Docentes de la UBA contra el nuevo proyecto de ley del Gobierno que se come un año de inflación
Pablo Perazzi, secretario general del sindicato docente de la UBA.
El secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, anticipó un plan de lucha en la UBA y en universidades de todo el país.
La tensión entre el sistema universitario, con la UBA a la cabeza, y el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo con el ingreso al Congreso de un proyecto oficialista para una nueva ley que modifique la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde octubre de 2025 pero que el Gobierno nunca cumplió, a pesar incluso de que hay un fallo judicial que lo obliga.
La principal diferencia entre la ley vigente y que no se cumple, y la nueva iniciativa es que esta propone actualizar salarios por inflación pero a partir de enero de 2026, con un 12,3% extra para recomponer la pérdida de 2025, que terminaría de hacerse efectivo recién en septiembre. Es decir que se saltea todo 2024 cuando los sueldos de los docentes universitarios perdieron un 28%.
Luego de las versiones -no confirmadas ni desmentidas- de que habría habido un acuerdo entr el Gobierno y los rectores de la UBA para avanzar con el proyecto, Pablo Perazzi, titular del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), en diálogo con Gestión Sindical, cargó duramente contra la iniciativa, asegurando que el objetivo de Javier Milei es sostener una «ficción de superávit» mediante el ajuste de los salarios docentes y los gastos de funcionamiento.
«Ese proyecto de modificatoria lo que hace es tirar por tierra lo que se fue trabajando en el Parlamento y también en las calles», sentenció.
Un plan de lucha en la UBA y todo el país
El dirigente gremial recordó que la ley original fue el resultado de un arduo trabajo parlamentario y social durante el año pasado, contó con el respaldo de amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso y el de varios movilizaciones.
Ahora, Perazzi calculó que, al no compensar la enorme pérdida de 2024, el Gobierno dejaría de cubrir «casi 3 billones de pesos en salarios y gastos de funcionamiento del sistema público universitario», subrayando que la maniobra busca consolidar un ajuste que “la sociedad ya rechazó en las movilizaciones masivas de los últimos años”.
Para Perazzi el conflicto trasciende lo estrictamente salarial y se convierte en una pelea por el modelo de ascenso social argentino. Remarcó, en ese sentido, la enorme movilización en todo el país del 23 de abril de 2024, cuando la protesta contra el ajuste en las universidades obligó a Milei a declarar que no buscaba cerrarlas.
«El Gobierno se quiere llevar puesto la esperanza de millones de jóvenes y sus familias que concurren a las aulas para obtener un título», afirmó.
Ante este escenario, Perazzi adelantó que la comunidad universitaria no se quedará de brazos cruzados, que se mantendrán conversaciones con todos los actores del sector y se planificará un plan de lucha nacional. Además se prevén paros en todas las universidades para las próximas semanas.
«El pueblo argentino valora su sistema público y nosotros no vamos a permitir que lo destruyan», concluyó el dirigente sindical.
El proyecto de Milei para no cumplir la ley
La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo busca sustituir la normativa aprobada el año pasado e incumplida desde entonces, estableciendo un esquema de actualización salarial que ignora la pérdida contra la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta fin de 2024.
El proyecto oficial apenas propone una recomposición dividida en tres cuotas que totaliza un 12,3% para todo 2025, congelando de este modo la fuerte caída salarial producida durante el mandato de Milei, para sueldos que, en el mejor de los casos, rondan los $1.500.000 en docentes de dedicación exclusiva con 40 horas semanales.
Además, el texto supedita la actualización de los gastos de funcionamiento a una cláusula gatillo que solo se activaría si el IPC supera el 14,3%, lo que en la práctica mantiene los recursos para infraestructura y servicios básicos en valores mínimos.
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