La UTA recuperó la sede de la obra social de Santa Fe y denunció que fue vaciada totalmente

Desde el gremio que lidera Roberto Fernández dijeron que faltan insumos, mobiliarios y computadoras. Igualmente ya comenzó la atención a los afiliados.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que conduce Roberto Fernández informó que recuperó el edificio de la obra social de Santa Fe, a la vez que denunció que la sede fue vaciada totalmente.

Por medio de un comunicado de prensa firmado por el Consejo Directivo Nacional, el gremio notificó a sus afiliados «la recuperación del edificio en el que funciona la obra social».

Y remarcó que el mismo «ha sido vaciado casi en su totalidad, sin insumos ni mobiliarios, y se han llevado hasta las computadoras que se encontraban afectadas para el servicio a afiliado y grupo familiar».

Sin embargo, notificó que «ya empezamos a implementar la atención presencial en la Obra Social para todos nuestros afiliados».

También se calificó como «deleznable» el accionar de estos «personajes nefastos» que buscaron «obtener un beneficio político a costa de la salud de los afiliados y de nuestras familias».

La aclaración de la UTA respecto a la sede

Además, se apuntó que por lo ocurrido se incrementaron «las demoras y la desatención de las familias de la UTA que necesitaban realizar trámites sobre prestaciones médicas y no podían hacerlo».

Por último, aclararon que si bien «la sede fue usurpada violentamente, vaciada y se cambiaron todos los sistemas de seguridad», nunca estuvo intervenida. Y confirmaron que el Consejo Directivo Nacional realizó «todas las acciones penales pertinentes» ante semejante «acto de irresponsabilidad y desinterés por los afiliados, la salud y la vida de nuestras familias».

El conflicto en esta provincia no es nuevo: como contara Gestión Sindical, hace 15 días la UTA había denunciado ante la Justicia que se habían producido hechos de violencia en la sede sindical de la seccional Santa Fe.

Y responsabilizaron por las acciones a personas pertenecientes al sector desplazado de la seccional, al mando de Osvaldo «Lele» Agrafogo. Además, consideraron que actuaron con el respaldo de la agrupación opositora de Fernández, denominada «Juan Manuel Palacios» y liderada por Miguel Bustinduy.

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Hay que recordar además que el 16 de agosto la UTA Nacional había intervenido el edificio ubicado en San Jerónimo al 3300, en la ciudad de Santa Fe, al igual que la sede de la obra social, situada en Obispo Gelbert a la misma altura.

Y luego, por medio de un comunicado de prensa, el gremio denunció que «nos han tomado/despojado/usurpado por la fuerza de nuestra sede sindical y la destinada a la obra social, en un hecho que recuerda los momentos más tristes de la historia reciente de la UTA».

Los motivos que llevaron a la intervención

Así hizo referencia a lo sucedido el martes 6 de este mes, cuando un grupo de personas supuestamente referenciadas en Agrafogo y Bustinduy ingresaron a las sedes intervenidas escudándose en un fallo judicial en contra de la resolución de la conducción nacional sobre esa seccional.

Mientras duró la intervención, hubo varias protestas y manifestaciones por parte de delegados y dirigentes de UTA Santa Fe. A comienzos de este mismo mes, por ejemplo, se movilizaron hacia el Ministerio de Trabajo de Nación.

Cuando la UTA decidió la intervención fue, según explicó, debido a una «gran cantidad de hechos» que fueron «calificados como irregularidades en el cumplimiento de las funciones sindicales». Y designó como interventores al santafesino Jorge Kiener y a José Luis Arcando.

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En el marco de la intervención, Fernández informó que se detectaron casi un centenar de despidos en el ámbito de la seccional. Y, además, aseguró que se produjeron «gastos millonarios no autorizados», al igual que se llevó a cabo «un mecanismo de triangulación o confusión de gastos».

Las denuncias no terminaron allí: según fuentes del gremio se habría descubierto la utilización de un sistema de bonos paralelos en la obra social de la entidad. Eso, además de resultar una maniobra fraudulenta, provocó un pésimo funcionamiento de prestaciones con abandono de consultas, de moras y falta de respuesta a los afiliados.