¿Se va el ministro Moroni?: versiones de renuncia por presión del kirchnerismo, que ya maneja posibles sucesores

En los últimos días se acumularon las señales de descontento hacia el ministro de Trabajo por un «favoritismo» empresarial que denuncia los sectores kirchneristas del Frente de Todos.

La interna oficial abrió un nuevo capítulo con impacto sobre el gabinete de Alberto Fernández. Se trata de los duros cuestionamientos del kirchnerismo al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, por la autorización de rebajas salariales en empresas en actividad y la entrega de subsidios a grandes grupos económicos enfrentados en su momento a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Lo que parecían cruces transitorios en las últimas horas se intensificaron con los rumores sobre su eventual salida de la cartera laboral, una versión fogoneada por sectores K con la aparente intención de reemplazarlo por la diputada sindical Vanesa Siley o el senador Mariano Recalde, pero que también forma parte de una estrategia orientada a endurecer la acción estatal frente a las presiones del empresariado para levantar la cuarentena y despedir personal.

La versión del cambio de fusibles llegó a oídos del propio Moroni, quien ya venía venir la embestida desde las críticas que hizo la semana pasada el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, por la homologación de una rebaja salarial del 23% en la alimenticia Mondelez. Y tomó más impulso con las denuncias de favoritismo hacia el grupo Techint y Clarín, luego de que trascendiera que sus directivos recibieron el salario complementario, de hasta $33.750, previstos en el programa ATP. Se trata justamente de dos empresas que el kirchnerismo siempre identificó como el «enemigo».

Como suele suceder en estos casos, desde el entorno del funcionario le restan importancia a las presiones. «No hay ningun cambio», aseguraron al portal iProfesional.

Ya hay dos candidatos

Lo cierto es que en medio de la crisis política, no tardaron en aparecer nombres para competir por el Ministerio de Trabajo. Uno de ellos es el de Siley, una diputada de buen diálogo con la vicepresidenta y titular del sindicato de trabajadores judiciales (Sitraju). Se trata de un gremio enfrentado al que lidera Julio Piumato y enrolado a la Corriente de Federal de Trabajadores, liderada por el bancario Sergio Palazzo.

La sindicalista preside hoy la comisión de Legislación del Trabajo en Diputados, donde impulsa un proyecto para regular el teletrabajo con aportes de la cartera laboral. Y su figura también es bien vista por el camionero Hugo Moyano, quien al igual que Palazzo nunca consideró a Moroni uno de los suyos.

El otro nombre que comenzó a rodar es el de Mariano Recalde, un hombre ligado a La Cámpora y también cercano a Cristina. Durante el último gobierno kirchnerista, fue presidente de Aerolíneas Argentinas, impulsado por La Cámpora, y es hijo de Héctor Recalde, actual director en YPF y exasesor de la central obrera hasta que rompió con Hugo Moyano para convertirse en un hombre de confianza de la familia Kirchner.

Ahora, dicen en el ámbito sindical, su padre quiere «serrucharle el piso» a Moroni para ubicar al senador. En la CGT asocian esa jugada con las fuertes críticas al Ministerio de Trabajo difundidas esta semana por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), de la que forman parte los Recalde aunque sin integrar la conducción. Desde la entidad presidida por Matías Cremonte, sin embargo, desmienten haber terciado en la interna.

En dicha declaración, los laboralistas apuntaron contra los recientes decretos, resoluciones y procedimientos dispuestos por el Ministerio de Trabajo en «perjuicio» de los trabajadores y «violatorios» de la Constitución. Entre otros, apuntaron contra el artículo 223 bis habilitado por el Gobierno para efectuar suspensiones con reducción salarial y los acuerdos en ese sentido por los gremios siguiendo el pacto UIA-CGT o en forma inidividual a través del SECLO, por lo que le pidieron al ministro que no los homologue.

Los abogados gremiales, por otra parte, tampoco ven bien que la cartera laboral mantenga en segundas líneas a técnicos del macrismo, como la directora de Relaciones Laborales, Gabriela Marcello; que su número dos, Miguel Ángel de Virgilis, haya trabajado en el estudio de abogados contratado por Hernán Lombardi para despedir a 357 trabajadores de Télam; o el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, procedente de la gestión anterior.

Los embates más fuertes contra el el titular de Trabajo estallaron en realidad la semana pasada, cuando Máximo Kirchner lo cuestionó en plena sesión virtual del Congreso por autorizar las suspensiones en Mondelez, luego de que la multinacional se stockeara.

«Equivocadamente el Gobierno le homologó ese acuerdo. Espero que se corrija eso. Yo no tengo problema en decir esas cosas. No me quiero arrepentir de no defender a los que tenemos que defender acá», disparó el hijo de la vicepresidenta. Tal como adelantó iProfesional, la corrección llegó este lunes con el compromiso de la empresa de convocar el 15 de junio a todo el pesonal a trabajar en su planta de Victoria, pero sin modificar el acuerdo sellado con el gremio de la Alimentación, encabezado por Rodolfo Daer.

Cuando las tensiones parecían haberse disipado, el ministro volvió esta semana a ser objeto de críticas, aunque por motivos diferentes. Del lado empresario, vieron con preocupación que considerara «interesante» la propuesta de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos para que el Estado participe de las acciones de las empresas que reciban el salario complementario financiado por la ANSES.

Mientras que en el kirchnerimo explotó la bronca porque el funcionario dijo desconocer los despidos efectuados el lunes por el grupo Techint, pese a la prohibición vigente de las suspensiones y despidos por fuerza mayor, que fue prorrogada por otros dos meses. «No sé si lo van a reemplazar, pero deberían comprarle un clipping para que se entere de los despidos en Techint», dispararon desde La Cámpora.

En Trabajo aseguran que su postura frente al proyecto de Vallejos fue una respuesta para salir del paso antes que un apoyo a la diputada. De hecho, el Ejecutivo salió a despegarse de esa iniciativa en las últimas horas. Y en cuanto a las empresas de primera línea beneficiadas sin atravesar una aparente situación de crisis, el propio ministro aclaró en declaraciones radiales que la prioridad fue acelerar los fondos al sector privado para sostener el empleo y que se utilizaron «pautas objetivas» para definir los beneficiarios.

«Le pegan mal»

«Le estan pegando mal, ahora yo no veo que renuncie, el run run es consecuencua de los diarios», dijo una fuente de la CGT, aunque también vincularon los rumores con una ofensiva kirchnerista para ganar influencia sobre la cartera laboral.

Los ATP fueron creados para cubrir hasta la mitad de los sueldos en las empresas. Según datos oficiales, más de 250.000 firmas con un total de 2,2 millones de trabajadores ya recibieron unos $35.000 millones. Pero el programa quedó en el ojo de la tormenta por los beneficios otorgados a algunas de las 141 firmas con más de 800 empleados.

Por caso, la principal fabricante de pollos del país Granja Tres Arroyos anotó a su personal, pese a que sus plantas trabajaron durante la pandemia. Lo mismo hizo Ledesma, que produjo azúcar durante la cuarentena, y la alimenticia Farm Frites.

Los subsidios también llegaron a la fabricante de neumáticos Fate, del grupo Madanes, luego de intentar aplicar una rebaja del 25%, así como a la cadena McDonald´s y a la principal curtidora del país Sadesa, del hermano de Marcos Galperín.

Así y todo, tanto los empresarios como la CGT coinciden en sostener a Moroni y dudan de que haya margen para su retirada. Hay varios motivos: el ministro cuenta con la ventaja de ser íntimo amigo de Alberto Fernández y de no haber por el momento alguien que reuna igual consenso dentro de la alianza gobernante para reemplezarlo.

«Es 100% Alberto», aseguran quienes lo respaldan. En efecto, el abogado de la UBA mantiene una larga relación personal y política con Fernández, a quien reemplazó en la Superintendencia de Seguros de la Nación en los 90 hasta el 2004. Su carrera continuó como síndico de la Nación entre 2004 y 2007, reemplazó a Sergio Massa en la ANSES en 2007 y presidió la AFIP en 2008.

Más allá de su currículum, el funcionario se convirtió en una pata clave del pacto entre la UIA y la central obrera. Mediante la resolución 397, autorizó la homologación de los acuerdos con los gremios de rebajas salariales de hasta el 25% y de aquellos incluso presentados por las empresas en caso de que el sindicato no haya dado respuesta una vez notificado. Aunque todavia es una incógnita si el entendimiento se extenderá después de mayo, los industriales y los «gordos» tienen pavor a un eventual desembarco de un ministro K.

Esa buena relación con ambos sectores es la que genera fricciones con el kirchnerismo y el sindicalismo más duro encabezado por Moyano, quien rechazó rebajas salariales en su actividad y cuestionó el acuerdo UIA-CGT.

Dentro de ese espacio sindical, se alzaron otras voces en las últimas horas contra el funcionario. «Parece que Moroni quiere que le vaya bien a los empresarios y no a los trabajadores», disparó este viernes el extitular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, quien aseguró que el ministro «solo atiende a los amigos».

Y el gobierno bonaerense también envió una señal esta semana al desmarcarse de la política laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo hizo con dos resoluciones que prevén multas millonarias contra los despidos y reducciones salariales en forma unilateral, un mensaje que también apuntó contra el holding de Paolo Rocca, a quien en su momento se enfrentó Axel Kicillof siendo ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Fuente: iProfesional