Reforma laboral: pese al reclamo sindical y de gobernadores, el Gobierno se mantiene firme con Ganancias
Patricia Bullrich y la reforma laboral: diálogo, pero con límites.
El oficialismo anticipó negociaciones y modificaciones. Pero piensa sostener un punto neurálgico de la iniciativa. Las claves del movimiento.
El Gobierno nacional continúa negociando la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Pero su voluntad está marcada por intransigencia en un punto clave del texto: los cambios en el impuesto a las Ganancias de sociedades, que afectan la recaudación de las provincias y la coparticipación. Un eje que es parte del reclamo de gobernadores y gremios.
El texto que tiene dictamen en el Senado incluye una reducción de las alícuotas de Ganancias para empresas. El tramo intermedio pasaría del 30% al 27% y el superior del 35% al 31,5%. Para los entornos de varios gobernadores y dirigentes sindicales, estos cambios implican una caída de recursos que se traduce en menores ingresos automáticos provenientes de la coparticipación, lo que podría poner en riesgo servicios esenciales en sus distritos.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mostró números. Precisó que el proyecto oficial contempla modificaciones impositivas que implican una pérdida anual de recaudación de $8.149.521.000.000, equivalentes a unos 5.727 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad impactará de manera directa en las finanzas provinciales.
“La eliminación de Ganancias para las grandes empresas y la modificación de otros tributos recorta drásticamente los recursos que se transfieren de forma automática a las provincias”, alertó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar.
Reforma laboral: Los gobernadores muestran dudas y le complican el camino a Javier Milei
Pero este escenario no modifica el plan oficial con respecto a Ganancias y así lo hicieron saber las principales espadas parlamentarias de La Libertad Avanza. Más allá de que Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, había dicho que el oficialismo estaba dispuesto a negociar modificaciones, incluso con la CGT. Todo en el marco de la preparación para el debate parlamentario en sesiones extraordinarias de febrero, con el objetivo de consolidar apoyos para la ley.
Reforma laboral: los argumentos del Gobierno
En Balcarce 50 indican que el proyecto busca estimular el empleo y la inversión privada. Con más trabajo, plantean, la recaudación de cada provincia se incrementará de forma exponencial. Santilli insistió en que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar productividad y atraer inversiones para todos los distritos”, al término de un encuentro con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien se manifestó públicamente dispuesto a acompañar el tratamiento del proyecto.
Esta posición no cayó bien en los mandatarios provinciales. Básicamente porque marcan que la menor recaudación que derivaría de las modificaciones del texto afectará sus arcas, lo que ya generó cuestionamientos desde espacios como Provincias Unidas, que agrupa a mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy. Para este bloque, la propuesta no debería avanzar sin medidas compensatorias que resguarden los ingresos subnacionales.
En paralelo, el sindicalismo vuelve a poner en discusión el contenido de la reforma laboral. Si bien no registra una postura unificada de toda la central obrera, referentes como Abel Furlán (UOM) convocaron a varios gremios a analizar medidas de acción, incluida la posibilidad de una huelga con movilización, como forma de rechazo a los cambios que considera regresivos. Esta convocatoria no tiene el sustento de la CGT, que todavía mantiene prudencia en relación a las medidas de fuerza pese a criticar duramente el proyecto.
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