

14. 09. 2021

La provincia resolvió licenciar sin goce de sueldo a los empleados que hayan optado por no vacunarse. Un grupo fue a la Justicia y presentó un amparo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba resolvió mantener como sanción la licencia sin goce de sueldo a aquellos empleados que decidan no vacunarse ni presentar un PCR semanal como estipula el protocolo establecido por la justicia de esa provincia para la vuelta al trabajo presencial.

Se trata de una resolución que está en sintonía con la que tomó el Estado cordobés en otros ámbitos. La diferencia es que los judiciales presentaron en las últimas horas un amparo federal.

«Es en defensa de los derechos y garantías de rango magno que han sido avasallados por una resolución autoritaria y contraria, apuntando al artículo séptimo y a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos«, explicó Fabián Moscovich, representante legal de los empleados judiciales que no se quieren vacunar.

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«La resolución del TSJ atacada desde lo constitucional y por la Asociación de Magistrados de Córdoba no tuvo eco ni la respuesta que debió tener, dada la situación en cuanto a los derechos elementales que están en juego», agregó. Según el letrado, no es que se trata de personas antivacunas en general, sino que «están ejerciendo el derecho de consentir o no un tratamiento o experimento médico científic» y eso es «un derecho constitucional».

Polémica de fondo

La discusión sobre la obligatoriedad de la vacuna y qué hacer con los empleados que deciden no aplicarse las dosis recorre el mundo. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos confirmó un plan para inmunizar de manera obligatoria a cerca de 800 mil agentes federal, trabajadores públicos de distintos organismos que si no reciben las dosis no podrán realizar sus tareas.

La medida anunciada por Joe Biden generó distintas opiniones en un país que tiene una alta tasa de personas «antivacunas», y potencia el debate respecto de la posibilidad de hacer obligatoria la inmunización.

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En la Argentina, la vacunación se rige por la Ley Nacional 27.491, que dice en su artículo 7 que son obligatorias las vacunas del Calendario Nacional, las recomendadas por la autoridad nacional para grupos de riesgo y las indicadas para una situación de emergencia epidemiológica.

Al respecto, Moscovich dijo que sus representados quisieron ingresar a trabajar, pero al no tener la vacuna fueron «expulsados, discriminados y los han dejado sin alimento a ellos y a su familia».

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