jueves 23 de mayo de 2019
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Tras más de 60 días sin servicio, los choferes de Expreso Lomas piden una solución final al conflicto

Las líneas que unen el sur del conurbano bonaerense con Capital federal están paralizadas por la quiebra de la firma. Los choferes no cobran sus salarios, y piden que se giren subsidios para intentar revertir la situación. El Ministerio de Transporte pide licitar las líneas para reactivar la empresa. La interna de la UTA tiene su peso en la disputa.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Desde hace más de dos meses, las líneas de colectivo de Expreso Lomas están paralizadas, el final de un largo conflicto que incluye la quiebra de la empresa pese a dos fallidos salvatajes. En esto tiempo, los trabajadores y el Ministerio de Transporte buscaron una alternativa para reanudar el servicio, que une el sur del conurbano bonaerense con Capital federal, y solía trasportar a unos 50 mil pasajeros diarios. Esta semana, hubo una movilización para reclamar los salarios adeudados de abril, que no pudieron pagarse porque el gobierno decidió suspender el envío de subsidios, ya que no se presta servicio.

Sin solución alguna, los trabajadores temen que se pierdan los 400 puestos de trabajo, por lo que le reclaman a la justicia que habilite alguna forma alternativa de mantener la empresa funcionando. El propio Ministerio ofrece licitar las líneas para que sean explotadas por otra firma, pero hasta el momento no logra el visto bueno del juez de la causa.

Este viernes hubo un nuevo pedido de audiencia de los empleados, que afirman que el magistrado “no atiende a nadie”. Además de la cuestión legal, la interna de la UTA se metió en el desenlace de este conflicto, que puede terminar con nuevos despidos masivos.

La suspensión de los servicios de las líneas de Expreso Lomas (la más conocida es la 165, pero hay al menos dos más que hacen el recorrido Monte Grande y el barrio porteño de Once) fue el epílogo de un largo conflicto.

La empresa primero fue concursada, varias veces suspendió el servicio, hasta que a principio de este año limitó a uno o dos recorridos el servicio, hasta que se quedó sin colectivos para continuar. Ahora, la justicia tiene la causa de la quiebra, y pagó los salarios hasta que el gobierno giró los fondos de los subsidios. Si esos recursos, los choferes no recibieron más sus haberes.

“El lunes marchamos a la secretaría de Transporte para pedir una solución, que se reactive la línea y además que se paguen los salarios”, sostuvo Leandro Fernández, chofer de la empresa y vocero de los trabajadores. La novedad de esta semana, el explicó Fernández a Gestión Sindical, fue la posibilidad de que se caiga la medida cautelar para que el Estado nacional pague los subsidios, a pesar de no prestar servicio. Ante eso, no se pudieron pagar los sueldos.

“Ese dinero se entrega de acuerdo a los kilómetros que hacen los coches y los boletos. Como no hay eso, no pueden entregar subsidios”, dijo Fernández.

En una reunión que tuvieron el lunes que funcionarios de Transporte, se analizó la posibilidad de una salida alternativa para garantizar la continuidad labora. Según relató Fernández, lo que dieron como alternativa “fue pedir una financiación que permita pagar los sueldos, arreglar los coches y salir a trabajar”. Pedro no queda claro de donde saldría esa financiación.

En tanto, en el Ministerio de Transporte coinciden con la necesidad de lograr fondos frescos para reactivar la línea, ante la falta de aportes públicos. Una de las alternativas que se manejan es licitar los recorridos. “Se le pidió al juez de la causa que retire la medida cautelar para que se pueda licitar y entregar los recorridos a otra empresa, y poder recuperar la actividad.

Pero hasta ahora no hubo respuesta”, le confirmó a Gestión Sindical una fuente de la cartera de transporte. La misma fuente aseguró que le confirmaron a la justicia que no se pagarán más subsidios hasta que no haya servicio.

La falta de respuesta del juez al Ministerio no es nueva, ya que los trabajadores dicen que en la justicia no encuentran ninguna solución. “En el juzgado no le dan bolilla a nadie, ni al gobierno ni a nosotros. No hablan con nadie”, dijo Fernández.

El conflicto se arrastra desde 2018, cuando los empleados concretaron más de un mes de paro por la falta de vehículos para circular. La Justicia intervino y dispuso a la empresa alquilar unidades a firmas afines. A principio de año, Expreso Lomas dejó de pagar el alquiler y los choferes retomaron las medidas de fuerza.

Por un tiempo, otras empresas intentaron comprar parte de los recorridos, o quedarse con los servicios. Una de ellas fue DOTA, el poderoso grupo que maneja unas 80 líneas en todo el país. El grupo apadrina una lista opositora dentro de la UTA, el gremio de los choferes de colectivos. Esto también influye en el conflicto.

Es que el grupo puso algunos recursos para mantener la empresa funcionando, y si se licita y no gana los recorridos, esos recursos se perderán. “El ministerio es aliado de Roberto Fernández, y hará lo imposible para que DOTA no se quede con esos recorridos”, le dijeron a Gestión Sindical una fuente de la UTA.

Muchos choferes aseguran que en Expreso Lomas se vive “un vaciamiento “, que se encuadra en una “reestructuración del transporte que afecta a varias líneas y recorridos.” Como en el caso de la Línea 74 que dejará de circular hasta Longchamps y limitará su recorrido hasta Burzaco. O el de la Línea 60, en el que pretenden cortar las trazas, cerrar 12 ramales y reducir el parque automotor.

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