22 de Febrero
de 2024
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ATE presiona para remover a funcionarios puestos por el macrismo: “Son responsables de miles de despidos”

19. 05. 2020

El gremio estatal les pidió a varios funcionarios que apuren la remoción de personal de segunda y tercera línea en el Estado, que pese al cambio de gobierno se mantienen en sus puestos. Según se estima, hay unos 600 nombrados durante la gestión anterior, que siguen en sus cargos. Además, insisten con recuperar 35 mil puestos en el Estado perdidos entre 2015 y 2019.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La semana pasada, trabajadores del Estado nacional realizaron una jornada de protesta para reclamar la reincorporación de los despedidos durante la gestión de Mauricio Macri. En el marco de la llamada Comisión de Relevamiento y Reincorporación de los trabajadores y trabajadoras estatales despedidos en la era Macri (CORREDMA), creada en agosto del 2019 para aglutinar los esfuerzos para recuperar esos puestos de trabajo, la actividad buscó motorizar el compromiso de las nuevas autoridades nacionales para reincorporar unos 35 mil estatales que fueron cesanteados en la gestión anterior. Si bien en reiteradas ocasiones los funcionarios nacionales ratificaron el compromiso con esta tarea, la vuelta de los despedidos se da “en cuenta gotas”. En contraposición de esto, el gremio ATE denuncia que existen muchos directores y otros mandos medios en el Estado que fueron puestos por el macrismo, y que por el momento se mantienen en funciones. “En muchos casos son los verdugos de miles de estatales”, se quejaron desde el sindicato estatal.

El recambio de autoridades de diciembre inició la vuelta de distintos despedidos durante el macrismo a sus cargos, como sucedió centralmente en el INTI y el hospital Posadas, dos emblemas de este compromiso. Pero en los últimos tiempos, por la pandemia y la nueva situación política y sanitaria, está tarea se vio frenada. En la actualidad, pese a los reiterados pedidos de la CORREDMA y el gremio ATE, las recuperaciones se paralizaron.

“Por el contrario, muchos de los funcionarios macristas que firmaron esas cesantías están todavía en el Estado, cumpliendo funciones y obstaculizando los cambios necesarios”, le dijo a Gestión Sindical una fuente del gremio estatal, que prefirió el anonimato. Según esta fuente, se estima que son “cerca de 600 estos funcionarios, que siguen respondiendo a Cambiemos y que no fueron removidos de las dependencias del Estado nacional”.

La mayor concentración de este personal se da, según el cálculo informal de ATE, en dependencias como la Casa de la Moneda (allí incluso el titular Fernando Pereyro pertenece desde el gobierno anterior, pese a ser acusado del despido de 400 empleados del lugar), Fabricaciones Militares, Biblioteca Central, SENASA y otras oficinas se concentra la mayoría de estos funcionarios.

La dirigencia estatal viene reclamando para que se remuevan estos funcionarios, que afirman fueron “verdugos con su firma de miles de despidos”. “Hay que hacer una mención para todos los trabajadores del Estado, independientemente del director político de turno, que en el marco de la pandemia sea cual sea su responsabilidad siguen trabajando para dar respuestas a las necesidades de la población. De esta crisis salimos con más Estado”, afirmaron desde el gremio.

Hace unos días, en un encuentro virtual con el ministro de Trabajo nacional Claudio Moroni, se habló de la situación de los funcionarios y los despedidos. Además, la dirigencia estatal, junto con sus pares de la CTA Autónoma, pidió que se extienda la prohibición de despidos, una medida decretada por el gobierno nacional, y que esperan se extienda hasta que dure la pandemia.

Además, en la reunión con el funcionario nacional se presentó un documento que asegura que “se impone revisar el criterio para la asistencia económica a las empresas concentradas por sobre las pequeñas y medianas (Pymes)”, y pidió mantener “la iniciativa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”, aunque exigió «el impuesto a las grandes fortunas» en la Argentina y “la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para aumentar los ingresos”.

En cuando al proyecto que analiza el oficialismo para tratar en el Congreso, el diputado nacional Carlos Heller, que trabaja con Máximo Kirchner la elaboración de la propuesta, le explicó a varios integrantes de la conducción de ATE y la central obrera la iniciativa, en otra teleconferencia. De la jornada participaron el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro (visitadores médicos), y sus Adjuntos, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria.

En esa reunión Heller confirmó que el gravamen alcanzaría a cerca de 12 mil personas, tomando en cuenta como base “lo declarado en la tenencia fiscal de bienes”. Pero en las últimas horas la iniciativa del Frente de Todos comenzó a tomar cuerpo, lejos de las características que se explicaron en esta reunión. En este espacio, creen que si el proyecto es “un fondo excepcional”, que sólo se pagará un vez y que alcanza a los que tienen más de 3 millones de dólares (unos 3 mil), la propuesta “se queda a mitad de camino”.

En estos tres frente se viene moviendo el sector, que ahora apunta a la recuperación de puestos de trabajo en el Estado, algo que en campaña el Frente de Todos dio por hecho, pero que por ahora viene de forma lenta. Por eso en breve habrá más protestas del CORREDMA, un espacio que busca mantener en alza las peleas que se llevan adelante en la mayoría de los organismos donde se produjeron despidos masivos, unos 35 mil según los registros. “Esta cifra es la que el propio gobierno reconoce, entre trabajadores despedidos, jubilaciones obligatorias y retiros voluntarios”, sostuvo Hugo “Cachorro” Godoy, titular de ATE, durante el lanzamiento de esta comisión.

El dirigente remarcó que a partir de ese último dato “venimos reclamando su recuperación, sin ningún tipo de respuestas, sólo con una serie de fallos judiciales logramos reinstalar a muchos compañeros, ya sea por casos de discriminación o violación del fuero gremial”. Godoy recordó que por estos despidos masivos “fuimos el primer gremio que salió a la calle a rechazar la reforma del Estado, el 24 de febrero de 2016, y desde ese momento seguimos resistiendo”.

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