Industrias de Salta ya piensan en suspender trabajadores porque no saben si tendrán gas
Industrias de Salta ya piensan en suspender trabajadores porque no saben si tendrán gas.
Los sectores más expuestos al problema en Salta son los ingenios azucareros, el sector de cerámica y el procesamiento de cítricos.
El presidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Eduardo Gómez Naar, confirmó que varias empresas de la provincia analizan reducir su producción y, en algunos casos, evalúan la paralización temporal de plantas y la suspensión de trabajadores, debido a la creciente incertidumbre sobre la disponibilidad de gas para los próximos meses.
La crisis industrial comenzó a visualizarse hace alrededor de un mes, aunque en ese momento había esperanzas en que se pudiera evitar. Ahora, Gómez Naar confirmó que el problema dejó de ser una hipótesis o una discusión técnica sobre el sistema energético.
«Lo más complejo de gestionar es la incertidumbre», sostuvo el dirigente, al tiempo que explicó que las empresas «necesitan previsibilidad para planificar compras de insumos, turnos de trabajo, logística y compromisos comerciales». Sin certezas, algunas firmas comenzaron a analizar cierres programados de planta.
Los sectores más expuestos son los ingenios azucareros, la industria cerámica y el procesamiento de cítricos, todos ellos altamente dependientes del gas para sus procesos productivos.
La Unión industrial de Salta avisó
Desde la UIS remarcaron que las consecuencias de una eventual paralización exceden largamente el ámbito industrial, ya que afectarían a contratistas, transportistas, comercios y prestadores de servicios que dependen de la actividad fabril.
Uno de los casos más emblemáticos es el de La Moraleja, una de las principales empresas citrícolas de la provincia.
Según fuentes empresarias, la firma podría verse obligada a reducir la cosecha de limón, disminuir contrataciones temporarias e incluso detener parte de sus operaciones industriales si no logra asegurar el abastecimiento energético necesario.
La compañía no sólo comercializa fruta fresca, sino que además produce aceite esencial de limón para mercados internacionales y mantiene contratos con grandes firmas globales, entre ellas Coca-Cola.
A comienzos de mayo, la Unión Industrial le presentó al gobernador Gustavo Sáenz un documento en el cual avisó que, según sus estimaciones, la aplicación de la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación provocaría una reducción del 35% en la capacidad de transporte firme de gas destinada al Noroeste Argentino (NOA).
De acuerdo con el cálculo de los industriales, el suministro pasaría de 4,99 millones de metros cúbicos diarios provenientes del norte, a sólo 3,22 millones desde Neuquén.
La resolución 66 modifica los flujos históricos de transporte para adaptarlos al crecimiento de la producción no convencional de la Cuenca Neuquina de Vaca Muerta y a la declinación de la Cuenca Noroeste y las importaciones desde Bolivia.
La UIS también advirtió sobre el elevado costo de las alternativas de abastecimiento mediante Gas Natural Licuado (GNL) regasificado, cuyo valor estimado superaría ampliamente el precio habitual que pagan las industrias.
La problemática motivó incluso un fuerte reclamo público de Sáenz hacia el Gobierno nacional.
Comercios embargados por la ARCA
A la par de la crisis de la industria, la Cámara de Comercio de Salta denunció que la situación fiscal de numerosos comercios atraviesa un momento crítico y cuestionó los embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un contexto marcado por la caída del consumo y la dificultad para afrontar obligaciones económicas.
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El presidente de la entidad, Gustavo Herrera, explicó que el principal problema radica en los mecanismos de intimación y cobro que se activan incluso ante retrasos mínimos en los pagos.
«Es un problema muy grave porque estaban mandando informes, a través de un abogado, por retrasos mínimos. Ese informe hay que pagarlo para después poder entrar en plan de pago y estaban haciendo embargos», sostuvo.
«El problema es gravísimo en esta situación», agregó, y explicó que los comercios se ven en la necesidad de decidir «entre pagar los empleados, pagar el alquiler, pagar los servicios y pagar ARCA».
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