Flexibilización, salarios congelados y rutas abandonadas: un sindicato alerta sobre el costo de la reforma laboral

Graciela Aleña, la cara de los trabajadores Viales, analizó y denunció los puntos más controversiales del proyecto que el Gobierno pretende sancionar en febrero.

A poco de tres semanas para el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado, cada vez son más los dirigentes sindicales que exhiben su malestar y describen como nociva la iniciativa laboral que Javier Milei busca sancionar en febrero, en sesiones extraordinarias. Una de las voces más críticas del proyecto es Graciela Aleña, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA).

Según la visión de una de las integrantes del consejo directivo de la CGT, el texto no solo flexibiliza derechos históricos, sino que agrava problemas estructurales como el congelamiento salarial y el deterioro de servicios esenciales, como la infraestructura de transporte nacional. También sostuvo que la iniciativa oficial “contempla solo a los patrones, dejando desamparados a los trabajadores”.

Desde el gremio indicaron que la reforma propone limitar el principio más favorable al trabajador y habilitar la renuncia a derechos laborales mediante acuerdos individuales, mecanismos que obligarían a empleados a negociar directamente con los empleadores, sin intervención sindical. Una lógica que retrotrae la relación de trabajo a condiciones propias del siglo XIX, donde los derechos colectivos carecían de protección efectiva.

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La crítica sindical además advierte que algunas de las medidas promovidas por el oficialismo ya se están reflejando en la realidad cotidiana: en el sector vial los sueldos permanecen congelados desde hace más de 13 meses, las paritarias fueron reabiertas recién luego de un fallo de la Cámara del Trabajo que favoreció al sindicato y, en muchos casos, las reuniones con representantes del Gobierno terminaron sin ofertas de aumento.

En paralelo, se señaló que otros trabajadores, como brigadistas que combaten incendios en la Patagonia, cobran en muchos casos salarios por debajo de la línea de pobreza.

Los organismos públicos, en caída libre

Otra dimensión del impacto señalado por Aleña es el desfinanciamiento de organismos públicos clave, como se refleja en la subejecución presupuestaria de Vialidad Nacional y la retención de fondos específicos destinados al mantenimiento de la red vial, incluidos aportes de quienes cargan combustibles. De acuerdo con el Ministerio de Economía, parte de esos recursos están invertidos en letras y plazos fijos, decisión que, para la dirigente sindical, contribuye al estado de abandono de rutas nacionales y pone en riesgo la seguridad de quienes transitan por ellas.

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Otro eje que menciona la representante es que la reforma carece de una intención real de generar empleo formal o mejorar condiciones laborales. Por el contrario, sostienen que la flexibilización propuesta conduce a una “inestabilidad permanente” que dificulta la planificación de la vida laboral y familiar de las y los trabajadores. Aleña subrayó que, lejos de avanzar hacia una mejora del sistema, la iniciativa profundiza la pérdida de derechos conquistados históricamente y desprecia modelos alternativos, como la reducción de la jornada laboral que ya se discute en otros países del mundo.

En conclusión, el análisis de Aleña describe una reforma que, más allá de sus efectos legales hipotéticos, ya impacta en la vida real de los trabajadores a través de salarios congelados, paritarias frustradas y servicios públicos degradados.