26 de Julio
de 2024
Actualidad.

Sigue el repudio gremial a Aldo Rico por pedir un levantamiento contra el gobierno

25. 07. 2022

El ex carapintada publicó un video en el que llama a los militares a «defender la Patria» y fue cruzado por la CGT y la CTA Autónoma, entre otros.

Gremios de distintos sectores repudiaron las declaraciones de Aldo Rico, ex intendente de San Miguel y líder «carapintada», quien mediante un video subido a redes sociales llamaba a «reunir» a los militares para defender a la «Patria” de la «anarquía» y contra la «disolución».

En este sentido, agregó que «cuando la Patria está en peligro todo es lícito menos dejarla desaparecer o perecer». Por eso, distintos espacios repudiaron los dichos en el marco de un clima de crisis institucional que se instala en varios sectores.

Desde la CGT publicaron un documento donde se pronunció sobre el tema y considero que «el objetivo del video es erosionar el sistema democrático».

«Frente a las irresponsables declaraciones emitidas por Aldo Rico, quien llamativamente a lo largo de su carrera ocupó varios cargos públicos, la CGT rechaza y repudia sin miramientos esta y otras expresiones cuyo único objetivo es erosionar nuestro sistema democrático», indicó la central obrera en un comunicado difundido en los últimos días.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense repudió la exhortación del ex militar y aseguró que «sus declaraciones son una verdadera amenaza al orden institucional», reclamó que la justicia lo investigue y «defienda la democracia y la Constitución Nacional».

El PJ provincial sostuvo en un comunicado que «el Estado de derecho y la democracia están en plena vigencia en nuestro país» y aseveró sobre Rico que «sus declaraciones son una verdadera amenaza al orden institucional».

Por ello, el peronismo bonaerense reclamó que «el Poder Judicial inicie la investigación pertinente y procedan en carácter de urgente a defender la democracia y la Constitución Nacional«.

Nefasto

Por su parte, la dirigencia de la CTA Autónoma también expresó su más «absoluto rechazo y repudio a las últimas declaraciones» de Rico, a quien acusó de reivindicar «la época más nefasta de nuestra historia, la última dictadura cívico-militar».

«Nos encontramos transitando una aguda crisis socioeconómica, exigiendo una respuesta política. El oscuro y desestabilizador mensaje de Rico, y el ataque al Ministro de Defensa y a dirigentes sociales, en el contexto actual, que pretende socavar el orden constitucional, no puede pasar inadvertido para quienes luchamos cotidianamente para fortalecer la democracia y que esté al servicio de nuestros pueblos», dijo la central que lidera Ricardo Peidro.

«Una y otra vez gritaremos ‘Nunca Más’, y lo seguiremos haciendo ante cada acción, mensaje y/o declaración desestabilizadora y golpista. No permitiremos que discursos de esta gravedad siembren caos y potencien el odio», recalcó la CTA Autónoma.

Historial de Rico

Aldo Rico participó del primer alzamiento «carapintada» contra el gobierno de Raúl Alfonsín, para frenar el juzgamiento de los militares que habían participado de la última dictadura. Y luego lideró el segundo levantamiento en enero del ‘88 en el Regimiento de Infantería N° 4 de Monte Caseros.

Más tarde, el militar decidió desembarcar en la política civil fundando el Movimiento de Dignidad Nacional (MODIN) partido que sacrificó a cambio de su ingresó al Partido Justicialista. Además, llegó a ocupar el Ministerio de Seguridad con Carlos Ruckauf en 1999.

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Luego de sus dichos, dos jueces federales resultaron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas por «amenaza de rebelión» contra el ex militar, a raíz de sus dichos en un mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de una denuncia presentada por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, en tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado ante la presentación que había hecho el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, informaron fuentes judiciales. Abramovich denunció a Rico por presunta «amenaza de rebelión».

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