28 de Noviembre
de 2022
Actualidad.

Más apoyo sindical para Cristina Kirchner: el SOMU aseguró que se trata de una «persecución judicial»

23. 08. 2022

El gremio que lidera Raúl Durdos se declaró en estado de alerta ante la maniobra para «proscribir» a la vicepresidenta. Lo mismo hicieron ATE y las tres centrales sindicales.

Ante el pedido de prisión para Cristina Kirchner, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) se declaró en estado de alerta y movilización «en la defensa de las instituciones», y aseguró que se trata de una «persecución judicial» para proscribir a la vicepresidenta.

De esta manera, el gremio que lidera Raúl Durdos se sumó a las manifestaciones realizadas por otros gremios, como ATE y las tres centrales sindicales del país, que también condenaron el pedido de 12 años de prisión y la prohibición del ejercicio de cargos públicos para Cristina Kirchner.

El SOMU expresó, por medio de un comunicado de prensa, su «preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social».

Y apuntaron que «la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales y que con el pretexto de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anularla políticamente».

Para el SOMU, hay una «carencia absoluta de pruebas»

Además, advirtieron: «Aquí vemos una aplicación antojadiza del derecho, una carencia absoluta de pruebas y un despliegue mediático cuya única finalidad es dañar al peronismo y proscribir electoralmente a la Vicepresidenta».

Por eso decidieron declararse en estado de alerta «en la defensa de las instituciones y los derechos fundamentales para los trabajadores como una justicia independiente».

Por su parte, el titular de los estatales porteños de ATE, Daniel Catalano, expresó que «CFK es la líder del movimiento popular. Si vienen por ella, vienen por todxs. Nos declaramos en Estado de alerta».

En el mismo sentido se manifestaron desde la CTA de los Trabajadores, que en el día de ayer salió a denunciar lo que consideraron una «conjura de los fiscales para proscribir a Cristina».

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Asimismo, advirtieron que «no dudarán un instante en volcarse a las calles para acompañar a la Vicepresidenta» en caso de que este «proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución».

También remarcaron que «no hay una sola prueba que les permita sostener esta ‘patraña de fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida ‘asociación ilícita’ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como (el expresidente) Néstor (Kirchner), (exministro) Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular’».

Más voces en apoyo a Cristina Kirchner

Luego agregaron que «esta conjura antidemocrática de la Fiscalía en la causa conocida como ‘Obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico».

Y concluyeron: «No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular».

La CTA Autónoma, en tanto, también difundió un comunicado de prensa para repudiar lo que consideró «un show mediático de un fiscal», el cual «muy poco se pareció a un alegato». Y agregaron que «esperamos que imponga la verdad y este intento de proscripción no prospere».

Por último, hay que recordar que ayer desde la CGT también habían dejado en claro su postura condenatoria, al rechazar la «absurda calificación jurídica» contra Cristina Kirchner.

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Y, entre otras consideraciones, apuntaron que «un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita», además de asegurar que «no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner».

En tanto, esta mañana, desde el Congreso de la Nación, la vicepresidenta hizo su descargo por la llamada causa «Vialidad», luego de que el Tribunal le rechazara su pedido para ampliar su declaración indagatoria.

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