La CTA Autónoma analizó los primeros 100 días de Milei y señaló que para pagar la deuda sí hubo plata
La CTA Autónoma analizó en un documento los primeros 100 días "de resistencia" a Javier Milei.
Un documento difundido por la CTA Autónoma detalló en números y datos lo que definió como «un experimento» de «ajuste, entrega y saqueo».
En un contundente documento elaborado por su Instituto de Estudios y Formación (IEF), la CTA Autónoma de Hugo «Cachorro» Godoy analizó los primeros cien días de gobierno de Javier Milei y destacó que estuvieron acompañados «por 100 días de resistencia» de la central obrera a lo que define como un «experimento libertario» de «ajuste, entrega y saqueo».
El documento destaca las primeras movilizaciones de la CTA Autónoma realizadas en diciembre, junto con el comienzo del ajuste del gobierno libertario, pasando por la huelga general del 24 de enero y el paro del 8 de marzo, hasta la próxima concentración popular del 24 de marzo.
En el texto difundido por la CTA de Godoy se hace un extenso racconto de las medidas tomadas por el gobierno de Milei y se establece la necesidad de una oposición contundente y de tomar otro camino.
«»Hay una salida distinta a la crisis, es mentira que la única alternativa es este desquicio que impulsa Milei«, expresó el propio Godoy este lunes cuando la central participó de las movilizaciones llevadas a cabo por organizaciones sociales en todo el país.
«El hambre es un crimen y lo padecen más de 6 millones de personas. Esto recrudece por la actitud del gobierno de Milei hacia quienes menos tienen», completó.
La CTA Autónoma y los números de Milei
«En el ítem números, la inflación fue del 71,4% y afectó principalmente a los sectores populares. El salario real de los trabajadores registrados cayó un 17,9% entre diciembre y enero, el haber jubilatorio retrocedió un 29,5% y el salario social complementario, percibido por los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, tuvo una merma del 37,6%», detalla el documento del IEF.
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«Mientras todas las partidas destinadas a gastos sociales cayeron significativamente, los recursos destinados al pago de los servicios de la deuda crecieron un 37% interanual en el primer bimestre del año -agrega-. Las variaciones en el gasto público muestran la dirección de las políticas oficiales».
El informe destaca que «el impacto sobre las condiciones de vida de los sectores populares también incluye retrocesos en el empleo, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social, cuyo avance institucional más importante se plasmó en el DNU 70/23, aún vigente».
Por fuera de esta norma, el documento de la central también señala, entre muchos otros, los obstáculos para acceder a medicamentos y el desfinanciamiento del Fondo para la Integración Socio Urbana.
En materia laboral
La reforma contenida en el DNU 70/23 fue suspendida por decisión de la justicia laboral. «Sin embargo, la acción del gobierno nacional ha debilitado herramientas muy importantes como el Salario Mínimo, Vital y Móvil y la Paritaria Nacional Docente«, dice el texto de la CTA.
«A su vez -continúa-, en el sector público avanzó con despidos y no renovación de contratos, afectando a miles de trabajadores y trabajadoras».
«La asunción de Javier Milei a su vez puso en marcha un cambio en la orientación del aparato estatal que fue más allá de un recorte en distintas dependencias públicas. Se desmantelaron áreas de intervención y se redujo el financiamiento de muchos sectores, al tiempo que se fortalecieron todos aquellos ligados a las fuerzas represivas», cierra el análisis de la acción del Gobierno en materia laboral.
Violencia verbal y concreta
El documento hace referencia a la violencia discursiva del Gobierno, con expresiones de «racismo, discriminación y crueldad». Y también, a la violencia concreta con hechos de represión.
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«Desde el 10 de diciembre, se contabilizan al menos 17 eventos represivos llevados adelante por las fuerzas de seguridad federales y provinciales en el marco de protestas, dentro de los cuales al menos 320 personas recibieron heridas de distinta consideración», dice.
«Además -detalla-, 56 personas fueron detenidas, se iniciaron causas a 44 manifestantes, activistas o dirigentes y se impusieron cinco multas millonarias a organizaciones sindicales, de desocupados y partidos políticos».
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