El nuevo salario mínimo cubre solo media canasta de indigencia: para las CTA, lo definió la UIA y no el Gobierno
Según la CTA Autónoma, el salario mínimo lo define la UIA en el estudio de Funes de Rioja.
Como en todas las ocasiones desde que Milei es presidente, el salario mínimo se dispuso por decreto y a tono con la propuesta empresaria.
Tras la reunión sin acuerdo en el Consejo del Salario y la actualización por decreto -una vez más- del Salario Mínimo, Vital y Móvil, desde la CTA Autónoma afirmaron que hubo un acuerdo entre el Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) para seguir aplastando la remuneración, que ya cubre poco más de la mitad de la canasta de indigencia calculada por el INDEC.
Este miércoles, el Poder Ejecutivo oficializó, a través de la resolución 9/2025 publicada en el Boletín Oficial, un aumento unilateral del 1,99% para el salario mínimo, correspondiente a noviembre. La disposición también establece un nuevo esquema de actualización mensual que se extenderá hasta agosto de 2026 y establece un tope para la prestación por desempleo.
Según lo dispuesto, el salario mínimo será de $328.400 en noviembre, y en agosto del año próximo recién llegará a $376.600 de acuerdo con un cronograma que el Gobierno dispuso en el mismo decreto con la intención de eludir la ley que obliga a que el Consejo del Salario se reúna cada dos meses. En tanto, la última medición de la canasta de indigencia, publicada el mes pasado y correspondiente a octubre, está en el orden de los $545.000.
Para los que cobran el salario mínimo, 6.400 pesos más
Tanto para la CTA de Hugo Godoy como para la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, el nuevo decreto consolida “un proceso de vaciamiento” del ámbito de diálogo y profundiza el deterioro de los ingresos de los trabajadores.
Las dos centrales habían marchado y presionado, junto con organizaciones sociales, para que el Consejo del Salario definiera un aumento real y significativo del haber pero eso finalmente no sucedió.
En cambio ocurrió lo mismo que en cada reunión del Consejo del Salario desde que Javier Milei es presidente: las centrales obreras plantean su propuesta, que en este caso fue equiparar el salario mínimo con la canasta de indigencia, las cámaras empresarias hacen la suya –ofrecieron un 1,22% de aumento- y el gobierno «lauda» siempre casi en línea con la postura empresarial. En esta ocasión, en vez de los $4.000 de aumento ofrecido por los empresarios, dieron un incremento de $6.400.
Godoy cuestionó con dureza la decisión oficial. “Hubo acuerdo en la reunión del Consejo del Salario entre el gobierno y los empresarios para boicotear ese ámbito y facilitar al gobierno un aumento por decreto. Son un grupo de empresarios basados en economía de exportación, extractivismo, de commodities, reunidos en la UIA, y un gobierno que aplica la política basado en esos intereses”, denunció.
«Redactado en la UIA»
Godoy vinculó además este esquema con el proyecto de reforma laboral que impulsa el oficialismo. “El proyecto del gobierno, cuyos detalles aún no conocemos, es muy parecido al capítulo laboral del DNU 70/23, suspendido por la justicia por inconstitucional».
«Ese texto fue redactado en el estudio jurídico de (Daniel) Funes de Rioja, que fue hasta hace dos años presidente de la UIA y un aliado estrecho de Paolo Rocca, presidente de Techint y con influencia en YPF. Ese es el acuerdo de fondo que está funcionando en la Argentina: excluye, margina y explota a los trabajadores”, afirmó.
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En la misma línea, el titular de la CTA Autónoma advirtió que el nuevo salario mínimo se ubica en niveles críticos.
“Mantener el salario mínimo en estos valores —la mitad de la canasta de indigencia para un trabajador sin familia— es un ancla que tira para abajo toda la escala salarial: desde quienes tienen convenio colectivo hasta quienes no tienen paritarias como los rurales o estatales municipales”, señaló.
El dirigente recordó también que prestaciones como Potenciar Trabajo continúan congeladas en $73.000 desde noviembre de 2023, y alertó sobre el impacto económico más amplio.
“Es un mecanismo de control social, de regulación a la baja de los ingresos y de maximización de las ganancias del sector empresario ligado a las importaciones, destruyendo el mercado interno por la caída del consumo. Hoy están cerrando unas 30 empresas por día en Argentina”, concluyó.
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