Alerta roja en la CGT: Techint se mete en la Secretaría de Trabajo para ejecutar la reforma laboral

Julio Cordero, el elegido por Milei para la Secretaría de Trabajo, es abogado del grupo Techint y uno de los mentores de la reforma laboral incluida en el DNU 70/23, que frenó la Justicia.

La inminente designación de Julio Cordero como nuevo secretario de Trabajo encendió las alarmas en la CGT, ya que descuentan que el abogado del Grupo Techint será la mano ejecutora de Javier Milei para reflotar la reforma laboral flexibilizadora que por el momento está frenada en la Justicia, pero que el presidente sigue considerando indispensable.

En cuanto comenzó a sonar el nombre de quien elegiría Javier Milei para reemplazar al despedido Omar Yasín, en los pasillos de la calle Azopardo surgió el malestar: «Cordero es Techint. Es uno de los creadores y defensores del capítulo 4 del DNU 70/2023. Así que, si va al Gobierno, irá a eso».

Como se sabe, la CGT no tiene ningún canal de diálogo con el Gobierno nacional. Y en los últimos días los popes de la central obrera se concentraron en estrechar lazos con los gobernadores del peronismo y los legisladores de los bloques de Unión por la Patria.

La designación de Cordero sería una declaración definitiva de guerra del Gobierno a la CGT. El año pasado, cuando se debatía la reducción de la jornada laboral en el Congreso de la Nación, el abogado de Techint llegó a cuestionar la idea de que los trabajadores trabajen menos horas preguntándose «¿para hacer qué?».

Después de eso, con el cambio de gobierno y la asunción de Milei, Cordero fue un apellido que desde el día uno estuvo dando vueltas para asumir algún cargo dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.

El cruce entre Daer y Cordero

El objetivo es el de armar una estrategia defensiva frente a la chance que viene sonando fuerte de que el Ejecutivo insista en un nuevo decreto que, entre los principales puntos, contenga la pretendida modificación de las leyes de Trabajo, en una reforma laboral ultra flexibilizadora.

En este contexto fue que generó mucha preocupación la casi segura designación del abogado vinculado, justamente, con la redacción de los capítulos de la reforma laboral del DNU que fue frenado por los amparos presentados por dirigentes gremiales.

Cordero, quien también es vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), tiene un perfil pro empresario corporativo, por lo que se descuenta que su nombramiento generará un rechazo masivo en el ámbito sindical.

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Y hay que recordar que en el último Consejo del Salario participó como representante de la parte empresarial, protagonizando un fuerte cruce con Héctor Daer, quien le preguntó en calidad de qué estaba sentado en esa mesa.

Además, su nombre ya estuvo envuelto en polémicas meses atrás, por sus palabras durante el debate en el Congreso del proyecto de ley para reducir la jornada laboral.

En ese momento el empresario y hombre de confianza de Paolo Rocca se opuso terminantemente a la iniciativa. «Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué?«, planteó.

Y completó: «Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales».

Otros nombres para la misma reforma laboral

Más allá de la chance de Cordero, que es la más firme, otros dos nombres que vuelven a estar en consideración son Miguel Ponte y Federico Belleze, como ya sucedió en noviembre pasado luego del triunfo en el balotaje de Milei.

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Ponte fue secretario de Empleo durante el gobierno de Mauricio Macri, y cuenta con pasado en Siderar, una de las firmas del Grupo Techint. Su nombre estuvo vinculado en 2017 a la iniciativa de reforma laboral, con una frase también muy recordada: «La posibilidad de entrar y salir del mercado de trabajo hace a su esencia, como comer y descomer».

Bellezze, en tanto, fue jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y cuenta con el apoyo de sectores vinculados directamente con Macri y otros ámbitos empresariales.