Industricidio: cierran 25 pymes por día en la Argentina de Macri

En sus poco más de tres años, el gobierno de la Alianza Cambiemos destruyó más de 110 mil puestos de trabajo industriales. Se trata de un genocidio industrial, una sangría que no se detiene. El “cráter social” que deja cada planta que no abre más supuestas tiene gran impacto en el interior. Los datos se equiparan a los de la crisis del 2001, lo que genera alarma y angustia.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Hace 90 días, los trabajadores de la metalúrgica Canale mantienen un acampe frente a la planta ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol. Luego de la quiebra de la empresa, los empleados formaron una cooperativa y esperan que la justicia los autorice para comenzar el proceso de recuperación. No será nada fácil. Pero los casi 100 trabajadores están entusiasmados. Ese entusiasmo les permitió pasar Navidad y Año Nuevo en el lugar, brindando entre compañeros. Además, tienen una parrilla que sostiene un fondo de huelga, y hacen “changas” de todo tipo en el barrio. En estos tres meses recibieron muestras de solidaridad de otros grupos de despedidos, que proliferan en el conurbano.

Son los hombres y mujeres que el modelo económico que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri va dejando por el camino, y que luego de tres años se cuentan de a miles. Como ellos, en todo el país hay una toma, un acampe, un corte, una protesta. El cierre de fábricas y los despidos en el sector industrial crece a medida que la crisis se profundiza, y parece no detenerse. “Es un industricidio planificado”, afirman tanto empresarios como dirigentes sindicales, que incluso llevan adelante una alianza inédita para enfrentar la avanzada neoliberal de la gestión Cambiemos.

Los datos sobre la caída de la industria son dramáticos. El cierre de empresas, en especial pequeñas y medianas, afecta a todos los sectores. En el conurbano bonaerense hay textiles, metalúrgicas, mecánicas, curtiembres, empresas multinacionales o pequeños talleres familiares que no pueden soportar la combinación explosiva de recesión, devaluación, inflación y presión tributaria.

En el interior del país la situación no es muy distinta. Cada empresa que deja de funcionar es un cráter social, como sucede en la localidad entrerriana de Gualeguaychú, donde el cierre de Imperial Cord –la única productora de neumáticos para motos del país –dejó a 140 personas en la calle, y parte de un pueblo desolado. El golpe a la producción en el Gran Rosario y gran Santa Fe es tan devastador que el gremio metalúrgico UOM está reclamando se declare la “emergencia industrial”. En el Gran Córdoba, cuna de la industria automotriz y las grandes rebeliones obreras, el año pasado creció el desempleo por encima del promedio nacional, y hoy se sospecha que ya está en dos dígitos.

Los despedidos se unen y tratan de salir adelante. Pocos logran volver a sus puestos de trabajo. La solidaridad del barrio se hace notar, y en muchos casos enfrenta juntos la ofensiva del gobierno. En Esteban Echeverría, los vecinos cercanos a la planta 2 de Cresta Roja se enfrentaron a la policía, cuando reprimía a los despedidos, que participaban de un acampe. “Este modelo sólo cierra con la fuerza”, suelen decir los trabajadores y gremios. Como todo genocidio.

Los números del desastre

Una de las singularidades de este año electoral es el hecho que Mauricio Macri buscará su reelección, si así lo decide, con todos los indicadores económicos en contra. No hay un solo índice que haya mejorado desde que llegó a la Casa Rosada, y muchos están en niveles tan negativos como los de la crisis del 2001.

En el caso de la industria, los datos, no importa quién los difunda, son estrepitosos, y demuestran el genocidio del sector productor en la Argentina. Según la información oficial del INDEC difundida a fines del 2018, en noviembre se produjo el desplome industrial más importante desde el año 2002: una caída del 13,3 por ciento.

El Estimador Mensual Industrial del organismo oficial mide 12 rubros, en los cuales 10 presentaron retrocesos superiores al 10 por ciento, incluyendo el desastroso 32,2 por ciento de la industria textil, uno de los sectores más golpeados por el “industricidio” iniciado en 2015.

Estos son los últimos datos oficiales disponibles, que coinciden con los que muestras otras entidades, como la Unión Industrial Argentina (UIA), que ideológicamente apoyó a Cambiemos, pero en el último tiempo elevó su tono crítico, por obvias razones. Según la entidad, en noviembre pasado la actividad industrial cayó 9,4 por ciento en comparación con el mismo mes de 2017.

“En el acumulado a noviembre, la actividad presentó un resultado negativo de 2,7 por ciento”, destaco el informe de la UIA, que aseguró que los datos preliminares de la producción industrial de diciembre 2018 muestran que “continúa una marcada caída debido a que los despachos de cemento se contrajeron 17,9 por ciento, otros materiales de la construcción 31,7 por ciento y la producción automotriz presentó una caída de 38,5 por ciento con relación al mismo mes del año pasado”.

La destrucción de la industria es un agujero negro en la economía argentina, y deja a miles de trabajadores en la calle. Porque más allá de los porcentajes, el “industricidio” lo padecen los empleados que deben luchar por el pago de indemnizados, los cesanteados que pasan días y noches frente a las plantas reclamando por su derecho a trabajar.

El desplome de la industria manufacturera, según el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, destruyó más de 100 mil puestos laborales. “La caída del empleo en la industria se empeoró en el tercer trimestre de este año, acumulando tres años ininterrumpidos de retroceso”, destacó el informe, al que tuvo acceso Gestión Sindical.

“En comparación de septiembre de 2015 la cantidad de trabajadores cayó un 8,6 por ciento”, lo que significa “107.933 trabajadores menos”. “Para encontrar una cantidad de trabajadores menor a la registrada en septiembre de 2018 es necesario remontarse al menos hasta el año 2008”, determinó el informe de la central obrera. A su vez, agrego el análisis, “si bien el deterioro de los últimos tres años no ha tenido interrupciones, en lo que va del 2018 la velocidad del retroceso se ha incrementado, incluso en comparación con la caída del año 2016”.

Ataquen a las Pymes

La catástrofe industrial golpea con especial fuerza a las pequeñas y medianas empresas. Como denunció el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de 2015 ya han cerrado sus puertas más de 9.600 pymes, “en una situación que pone en jaque miles de trabajos ya que ese sector representa, aproximadamente, el 70 por ciento del empleo privado registrado”. Además, unas 15 mil dieron de baja su CUIT, lo que marca el fin de la actividad.

El dato de CEPA es escalofriante: 25 pymes cierran por día al no poder afrontar el pronunciado deterioro económico. “Sacaron el agua de la pecera pero dejaron los pescaditos adentro”, resumió Daniel Moreira, titular de Asociación Pyme e integrante del Frente Productivo Nacional.

En diálogo con Gestión Sindical, Moreira remarcó que “nosotros ya hablamos de ‘industricidio’ a finales del 2016, ya en ese momento vimos lo que era este modelo y lamentablemente va a seguir siendo”. “Lo que esta gente vino a hacer es destruir toda la industria, y transformarnos en un país que solamente exporte materia prima. Una reprimarización de la economía que no vimos ni en el menemismo”, sostuvo el dirigente.

Para Moreira, “no hay sector que se salve, es una crisis general, salvo que una empresa tenga un nicho muy específico, la situación es para todos. Cuando cierran empresas tan diferentes, una curtiembres, textiles, todo el proceso industrial lo han destruido absolutamente, todo lo que agregue valor está en crisis”.

Los problemas que sufren la industria no conocen de rubro o de lugar. Cierran fábricas como la multinacional Cofco de Lanús, dejando casi 200 operarios en la calle, o pequeños talleres de 5 empelados. Nadie está a salvo. En el interior, los cierres masivos precipitan la crisis social.

Un informe del Observatorio Laboral de la UOM Rosario alertó que en los tres años de gestión macrista, colapsaron 110 pymes metalúrgicas. Por eso reclaman que se declare la “emergencia industrial”. Por su parte, la Fundación Pro Tejer, que nuclea a pequeños y medianos empresarios textiles, también alzó la voz respecto de la realidad que vive el sector. Según sus datos, son el rubro “más castigado por lejos desde fines de 2015”, y sólo el año pasado acumulan una caída de la actividad del 13,2 por ciento”, y en tres años de gestión Cambiemos casi supera los 23 puntos porcentuales de desplome.

“Pusieron todos los venenos juntos, abrieron indiscriminadamente las importaciones, las tasas a las que tienen que trabajar la pyme son siderales, subieron de forma bestial la energía, hicieron un combo que destruyó la industria en toda su variedad”, analizó Moreira.

Cráter social

Los efectos de esta crisis van más allá de los números, ya que los que padecen estas políticas de desindustrialización son personas, hombres y mujeres que pierden sus empleos, pequeños empresarios que deben cerrar fábricas que fueron de sus padres o abuelos, todo en un contexto de angustia.

“Cada cierre deja un cráter social”, dice el titular de la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) Pedro Wasiejko. En los pequeños pueblos, que haya 50 despidos es una catástrofe, y familias enteras deben afrontar la cruda realidad del desempleo. “Imperial Cord, la única fábrica de neumáticos para motos del país, cerró en Gualeguaychú. Ahí trabajaban 140 personas, y en febrero van a quedar 8 empleados haciendo tareas de mantenimiento, una empresa inédita, pero la falta de protección de la industria nacional por parte del gobierno de Macri termina con esta decisión”, sostuvo el dirigente ante Gestión Sindical. Estos cráteres de los que habla Wasiejko no sólo están en el interior del país, sino que la provincia de Buenos Aires los viene sufriendo de manera constante.

En agosto, la empresa avícola Criave cerró sus puertas, dejando unos 500 operarios sin trabajo. Para la localidad de Roque Pérez, donde estaba la planta, la firma –que supo tener exportaciones a Asia y África en otro momento –generaba trabajo de forma indirecta a 1.500 personas. En ese caso, la firma no puso afrontar la importación de pollos de Brasil, y un pueblo lo pagó. Así fue también para Coronel Suárez cuando cerró Dass Zapatos, dejando 300 empleados sin trabajo, o cuando el Frigorífico Pehuajó dejó a 130 vecinos de la localidad homónima en la calle.

Incluso en los grandes centros urbanos el “industricidio” genera conmoción en la comunidad. Los vecinos de Llavallol, un barrio de casa bajas anclado en el corazón fabril de Lomas de Zamora, fueron uno de los sostenes de los operarios de Canale, que desde hace casi 100 días pelean por recuperar la firma. Con la solidaridad de organizaciones sociales, gremios y algunos sectores políticos, lograron que el juez de la quiebra de la razón social de la empresa les otorgara primero la guarda de los bienes, y luego los reconociera como cooperativa. “Ahora falta que se declare la quiebra final y nos permita comenzar con la recuperación”, remarca Nicolás Macchi, referentes de los despedidos.

La pelea por los puestos de trabajo se mantiene en el acampe, que tiene una parrilla solidaria, donde venden choripanes para sostener la lucha. Además, marcando la unidad con la comunidad, promocionan oficios y tareas, desde plomería y electricidad hasta parrilleros y lavado de autos. “Estamos haciendo ‘changas’ para sobrevivir, esperando que la justicia se acuerde de nosotros. La gente se acerca, nos llaman para hacer trabajos. Una forma de solidaridad que agradecemos”, remarcó Macchi, en diálogo con Gestión Sindical.

Hace un tiempo hubo un festival solidario, donde tocaron bandas y hubo baile, porque en medio de la crisis la alegría de la lucha no se pierde. Y para febrero preparan un carnaval propio, para reunir a las familias, los vecinos y la comunidad, para juntar fondos y además darle otro empujón al sueño de la recuperación.

Sin horizonte

El desplome de la actividad industrial en la Argentina, de la mano del modelo económico imperante, no tiene a la vista un freno, y en el último año de la gestión de Macri el panorama no será muy distinto. Por eso, en diciembre del 2018, unas 20 entidades pyme del país se reunieron en el Congreso, y reclamaron soluciones para la crisis del sector. “Ni una pyme menos”, fue el lema que llevaron a la legislatura, donde fueron recibidos por algunos diputados, que apoyaron su reclamo. “Nuestra postura es la misma desde un primer momento: la primer medida que debe tomar el gobierno es cambiar el plan económico, no hay medias tintas”, afirmó Moreira, de Asociación Pyme. Pese a que el dirigente sostiene que el oficialismo no dará ese paso, adelanta que “no dejaremos de reclamarlo”.

En tanto, el Frente Productivo nacional, que Moreira integra, buscará este año llevar una serie de proyectos de ley al Congreso, para favorecer la producción de la pequeña y mediana empresa, y frenar su genocidio. “Aprovechando que tuvimos más de 30 diputados en nuestra presentación en diciembre, incluyendo de Cambiemos, que dijeron que nos apoyaban, les vamos a exigir que le den tratamiento a esos proyectos”, destacó.

El parate de la industria no sólo afecta a las empresas y sus trabajadores, golpea al mercado interno y expande sus perjuicios como una nube tóxica. Hace poco más de un año, se anunciaron despidos masivos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), unas 258 cesantías que prácticamente paralizaron el organismo hasta ahora.

El “industricidio” y estos despidos tiene una relación marcada. “Hoy la actividad está resentida, el problema general es que la industria está parada, y por esto el INTI se resiente”, aseguró Daniel Luna delegado de la Junta Interna de ATE-INTI. Como le dijo a Gestión Sindical, ambas cuestiones van de la mano: “no necesitan un INTI para el actual modelo económico, sin industria no necesitan un instituto así, por eso buscan además privatizar sus áreas más rentables”.

En medo de esta “tormenta perfecta”, sin luz al final del túnel, es difícil ser optimista. Los pésimos números son similares a los que llevaron a la Argentina al terremoto del 2001, la crisis económica, social y política que terminó con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y generó un quiebre en la historia reciente. Los datos nos llevan, a priori, a ese escenario, pero Moreira ve algunas diferencias.

“En lo social, en el 2001 la gente no tenía nada, hoy tenemos 14 millones de personas con planes sociales, que es algo. No alcanza por supuesto, pero es una contención”, sostuvo. Desde lo productivo, agrego, “hoy estamos ante el peor gobierno de la historia democrática del país”. “Hay que apelar a la memoria colectiva, saber de dónde vinimos y a donde vamos. En 2001 veníamos del 5quinto subsuelo, y en 12 años de la gestión anterior crecimos, y las pymes sumamos 5 millones de puestos de trabajo. Eso no fue magia como dicen, fue producto de policías industriales concretas”, concluyó el dirigente pyme. El fantasma de la crisis total no amedrenta a quienes deciden pelear contra el genocidio de la industria.

Como le dice a Gestión Sindical Cristian Cardón, uno de los despedidos de Cofco: “Es complejo el panorama que estamos viviendo, tenemos compañeros que realmente la situación económica los corre de atrás, pero en general hay buen ánimo, somos conscientes que si no nos quiebran podemos dar un gran paso”. Con esa fuerza, los grupos de despedidos se juntan, se apoyan, y el próximo 14 de febrero marcharán a Plaza de Mayo para hacer visible el “industricidio”. Porque esta crisis es profunda, pero de eso el país y sus trabajadores saben. En Cofco, comenta Cardón, “hay compañeros de 25 años de actividad aceitera, operarios. Pasaron la crisis del 2001 que fue fuerte, pero estos muchachos que gobiernan van más allá. Vienen por todo”.