Vialidad Nacional: denuncian que el Gobierno deja a propósito que las rutas se rompan para poder privatizarlas
Vialidad Nacional: denuncian que el Gobierno deja a propósito que las rutas se rompan para poder privatizarlas.
El sindicato de trabajadores de Vialidad Nacional habló de «ruticidio» y recordó que hay más de 1.000.000 millones de pesos sin ejecutar.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), que agrupa a los trabajadores de Vialidad Nacional, se declaró en estado de alerta ante el plan de Javier Milei de incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas y denunció que el Gobierno ejecutó menos del 30% de los fondos para mantener rutas.
Para la organización que conduce Graciela Aleñá, la subejecución de fondos no es casual sino que apunta directamente a dejar que las rutas se rompan y, de este modo, justificar las privatizaciones que, en esta etapa, abarca unos 9.000 kilómetros.
El desvío de fondos que deberían ir a Vialidad Nacional
Desde el Stvyara calificaron este proceso como un «ruticidio» y acusaron al Poder Ejecutivo de ejecutar un vaciamiento deliberado de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para avanzar con la privatización y la aplicación de peajes
La denuncia presentada por el gremio apunta al desvío y la subejecución de los fondos específicos del Sistema Vial (Sisvial).
Según documentación oficial reunida por la organización sindical, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial. Sin embargo, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras.
De acuerdo con la investigación gremial, al 31 de mayo de 2026 más de un billón de pesos permanecía inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos.
Posteriormente, fue el propio vocero del gobierno, Adrián Ravier, el que admitió que parte de estos recursos era utilizada por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
“¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”, cuestionó Aleñá.
«Deterioro como argumento para privatizar»
El Stvyara también expuso la contradicción del nuevo esquema de concesiones impulsado por la Casa Rosada y la delegación efectuada a nueve provincias mediante el Decreto 253/2026.
Mientras la normativa vigente asigna a Vialidad Nacional la responsabilidad legal de auditar y fiscalizar miles de kilómetros concesionados, de forma simultánea se aprobó un segundo programa de retiros voluntarios para achicar el plantel técnico de la repartición.
“No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas”, advirtió Aleñá.
Desde el sindicato rechazaron de forma categórica que la infraestructura pública sea evaluada exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica privada.
Alertaron que el esquema oficial amenaza con aislar a pequeños productores, economías regionales y comunidades locales cuyos tramos no registren el caudal de tránsito suficiente para resultar atractivos a las empresas concesionarias.
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Y por último, el gremio reclama que se avance con un “plan federal de conectividad”, es decir, el diseño de una estrategia vial que garantice la presencia del Estado en los tramos no rentables en todo el territorio nacional.
“No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado. Vialidad Nacional no es un gasto, es patrimonio público, capacidad técnica, producción y seguridad vial. Vialidad Nacional no se desmantela, se defiende”, concluyó Aleñá.
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