jueves 28 de mayo de 2020
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La Justicia le pidió a Marcos Peña Braun la Policía para desalojar a los trabajadores del Hotel Bauen

La jueza Paula Hualde le requirió apoyo al Gobierno y obligó a los trabajadores a abandonar su fuente de ingreso tras el veto de Macri a la expropiación.

La jueza Paula María Hualde le requirió la Policía al Gobierno para desalojar el hotel Bauen el miércoles 19 de abril. En una carta dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, la magistrada le comunicó su fallo en el que pretende obligar a los trabajadores a abandonar su fuente de ingreso, tal como quería Mauricio Macri al vetar su expropiación.

El 1 de marzo Hualde había resuelto quitarle a la Cooperativa de Trabajo Bauen Limitada el edificio que explotan y restituírselo a su anterior propietario, Mercoteles SA. Los exdueños vaciaron el hotel y dejaron a los empleados en la calle. Ante esto, en 2003 decidieron organizarse y volver a trabajar de lo que sabían, esta vez sin patrón.

Recién en 2007 los anteriores explotadores de la empresa lograron activar una causa para desalojar a los trabajadores. La decisión final del Juzgado Comercial 9, que hace 10 años posee el expediente, va en línea con un requerimiento del Presidente. En medio de sus vacaciones del diciembre pasado, Macri vetó la ley votada en el Congreso que habilitaba la expropiación del edificio en favor de sus trabajadores.

Ahora los trabajadores cuentan con el nuevo apoyo del Poder Legislativo, ya que sólo si consiguen dos tercios de los votos en Diputados y Senadores pueden dar de baja el decreto 1302/2016 del Ejecutivo y conseguir para ellos el inmueble. Esa es la estrategia a la que apuestan, según reveló Federico Tonarelli, vicepresidente de la empresa recuperada.

En caso de que cedan el edificio por su cuenta antes del 19 de abril, la Justicia estableció que tendrán derecho a percibir $ 3 millones, a dividirse entre todos los miembros de la cooperativa. En este último escenario, quedarían sin fuente de trabajo.

En un nuevo oficio, Hualde puso en conocimiento a Peña “dado el particular interés público que reviste” de su fallo y le requiere “la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.

Vencido el plazo establecido del miércoles próximo, la jueza caducará el derecho a remuneración por parte de la cooperativa y, le pidió al jefe de Gabinete, “dispondrá las medidas necesarias tendientes a efectivizar la medida (el desalojo) con auxilio de la fuerza pública”.

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