19 de Mayo
de 2024
Actualidad.

Nueva Ley Ómnibus: del primer borrador al último, Milei ya coló seis empresas más para privatizar

10. 04. 2024

El nuevo proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno envió al Congreso prevé la venta total de Aerolíneas Argentinas y la TV Pública, entre otras.

Aunque dejó a YPF fuera de la lista, ahora Javier Milei va por más y aumentó de 12 a 18 las empresas que busca privatizar. Así lo establece el nuevo proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno nacional envió hoy al Congreso y a las provincias, y que abarca cuestiones fiscales, económicas y de reforma del estado.

De esta forma, y si bien ya no son 41 como en el proyecto original, se trata finalmente de un número mayor del que estaba en el primer borrador de esta segunda versión, y que se había difundido en los últimos días. 

A diferencia de la primera Ley Ómnibus que contaba con más de 600 artículos, este nuevo proyecto contiene 270. Y el Capítulo 2 es el que detalla qué compañías estatales Milei quiere dejar en manos privadas.

Qué dice la renovada Ley Ómnibus

En primer lugar, hay cuatro empresas para las cuales se impulsa su privatización al 100%. Ellas son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina (que administra la TV Pública y Radio Nacional), e Intercargo. 

A su vez, hay cinco firmas que, de aprobarse la ley, quedarían sujetas a privatización y concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).

Ley Ómnibus, Banco Nación
En la nueva Ley Ómnibus, el Banco Nación aparece en la lista de empresas a privatizarse parcialmente.

El resto, en tanto, “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. 

Entre estas se encuentran Nucleoeléctrica Argentina S.A., la cual tiene a su cargo, Atucha I y II y la Central de Embalse; el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

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A diferencia del proyecto de Ley Ómnibus previo que volvió a foja cero, este borrador quita de la lista a algunas de las empresas que más controversias generaron para su aprobación, tales como YPF, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A (ARSAT), Dioxitek SA, Ferrocarriles Argentinos SE y Administración General de Puertos SE.

El caso de Dioxitek no es de las más conocidas pero, sin embargo, tiene un carácter estratégico ya que realiza el procesamiento del uranio concentrado para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia.

Cómo sería el proceso de privatización

Respecto del Banco Nación, el banco más importante del país, también objeto de conflicto con la oposición en la primera Ley Ómnibus, queda dentro del listado de las empresas que solo se pueden privatizar parcialmente.

Por su parte, la agencia nacional de noticias, Télam, se encontraba sujeta a pivatización en el primer proyecto, pero como se sabe finalmente decidieron cerrarla, algo que todavía no se concretó -porque, pese a los deseos del Gobierno, el eventual cierre debería tener la aprobación del Congreso- aunque desde hace un mes los trabajadores están dispensados de cumplir tareas y el edificio está cerrado.

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La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la misma Ley Bases, intervendrá en las privatizaciones en colaboración con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.

La normativa indica que “durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos. La empresa en liquidación deberá respetar las normas de procedimientos para la enajenación de tales bienes”.

Asimismo establece que “los bienes muebles e inmuebles que compongan el activo remanente de la empresa en liquidación que estén a nombre del Estado Nacional deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado”.

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