11 de Agosto
de 2022
Actualidad.

A un año de la ley de cupo trans, aseguran que sólo se contrató el 5% del personal necesario

18. 07. 2022

Un informe sostuvo que de los más de 5.500 agentes necesarios para cumplir la norma, ingresaron al Estado nacional 313 trabajadoras.

A un año de aprobarse la ley de cupo trans, el Estado nacional apenas incorporó poco más de un 5 por ciento de la cantidad de agentes necesarios para cumplir con la normativa. Así lo alerta un informe del gremio ATE, que afirmó que los 313 empleados travestis, no binarios y trans solo representa un 5,6 por ciento de los necesarios para cubrir el 1 por ciento de la planta que marca la ley, que está en plena vigencia desde julio del 2021.

Ante esto, se espera que haya «decisión política» para cumplir con el número necesario. En el país, existen varias leyes en muchas jurisdicciones que busca mejorar la realidad de esta minoría, pero que tampoco alcanzan las cifras necesarias.

Pese a esto, los gremios destacan que se está trabajando en el cumplimiento. El congelamiento de ingresos al Estado que anunció la ministra de Economía, Silvina Batakis, complica el cumplimiento de la flamante normativa.

La ley nacional 27.636, denominada de Cupo e Inclusión Laboral Travesti, Trans y No Binario, entró en vigencia el 8 de julio del 2021, y establece la reserva del 1 por ciento de la planta del Estado nacional para este colectivo.

La idea es darle alternativas de trabajo a un sector «estructuralmente vulnerado en sus derechos más elementales». En un informe elaborado por el Departamento de Género y Diversidad de ATE y la Asamblea TTNB por la Salud Integral del gremio, hasta el momento se lograron sumar 313 estatales de este colectivo.

Para cumplir la ley, aseguró el reporte al que tuvo acceso Gestión Sindical, para dar con el porcentaje establecido por la normativa, se deben sumar «5.551 trabajadores». «A un año de la promulgación de la norma, se contrataron 313, es decir, sólo un 5,64 por ciento de ese 1 por ciento», destacó el trabajo.

Y calculó que «a este ritmo, se tardarían casi 18 años en completar un 1 por ciento de cumplimiento de personas TTNB contratadas en el sector público nacional».

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«Es central que las personas TTNB seamos entendides y valorades (sic) como portadores de un saber específico que demanda ser planteado en la voz propia de nuestras comunidades tanto en los espacios laborales como en los espacios de organización sindical», subrayaron en el informe.

Los datos surgen de un reporte más extenso, informaron desde ATE, que será publicado en los próximos días, y que también muestran cifras preocupantes relacionadas al alcance de la aplicación de la política.

En cuanto al rango etario, las personas mayores de 40 años representan sólo el 14 por ciento de las contrataciones. «Al ritmo de aplicación de la ley las personas que hoy tienen más de 40 años difícilmente lleguen a acceder al trabajo y la jubilación», alertaron desde las entidades.

Otras jurisdicciones

Otro de los datos preliminares que sale del análisis de ATE es la territorialidad del cumplimiento de la ley. En ese punto, se subrayó que «el 91 por ciento de las contrataciones se dieron entre CABA y provincia de Buenos Aires«.

«Siendo que la ley 27636 es de alcance nacional, es preocupante lo que implica territorialmente la concentración y distribución de los recursos de dichas contrataciones», afirmaron. En ese sentido, para reforzar el despliegue territorial de la ley, en las provincias se aprobaron leyes locales, como sucede en Buenos Aires con la norma 14.783, que también establece un cipo trans del 1 por ciento en el Estado.

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Hasta ahora, pocos sectores dieron pasos concretos para cumplir la normativa. En la justicia provincial es donde se están dando los ingresos más importantes, gracias al accionar de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

La semanada pasada anunciaron la incorporación en el departamento judicial de Lomas de Zamora de Cecilia Romanello, trabajadora nombrada con el cargo de auxiliar 3° y propuesta por Adriana Teresa Hueguenin y Alejandro Pablo Torres, magistrados del Tribunal de Trabajo N°5, en noviembre del año 2020.

«Tenemos al menos cuatro ingresos, y muchos más en trámite, el gremio busca empujar este tipo de medidas, necesitamos voluntad política en este caso de los jueces», destacó a Gestión Sindical una fuente de la AJB.

Otro de los departamentos que sumó una trabajadora trans fue San Isidro, según explicaron desde el gremio, además de otros que se fueron dando en Mercedes y La Plata. «Lo más importante es lo que se está tramitando, cerca de cuatro nuevos ingresos», recalcó la misma fuente.

Derechos vulnerados

El ingreso del personal trans no es el final del camino por el reconocimiento laboral, subrayaron quienes realizaron el informe del estado de situación en la administración pública nacional. Una vez incorporadas, estas empleadas tienen que luchas para lograr el reconocimiento de sus derechos laborales.

En ese sentido, el trabajo de ATE aseguró que «sólo el 16 por ciento de las personas que ingresaron tienen un contrato de planta permanente».

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