«Las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan»

por Victorio Pirillo

El secretario general de los Municipales de Vicente López ve cómo se repite una receta conocida: elites económicas que imponen narrativas para conservar privilelgios y trasladar la crisis a los trabajadores.

Estamos inmersos en una disputa por la hegemonía del sentido, en una época donde la argumentación cede terreno frente a la construcción interesada de relatos. En ese escenario, actores dotados de un poder económico y financiero descomunal moldean discursos, distorsionan diagnósticos y protegen privilegios. No buscan persuadir: buscan instalar. Infiltran instituciones, concentran recursos y capital simbólico y operan con la convicción —a veces explícita— de que una sociedad puede ser derrotada sin violencia directa, apenas erosionando sus defensas culturales, productivas y sociales. Como advirtió Esquilo, en todo conflicto “la verdad suele ser la primera víctima”.

La sociedad no ha renunciado a la justicia social, pero sí ha desertado de aquellos que dicen representarla. Entre promesas incumplidas y discursos vaciados, la distancia entre la realidad y las utopías se volvió un abismo. La polarización permanente impide compartir ideas y reduce la vida pública a un enfrentamiento continuo donde el Estado ya no aparece como herramienta colectiva sino como botín en disputa. En ese clima, el pensamiento crítico retrocede y el mensaje social se vuelve cada vez más emocional, más supersticioso y más fácilmente manipulable.

En ese descrédito germinó una narrativa sustituta: la idea de que la política debe ceder su lugar a financistas, gerentes y empresarios, elevados al rango de únicos productores legítimos de riqueza. Mientras el poder económico se reviste de racionalidad técnica, la política es reducida a caricatura y convertida en “casta”, un actor presentado como estéril, parasitario y prescindible.

Este desplazamiento no es solo cultural: es estructural. Lo que alguna vez fue el reformismo social internacional parece haber sido reemplazado por una trama difusa de intereses globales que condicionan gobiernos y parlamentos sin someterse al control ciudadano. No se trata de conspiraciones visibles, sino de presiones silenciosas, lobbies persistentes y decisiones tomadas lejos de la deliberación pública.

La historia reciente argentina ofrece ejemplos concretos. En cada crisis, muchas empresas recibieron alivios financieros o rescates estatales mientras el empleo continuó deteriorándose. La ecuación parece invariable: las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. El empresario acumula; el trabajador absorbe el costo.

La fábrica del ajuste permanente

El caso de Javier Madanes Quintanilla resulta un ejemplo cuasi perfecto. Dueño de Fate y de Aluar, su trayectoria estuvo históricamente ligada al respaldo estatal, un empresario cuya expansión estuvo sostenida por decisiones públicas, incluyendo la estatización de deudas privadas por un valor de 280 millones de dólares en los años ochenta que terminaron pagando los ciudadanos argentinos.

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Ese esquema no es abstracto. En 2016, desde Fate, impulsó el intento de despedir a 500 trabajadores del denominado “turno rojo”. El conflicto terminó beneficiándolo: mientras la tensión recaía sobre los trabajadores, la empresa obtenía ventajas significativas del gobierno de Mauricio Macri, consolidando una lógica donde la crisis funciona como herramienta de chantaje y negociación.

Lejos de ser un episodio aislado, el ajuste se volvió práctica recurrente. En 2019 se eliminaron unos 450 puestos; en 2021 y 2022 se repitieron recortes en medio de conflictos gremiales que afectaron producción y exportaciones mientras que por otro lado obtuvo durante la gestión de Alberto Fernández la implementación de medidas de protección comercial, específicamente aranceles antidumping sobre la importación de aluminio, que beneficiaron a su emporio empresarial. Cada episodio fue presentado como inevitable, aunque el patrón evidenciaba estrategia antes que fatalidad.

La tensión volvió a escalar en julio de 2024, cuando la firma solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la administración de Javier Milei. El argumento fue el habitual: costos altos, demanda en caída y pérdidas crecientes. El resultado también: reestructuración y despidos, siempre justificados en nombre de una “nueva realidad”. En 2026 como buen provocador profesional que es, vuelve a incentivar el conflicto con el sector del trabajo generando 920 despidos para volver a la mesa de negociación con el Estado que siempre ha sido su eterno benefactor y generador de riqueza.

El poder como se ve elige siempre el teatro de acción, porque su interés más allá del dinero es querer doblegar a las personas, impulsar una acción corrosiva que genere frustraciones reiteradas con el fin de quebrar la voluntad de estas para que las mismas acepten las situaciones mansamente y no se resistan.

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Pero cuando la realidad golpea siempre al mismo sector, deja de ser diagnóstico y se convierte en doctrina y esta es la mecánica de gran parte del llamado empresariado argentino, un grupo de psicópatas que no son otra cosa más que una “banda de aprovechados”

El ajuste siempre cae sistemáticamente sobre los trabajadores, mientras la responsabilidad social empresaria se diluye en balances y declaraciones, los mismos sectores que reclamaron solidaridad en tiempos difíciles (como en el 2002 cuando fueron pesificadas sus deudas en dólares) hoy arteramente responden con despidos, especulación y presión política. Para los grandes actores económicos, esperar suele ser rentable; para los trabajadores, la espera se mide en angustia y deudas.