El Sindicato de portuarios de Tierra del Fuego irá a la Justicia contra la intervención del Puerto de Ushuaia
Tierra del Fuego: Puerto de Ushuaia.
El secretario general del gremio calificó de «atorrantes» a los interventores de Ushuaia y denunció que no dejan ingresar a muchos trabajadores.
La intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia sigue generando rechazo sindical y acciones para revertir la determinación. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), anticiparon que denunciarán judicialmente lo que consideran una intromisión ilegal de Nación sobre jurisdicción de Tierra del Fuego.
«Los de la intervención son unos atorrantes», disparó sin medias tintas Adolfo Barja, secretario general del gremio y dirigente de la CTA Autónoma, y advirtió que el conflicto podría extenderse a otras terminales del país.
El impacto inmediato y más crítico de la medida es la situación de los trabajadores. Barja denunció que, desde que se hizo efectiva la intervención, más de cien trabajadores tienen vedado el acceso a sus puestos habituales. “Nosotros no queremos que trasladen a los trabajadores a ninguna otra repartición. Son portuarios y tienen que estar en el puerto”, reclamó.
El dirigente cuestionó además la desigualdad de trato, ya que mientras un sector del personal se encuentra desplazado, otros trabajadores sí pueden ingresar, lo que, a criterio del sindicato, constituye una vulneración de la tutela sindical protegida por ley.
¿De quién es el Puerto de Ushuaia?
El eje central del reclamo sindical no es solo administrativo, sino que pone en duda la legalidad de la intervención federal sobre el puerto ya que este es de jurisdicción provincial.
“Para mí hay dos temas acá que por ahí la población no tiene claros. Primero que esta intervención es incorrecta. No hay nada para intervenir porque es un tema de la provincia, (el puerto) está pasado a la provincia”, afirmó Barja.
Para el SUTAP, esta avanzada de la Nación sobre estructuras provinciales no es un hecho aislado, sino el preludio de un plan mayor de centralización.
Según el dirigente, el caso de Ushuaia opera como una prueba piloto que podría replicarse en otros puertos estratégicos del sistema argentino, tales como Bahía Blanca, La Plata o el Puerto de Buenos Aires. “Este es el inicio de una pelea. Si les sale bien esto, después vienen por otros puertos”, advirtió.
«Lo que les interesa es la plata»
Más allá del conflicto institucional, el sindicato puso el foco en lo que consideran el verdadero motor detrás de la decisión oficial: el interés económico sobre la recaudación portuaria.
“A los que toman el puerto lo que les interesa es la caja, la plata. Y los que conocen el tema portuario saben que es un negocio importante”, sentenció el gremialista, quien además vinculó la operatoria con intereses geopolíticos internacionales en la región austral, un territorio estratégico para el comercio exterior y la riqueza del país.
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Ante la falta de canales de diálogo con el Ejecutivo nacional —“hoy pedís reuniones y no te dan bola. Este gobierno no quiere discutir con los trabajadores, lo que quiere es someter a los trabajadores”, aseguró Barja—, el conflicto ha comenzado a unificar a distintas centrales obreras. La necesidad de defender la fuente de trabajo y la soberanía ha logrado que organizaciones gremiales, con diferencias históricas entre sí, formen un frente común.
En cuanto a los pasos a seguir, el sindicato confirmó que ya se están evaluando presentaciones judiciales tanto por el desplazamiento del personal como por la violación de las garantías sindicales.
La postura de la conducción es firme: el camino de la resistencia es el único que ha permitido históricamente conquistar derechos, sostienen. “Los trabajadores nunca consiguieron nada sin lucha. Por eso creemos que hay que defender el puerto, los puestos de trabajo y la soberanía”, concluyó Barja.
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