Uno de los integrantes de la patota de Etchevehere estuvo procesado por esclavizar a 40 trabajadores rurales

Se presentó como «Gustavo Percara» y con tono machista y despectivo llamaba «mi amor» a Lucila Entin, cronista de C5N. No lo dejaron irse de vacaciones en 2019.

Uno de los miembros de la patota de Luis Miguel Etchevehere que impidió el ingreso de C5N a un campo en el que la hermana del ex funcionario de Mauricio Macri comenzó un emprendimiento agroecológico estuvo procesado por trata de personas. «Soy Gustavo Percara de Chajarí», dijo uno de los hombres que maltrató a la periodista con términos despectivos y machistas.

Según publicaba el diario Norte de Corrientes, Gustavo Percara está encausado por haber reducido a la servidumbre a 40 obreros, en connivencia de otros siete titulares de empresas y de una cooperativa. Los imputados habrían alojado a las víctimas en un colectivo vetusto con camas cucheta y los habrían obligado a realizar tareas vinculadas a la explotación forestal de eucaliptus durante jornadas de diez horas. No contaban con agua potable, luz eléctrica, baños ni elementos para poder conservar alimentos. La investigación de la causa estuvo a cargo del fiscal federal de primera instancia Fabián Martínez.

En agosto de 2017, Martínez pidió juicio oral y público para ocho empresarios, a quienes acusó por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en los campos dedicados al cultivo de eucaliptos -ubicados en cercanías de aquella ciudad- pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito SA”, e imputó a Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, como coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada, con domicilio legal en Misiones, y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito SA” de Entre Ríos.

En mayo de 2019, Gustavo Javier Percara, solicitó permiso para tomarse unas vacaciones familiares en la República Dominicana entre los días 4 y 21 de junio. Ante esto el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido al señalar “la peligrosidad que implica la concesión de salida del país pudiendo el imputado darse a la fuga, y evitar de este modo la realización de la audiencia de debate”.