Malestar sindical con Rodríguez Larreta y Quirós por cobros compulsivos en las obras sociales
Denuncian que un buffet de abogados tiene un poder para cobrar falsas prestaciones de los hospitales públicos a afiliados de obras sociales.
Un verdadero escándalo se desató en las obras sociales sindicales a partir de que, en las últimas semanas, comenzaron a llegarles extensos informes reclamándoles pagos por supuestas prestaciones que la salud pública porteña le dio a sus afiliados recientemente. Además, en todos los casos se trata de montos millonarios y por servicios que llaman la atención.
Ante el hecho, los sindicatos comenzaron a investigar qué había ocurrido y llegaron a la conclusión de que todo se trataría de una maniobra fraudulenta del Gobierno de la Ciudad, y no dudaron en apuntar puntualmente hacia el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós.
De acuerdo a lo explicado por un sindicalista a Gestión Sindical, todo comienza con un poder que firmó Quirós a un buffet de abogados para que pueda gestionar la «Facturación y cobranza de los efectores públicos (FACOEP)», que los auditores en efecto ya comprobaron que son inexistentes.
«Te mandan un listado enorme. Y si no impugnaste en el plazo de 20 días tenés que pagar la totalidad de la factura y después en todo caso reclamar», explicó la fuente consultada, asegurando que todo tiene un notorio «afán recaudatorio, como lo que pasó con las grúas».
Una estafa millonaria a las obras sociales
También remarcó que «si un afiliado va a un hospital público es lógico que nos lo facturen, pero lo que nos envían no es cierto. Puede ocurrir con una guardia, pero es muy improbable que ocurran muchos casos y vayan a realizar tratamientos prolongados al sistema de salud público en lugar de los sanatorios privados que les ofrecemos».
En la misma línea agregó que «puede ser un caso circunstancial. Una excepción. Pero la realidad es que un afiliado a una obra social o a una prepaga no va a atenderse a un hospital público».
El modus operandi es muy simple: por medio del poder con el que fueron facultados, los abogados le envían a las obras sociales un listado de presuntas prestaciones que dieron en favor de afiliados, junto con las facturas correspondientes y el monto de los intereses por el plazo que tiene de deuda.
En caso de no responder según los plazos, comienzan inmediatamente un juicio ejecutivo para su cobranza. Y aseguran que en todos los casos se trata, al menos, de 7 cifras.
El mismo dirigente sindical que realizó la denuncia a este medio profundizó ente la semejanza de este hecho con lo que ocurrió con las grúas porteñas, asegurando que tiene el mismo espíritu delictivo: «Te llevaban el auto y cobraban más allá de que estuviese bien o mal estacionado el vehículo, y si correspondía o no cobrar la multa».
Las grúas, la «caja chica» de la Ciudad
Hay que recordar que por ese tema el Gobierno nacional le pidió explicaciones a la Ciudad sobre el vínculo con Marcelo Violante, a cargo de la concesión del negocio del acarreo en CABA, luego de una filtración de chats donde quedaba en claro el nexo entre el Gobierno porteño con el negocio de las grúas.
En su momento la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que la empresa, investigada desde 2014, «recibía una cantidad inusitada de dinero», que luego se transfería a la Ciudad para ser utilizada como una «caja chica» para financiar la campaña en los últimos años.
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«Quienes hemos investigado los negocios de la Ciudad de la Buenos Aires, venimos denunciando hace muchísimos años todo el sistema de grúas y acarreos, lo que le implicaba a los ciudadanos que de repente le llevaban el auto con solo el efecto recaudatorio», sostuvo la portavoz.
Y aseguró que «los ciudadanos saben de qué estamos hablando cuando se llevaban el auto y le cobraban fortunas porque estaba supuestamente mal estacionado y eso nunca se podía determinar».
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