Las universidades vuelven a la pelea con un paro, y ponen en duda el inicio del ciclo lectivo 2026
Universidades contra Milei: lanzaron plan de lucha y ponen en duda el comienzo del próximo ciclo lectivo.
Dos de los sindicatos más importantes decidieron profundizar sus reclamos salariales y por la implementación de la Ley de Financiamiento de las universidades.
Dos de los principales gremios de docentes de universidades decidieron lanzar un plan de lucha y, además, pusieron en duda el comienzo del próximo ciclo lectivo. Se trata de Conadu y Conadu Histórica, y es en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y por el incumplimiento del Gobierno de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial.
En primer lugar, los sindicatos convocaron a un paro nacional de 72 horas desde este miércoles. Y también advirtieron que pondrán en consideración que no se inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.
La decisión surge en respuesta al deterioro de los salarios de los profesores y del personal no docente, desde diciembre de 2023, en un contexto de parálisis de las conversaciones salariales.
Universidades en lucha constante
La conflictividad con los universitarios se mantuvo durante todo 2025 (y 2024), con numerosos paros y movilizaciones, y sumó un nuevo ingrendiente a partir de que el Gobierno no solo decidió incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sino que oficializó ese incumplimiento con la publicación de la promulglación de la ley en el Boletín Oficial.

La legislación había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, y luego vetada por Milei. Si bien aquella derogación presidencial posteriormente resultó nuevamente rechazada -al no obtener los dos tercios necesarios para sostener el veto-, el Poder Ejecutivo se las ingenió para promulgarla, pero suspendiéndola de hecho con el argumento de que el Congreso debe determinar las fuentes de financiamiento.
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Ante esa resolución, la norma fue judicializada, con una presentación del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, señala el planteo de la institución.
La caída del poder adquisitivo
A través de un plenario de secretarias y secretarios generales, Conadu definió por mayoría la convocatoria al paro de 72 horas, luego de una consulta nacional que involucró a la comunidad universitaria de todo el país. Así fue que se logró un consenso en torno a la necesidad de una medida de fuerza de alcance federal.
“Fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias», señaló el comunicado de la entidad con mayor cantidad de afiliados y sindicatos docentes universitarios.
El plenario de Conadu también expresó solidaridad con las y los docentes de ADUFOR, quienes denunciaron persecución y sanciones por razones políticas por parte de la conducción de la Universidad Nacional de Formosa.
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La otra federación universitaria de segundo grado, Conadu Histórica, ya había definido la huelga de 72 horas el 30 de octubre pasado, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base, donde se ratificó la profundización del plan de acción “en defensa de la universidad pública y de los salarios” de los trabajadores de la docencia universitaria y preuniversitaria.
La entidad sindical también remarcó como motivos de la huelga el deterioro del poder adquisitivo y la ausencia de una respuesta oficial que obligan a exigir la “inmediata convocatoria a paritarias” y a reclamar la vigencia plena de la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar condiciones dignas de trabajo, según se indicó en las resoluciones del congreso.




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